Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), viven en Villa Itatí unas 5.500 familias. El barrio se formó hace más de 30 años en Don Bosco, Quilmes, alrededor de una laguna. Por las irregularidades del terreno y la distribución de las casillas parece tener la forma de una olla. Las calles siguen siendo de tierra y la laguna sigue siendo la única fuente de agua. “Toda la situación es muy crítica”, dice Maryluz Mendoza, una de sus vecinas, “pero en los últimos años nos arreglamos para poner cisternas y tanques en las casas, para abrir calles con cemento y empezar a construir espacios comunes”.

Las particularidades de Itatí hacen que la urbanización e integración sea un proceso mucho más largo y complejo que en otros barrios, explica Maryluz, pero nada impide organizarse y acompañar a los barrios vecinos, como lo hace en La Taba o Villa Azul. Ese camino colectivo la tiene hoy como referenta de la Mesa Nacional de Barrios Populares de la UTEP, que este jueves volvió a movilizarse al Congreso para exigir la extensión de la ley que prohíbe los desalojos en villas y asentamientos registrados en el Renabap durante los próximos diez años.

La lucha tuvo sentido, porque el senado finalmente la sancionó. “Para nosotros que se prohíban los desalojos en los barrios populares es fundamental para poder avanzar en las urbanizaciones. Forma parte de un proceso en el que avanzamos estos años, que permitió registrar muchos más barrios y que muchas de las obras las hagan las cooperativas de los propios vecinos. Pero lo más importante es garantiza el derecho al acceso a la Tierra, para que cada familia tenga su espacio donde vivir”, resumió en diálogo con Diagonales minutos antes de ingresar al Senado junto a sus compañeros de la UTEP.

La Ley 27.453, de “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana”, había sido sancionada en 2018, y prohibía desalojar durante 4 años a los más de 4 mil barrios inscriptos hasta ese momento. Ese plazo vencía este sábado 29 de octubre. La Cámara alta aprobó la extensión por diez años más con 64 votos a favor y uno en contra.

A mediados de este mes, Diputados le dio media sanción con 227 votos a favor, 3 abstenciones y sólo 2 en contra. Obtuvo un gran consenso, pero hubo voces críticas en la oposición, especialmente de Patricia Bullrich. “Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilas una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”, twitteó la presidenta del Pro, pese a que la enorme mayoría de los legisladores de su partido habían votado a favor, con la única excepción del rionegrino Francisco Sánchez, el mismo que pidió “pena de muerte” para Cristina Kirchner.

Esa postura le valió a Bullrich un enfrentamiento con María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, del círculo más cercano a Horacio Rodríguez Larreta. “Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de Argentina. La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5 millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad”, le respondió, también vía redes sociales.

"Esta ley y la política de integración urbana fue aprobada con los votos de la gran mayoría de los diputados de todos los bloques y esperamos que en el Senado suceda lo mismo, a pesar de las voces aisladas como la de Patricia Bullrich que quiere correr por derecha a los miembros de su propio bloque. Para garantizar servicios de agua luz y cloacas no debería haber grieta, sino el consenso de toda la política”, opinó Maryluz. “Es importante que la política nacional, acompañe y le dé continuidad a esta política pública, que busca resolver una de las problemáticas más relegada de nuestro país".

"Se trata de consolidar una política pública que no solo surge de los propios afectados, sino que además en los últimos años ha demostrado ser una herramienta fundamental para generar trabajo, inclusión social y el acceso a una vivienda digna. Hoy necesitamos que se haga una evaluación real de nuestra situación y se declare la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares", dijeron por su parte desde el MTE, una de las organizaciones que más impulsaron la ley.