La insistencia del Poder Ejecutivo y la acción del Poder Legislativo podrían terminar con la intervención del Poder Judicial en un conflicto en desarrollo junto a la maratónica sesión de la “Ley Bases” en Diputados. Es que, si la Cámara aprueba el regreso de la última categoría del Impuesto a las Ganancias, Unión por la Patria anunció que acudirá a la Justicia para suspender la restitución del tributo: “Es inconstitucional e ilegítima”. El Gobierno Nacional permanece atento y confía en sus argumentos jurídicos.

Lo cierto es que la iniciativa no tiene los números garantizados: a diferencia de la reflotada, recortada y reformulada ex “Ley Ómnibus” que impulsa el oficialismo, el paquete fiscal, también en tratamiento hoy en el Congreso, no cuenta con el mismo apoyo de parte de la oposición dialoguista. En ese marco, entre los puntos más resistidos por los legisladores adversos a La Libertad Avanza aparecen los cambios a Ganancias, cuya categoría más baja de contribuyentes fue dada de baja con el voto del propio Javier Milei, actual presidente.

No obstante, si la misión legislativa de la administración liberal libertaria termina por tener éxito, el peronismo ya advirtió que judicializará la cuestión por tratarse de un proyecto “ilegal, inconstitucional e ilegítimo”. Así lo afirmó en la previa de la sesión el diputado Sergio Palazzo, quien desde el Parlamento sostuvo: “Los abogados ya están trabajando porque va a ser un impuesto sancionado con el voto de una sola cámara. Así que, entre otros argumentos, este es un argumento de peso”.

Al respecto, el referente gremial del rubro bancario detalló: “Es insólito que una sola cámara sea la que imponga un tributo en la Argentina. Esto es un sistema bicameral, acá no debería estar ni tratándose este tema porque fue rechazado por el Senado”. Junto a ello, el dirigente indicó que “hay muchas organizaciones sindicales que están preparando sus estudios jurídicos para hacer los juicios correspondientes” a la par de la causa que iniciará Unión por la Patria en el caso de que la propuesta resulte sancionada.

Por su parte, la Casa Rosada cree contar con el respaldo jurídico correspondiente para hacerle frente a la denuncia. Su argumento es el artículo 81 de la Constitución Nacional, que apunta que “la cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas”. En criollo, la reglamentación impone un piso de apoyo favorable de dos tercios de los diputados presentes para promulgar la iniciativa – el problema, naturalmente, es conseguir esos votos.