Fue Luiz Razeto, un prolífico pensador chileno, quien a principios de los años ochenta comenzó a desarrollar una teoría de lo que denominó “nueva economía popular solidaria”. Su vuelta del exilio lo encontró con una sociedad que sufría los embates del neoliberalismo y que veía surgir respuestas de organización que se expresaban en múltiples experiencias: “El sujeto de nuestro estudio es un fenómeno social, un proceso histórico, un conjunto de variadas experiencias”, decía en el “preludio” de su libro Economía popular de solidaridad. Identidad y proyecto de una visión integradora (PET, Santiago, 1986).

Trabajadores/as por cuenta propia, microempresas familiares, pequeños grupos o asociaciones de personas que se organizan para la gestión de actividades que buscan resolver sus necesidades de trabajo, alimentación, educación, cuidados, salud, transporte, etc., son parte de la economía popular de solidaridad. Más allá de la escala de su organización y de su capacidad productiva, Razeto identificó cómo el aglutinador del carácter de dichas experiencias, al Factor C: Comunidad, Cooperación, Comensalidad, Colaboración, Colectividad, etc., sobresalen como los atributos que le brindan identidad a las prácticas de la economía popular.

En nuestro país, el concepto tiene una larga tradición vinculada al cooperativismo. Habría que remontarse al pensamiento de Juan B. Justo y la experiencia del Hogar Obrero. Más acá en el tiempo, y a partir de las urgencias vinculadas a las problemáticas del trabajo y de las condiciones de vida de la población, en un contexto de extensión de la desocupación y la pobreza producto de la aplicación de las políticas económicas de los años noventa, surgen un conjunto de experiencias vinculadas al ámbito de la economía social, solidaria y popular. 

Cooperativas, mutuales, organizaciones barriales, de vendedores/as, de consumidores/as, ferias, trabajadores/as que producen y brindan servicios, se ocupan también de cuidar, de educar, de dar de comer, de “hacer comunidad”.

Según datos de la Secretaría de Economía Social perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, publicados en el último informe por el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP),en abril de este año https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/04/informe_-_renatep_-_abril_2022.pdf, hay 1.091.493 personas registradas en la provincia de Buenos Aires, lo que representa el 36% del total de registradas a nivel nacional. Para tener una idea del peso de dichos trabajadores/as en el conjunto del trabajo provincial, podemos decir que los/as asalariados/as privados/as registrados/as alcanzaban a ser 1.894.200 personas. 

En términos de su distribución por rama de actividad a nivel provincial, el 35% se desempeña en servicios socio comunitarios, el 26% en servicios personales, el 11% en el comercio popular y trabajos en espacios públicos, el 8% en construcción e infraestructura socio ambiental, y el resto se reparten en agricultura familiar y campesina; recuperación, reciclado y servicios ambientales; industria manufacturera; y transporte y almacenamiento. Esta distribución puede ser interpretada en dos sentidos, por un lado, a partir de la diversidad de ámbitos en los cuales se desempeñan, y por otro, en el peso que tienen las actividades vinculadas con el “hacer comunidad”.

La economía popular también es política, tiene sus formas de organización y viene construyendo sus ámbitos de representación. Las demandas son múltiples y se pueden pensar como síntesis de la heterogeneidad de las actividades que se llevan a cabo en el sector. Ingresos, condiciones, recursos, reconocimiento. Es, en definitiva, el acceso a derechos lo que nuclea a las diversas organizaciones y expresiones que componen la representación de la economía popular en el plano gremial. Es ahí en donde se juega gran parte del desafío que implica para ellas la construcción de una identidad colectiva en y para el trabajo.