En los últimos años, las nociones de Economía Social y Economía Popular emergieron como categorías nativas presentes discursivamente tanto en el diseño como en la implementación de políticas sociales orientadas a la promoción del empleo y el trabajo asociativo.

Para muchos, el hecho de que se haya construido un discurso hegemónico en el seno del “campo nacional y popular” sobre estos conceptos obliga a la coalición gobernante a desarrollar programas que vayan en esa línea y sintonía, como el Potenciar Trabajo. 

Este es una política social desarrollada por la actual gestión que tiene dos ejes centrales. Por un lado, un eje laboral que, al igual que el Argentina Trabaja implementado desde el 2009, delinea una perspectiva asociativa que divide a los usuarios en cooperativas de trabajo. Si bien ciertamente son escasas las experiencias de funcionamientos de las mismas, dicho modo de organización busca promover que sus miembros compartan las capacitaciones de oficios y la puesta en práctica de lo aprendido en mejoras de infraestructuras territoriales de baja y mediana complejidad. Por otro lado, hay un eje orientado en la terminalidad educativa y en la formación (cuestión heredada de dos políticas sociales previas como el Ellas Hacen y el Hacemos Futuro) que consiste en la participación de capacitaciones vinculadas a oficios asociados a la construcción y también a cursos sobre derechos y cuestiones de género.

Cabe resaltar que, según estudios como el de la Fundación Mediterránea, el Potenciar Trabajo es la política social con mayor presupuesto y mayor cobertura de este gobierno. De acuerdo a datos oficiales, el Potenciar Trabajo alcanzaba hasta agosto del año pasado a 1.131.977, y se cree que ese número se mantuvo estable o pudo haber aumentado levemente.  Por otro lado, con respecto a cuestiones presupuestarias, el estudio de la Fundación Mediterránea estima que este programa representa la mayor parte del gasto social, dado que es la principal erogación en Promoción y Asistencia Social en términos del PBI, superando en general a las políticas alimentarias que ganaron terreno a partir del 2020 con la pandemia, como es el caso de la Tarjeta Alimentar (que es también una política pública insignia de este Gobierno).

Ahora bien, el Potenciar Trabajo (al igual que el Argentina Trabaja) tiene una serie de deficiencias que hay que señalar. En primer lugar, pese a que la retórica discursiva del Gobierno quiera hacerlo ver como una política de ampliación de derechos, es sumamente discutible que se pueda considerar como una política de ampliación de ciudadanía ya que se plantea como un trabajo de pobres para pobres. Consiste, en cierto punto, en un trabajo poco calificado y cuya remuneración está por debajo de la Canasta Básica Alimentaria. 

Otra cuestión a señalar es la contradicción en términos de la concepción de los cooperativistas que forman parte de este programa. Si bien el Gobierno intenta hacerlos ver como trabajadores, prevalece una visión en la sociedad (fomentada en buena medida por los medios de comunicación hegemónicos) de que los beneficiarios de esta clase de planes sociales no son más que “vagos mantenidos con los impuestos de trabajadores honestos”. Es más, se puede afirmar que el trabajo que les asigna el Estado es considerado como una contraprestación poco útil para la sociedad. Se plantea como un trabajo de baja calidad, que se realiza sin experiencia ni conocimiento, sólo para cumplir.

Ya de por sí, esta intervención estatal para buscar solucionar las “fallas del mercado” promoviendo el cooperativismo y la inclusión social recoge falencias previas detectadas en su antecedente más cercano, el Argentina Trabaja. Esta política social impulsada durante la gestión de Alicia Kirchner al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN) nunca logró consolidar una cultura del trabajo (asociado a una tarea sistémica, constante, con horarios fijos y metas de producción). Y esto es un punto importantísimo, dado que se trata en muchos casos de trabajadores que tienen trayectorias de vida ligadas al a informalidad y a los empleos poco calificados.

A su vez, esto se vincula con una de las dificultades más frecuentes, vinculadas a la falta de un sentido organizador de la vida cotidiana, lo cual genera problemas en la posible estructura productiva de la cooperativa y hace redundar el programa (que debería ser una medida central para reducir la pobreza y el desempleo) en algo tan básico como una prestación mínima aportada desde el MDSN. De hecho, diversos estudios académicos demuestran que en muchos casos la flexibilidad y la tolerancia en el incumplimiento de ciertos trámites y contraprestaciones por parte de los cooperativistas sugieren que simplemente se busca evitar la desvinculación de los titulares de esos programas.

Es más, varios trabajos académicos plantean, con una mirada marcadamente crítica, que las interacciones entre el Estado y los movimientos sociales en el marco de la gestión de esta clase de programas reproducen micro-corrupciones ligadas a la forma de distribución de los recursos estatales, enmarcados en una lógica clientelar y marcadamente discrecional con fines políticos, partidarios y electorales.

En suma, podría concluirse que es necesaria una visión superadora de la forma de hacer y pensar las políticas sociales a fin de causar un mayor impacto en la disminución de la pobreza y el desempleo, ampliando la inclusión social y fomentando la integración laboral. En ese marco, será necesario buscar consensos que integren los intereses del Estado, el sector privado, las asociaciones civiles y los movimientos sociales. Poder arribar a acuerdos comunes entre sectores contrapuestos representa sin dudas un gran desafío. En eso, podría decirse, consiste el arte de hacer política social.