Los gobiernos en Argentina han ido empeorando la situación económica del país al mantener una relación destructiva con los sectores productivos, en especial el agro y la ganadería. La administración pública argentina parece tratar a los sectores más importantes de la producción como cajeros automáticos. El conflicto constante con el campo y las últimas veleidades con el dólar soja prueban que el gobierno solo mira a esta área clave de la economía como un enorme cofre del que expropiar vía impuestos y tipos de cambio confiscatorios.

El sector agropecuario representa cerca del 10 % del Producto Interno Bruto de Argentina y cerca del 60 % de las exportaciones, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. El gobierno debería reconocer el enorme valor añadido de este sector que, además continúa invirtiendo a pesar del carácter confiscatorio de las medidas impositivas y cambiarias.

El 61,5% de lo producido por el agro son impuestos, según la misma fundación. Pero es peor, en soja, donde Argentina debe continuar siendo un referente global, el productor argentino paga $90.000 de impuestos por hectárea y además entrega el 70% de la renta agrícola.

No solo es un problema de impuestos muy grave, sino que el estado ahoga a los productores exportadores con un tipo de cambio intervenido y falaz.  Más del 70% de los costes del sector agropecuario están denominados en dólar directa o indirectamente y, sin embargo, cuando exportan les aplican un tipo de cambio falso, intervenido y depredador que el Estado no conseguiría jamás en una transacción internacional. Es decir, el Estado penaliza al sector agropecuario con una carga de casi el 90% sobre lo que vende, ya que el tipo de cambio intervenido es en realidad un impuesto a la exportación, que en sí mismo es una aberración económica en un país que debería ser hoy el granero del mundo y un centro global de atracción de inversión para contrarrestar las dificultades de suministro ante la crisis de la invasión de Ucrania.

El Gobierno debería tener una relación completamente distinta con el sector agropecuario y los exportadores en general. El Estado debería dejar de pensar en el agro como un cajero automático de expolio fiscal y monetario y pensar que es el motor de inversión extranjera y progreso del país. No es normal que la inversión caiga y que Argentina empeore global y nacionalmente cuando este sector debería tener apoyo fiscal y dejarle exportar con tipo de cambio real.

Hoy, Argentina está en una situación muy preocupante. Con una inflación del 7% mensual debería estar pensando en los sectores exportadores como oportunidad de crecimiento, en vez de expoliar lo poco que queda. Es mucho más productivo y beneficioso para el país tener una fiscalidad orientada a aumentar las bases imponibles y atraer inversión para crecer más y exportar mucho más que usar a los productores actuales como rehenes a los que ahogar lentamente.

Argentina tiene todos los ingredientes para ser un referente global en el sector agropecuario. El Gobierno debe eliminar la política de confrontación y confiscación y pasar a una de atracción de inversión mundial y exportación abierta con tipos reales, no intervenidos. 

Se ingresan más dólares en el banco central dejando respirar y crecer a los sectores exportadores que ahogando y confiscando a los pocos que quedan y sobreviven.