En economía (por lo menos para los que tenemos una visión científica de esta disciplina y no abonamos los relatos de pseudo-brujería de la “escuela austriaca”) toda política económica se reduce a quién resulta beneficiado y quién perjudicado, primero en el corto plazo y luego en el mediano-largo.

El actual gobierno ultraderechista dejó muy claro, a lo largo de estos meses, quien pagó el ajuste. No se trató de la llamada “casta” como se pregonaba en la campaña electoral. El déficit cero se logró comprimiendo al extremo los gastos: se pulverizaron salarios públicos (incluyendo docentes, trabajadores de la salud, científicos), jubilaciones, se redujo al mínimo la asistencia social, se congeló la obra pública y las transferencias a las provincias (que, recordemos, sobre ellos recae el grueso del gasto en educación y salud). Cualquier indicador de distribución del ingreso, desocupación, pobreza, indigencia, niveles salariales o jubilatorios muestra, coincidentemente, un derrumbe en contra de la clase trabajadora y los sectores populares en general. La contraparte, las ganancias, o la parte del ingreso que se llevan los deciles más altos, creció a niveles récord. Del lado de los ingresos del estado, la más clara expresión de este ajuste clasista contra los que menos ganan, se vio en la decisión de reponer el impuesto “a las ganancias” contra los salarios, al mismo tiempo que se reducía el impuesto a los ingresos personales, de directo impacto sobre los más ricos.

En síntesis, la respuesta de corto plazo a quién ganó y quién  perdió es clarísima: este gobierno muy claramente juega a favor de los ricos y los grandes empresarios y contra los trabajadores, jubilados y sectores de menos ingresos en general. Las consecuencias en caídas astronómicas del consumo y la facturación terminó afectando también a todo el comercio y la industria que vive del mercado interno, generando un derrumbe general de todos los sectores, con excepción de los directamente vinculados a la exportación.

Avancemos ahora sobre el mediano y largo plazo ¿Este sacrificio tiene algún sentido? ¿Acaso la economía mejorará y eso será beneficioso para los sectores populares en el futuro? Lamentablemente, la respuesta es negativa. Si miramos la ley ómnibus, los planteos de flexibilización laboral, los privilegios del RIGI y las perspectivas generales, el modelo del gobierno de Milei apunta a una economía con menores salarios, más posibilidades de despedir trabajadores, un sistema jubilatorio donde se busca retrasar la edad de ingreso al sistema y se reduzca lo más posible los haberes (liquidando todo régimen especial, como el docente), y la privatización de absolutamente todo (que incluye el cierre de aquello que “no es rentable”, independientemente de su necesidad social). En síntesis, un modelo económico excluyente, de grandes negocios para la exportación y el saqueo, sin ninguna intención de recuperar el mercado interno.

A todo esto, hay que sumarle que nuestro país tiene una impagable deuda externa, con vencimientos enormes de corto y mediano plazo. Por lo que, las políticas de ajuste (ya no déficit cero, sino un creciente superávit fiscal) tienen como objetivo generar ahorros para poder hacer frente a esos pagos. En síntesis, independientemente de si la economía se estabiliza o no en términos inflacionarios (tema que aún está por verse, ya que la política cambiaria es cada día más inconsistente), la política económica de Milei viene siendo fuertemente contraria a los sectores populares, y le vaya bien o mal en términos a sus propios objetivos, su objetivo es profundizar esta distribución de la riqueza a favor de los grandes capitales y en contra del mundo del trabajo.

Evidentemente, se necesita otro programa económico, opuesto por el vértice al actual, donde en vez de priorizar a los acreedores externos, al FMI y a las grandes corporaciones transnacionales, se ponga el centro en resolver las más urgentes necesidades populares: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, educación, salud y vivienda.