El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) ha establecido un contrato electoral en términos económicos con sus votantes que tiene que ver, fundamentalmente, con la implementación de un programa económico ortodoxo que garantice el incremento de los ingresos, la baja de la inflación (ambos objetivos con la dolarización como vía para lograrlos) y el ajuste a la “casta política”. En este sentido, el discurso económico oficialista se caracterizó por establecer un plan de ajuste “bien hecho”, cuyos sacrificios no caerían sobre las clases populares.

Al momento de ejecutar las políticas económicas se verifican ciertas contradicciones con dicho contrato electoral. El 13 de diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido el gobierno de LLA, el ministro de economía anunció una devaluación del 118%, y el establecimiento de un plan de ajuste económico, la cual incidió en fomentar el espiral inflacionario. A esto le siguieron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 aún vigente y los proyectos de Ley Bases (que ha sido aprobada finalmente en mayo del 2024) la cual en sus distintas versiones establece un régimen de desregulación de la economía, un régimen de grandes inversiones (RIGI) y modificaciones en materia laboral.Por lo tanto, el gobierno contó (y cuenta) con herramientas para ejecutar su plan económico.

Según datos oficiales, la economía se contrajo más del 5% para el primer trimestre del 2024 (respecto al mismo trimestre del 2023), en el cual cayeron casi todas las variables (consumo, inversión privada, gasto público e importaciones) menos las exportaciones. Esto se traduce en un incremento en la tasa de desempleo (la cual es de 7,7% para el primer trimestre de 2024); sin embargo, al momento del redactar el presente artículo, hay regiones que presentan tasas de desempleo de dos dígitos. Entonces, los ingresos analizados son (además) alcanzados a menos cantidad de personas.

Respecto a la relación salarios e inflación, se verifica que para todos los meses que lleva el actual Gobierno, los precios aumentan más que proporcionalmente en relación con los ingresos. En función de datos oficiales (disponibles hasta el mes de abril) los salarios registran variaciones acumuladas de 87,1% para el sector privado y de 66,4% para el sector público, ambos para el mes de abril del 2024. Sin embargo, la inflación acumulada es del 106,9% para hasta dicho mismo mes. Según los cálculos para el mes de abril, la pérdida del poder adquisitivo es del 23,9% desde noviembre. Para el momento de escribirse el actual artículo hay salarios reales, en algunas ramas, que ya están por debajo de los niveles del 2002 (como por ejemplo el salario docente universitario). Otro aspecto que atenta contra la recomposición salarial es que el ejecutivo ha mantenido una postura de evitar las homologaciones de paritarias acordadas entre cámaras empresariales y sindicatos, contradiciendo el discurso oficialista ya que no respetan el acuerdo entre particulares.

En relación con las jubilaciones, la movilidad jubilatoria ha quedado muy por debajo de los niveles de la inflación. La jubilación mínima (que tiene un valor de $285.622 si se considera el bono) ha tenido una caída del 6,3% respecto a diciembre del 2023. Por otro lado, el sector informal ha tenido una pérdida del poder adquisitivo durante el 2024 de 35,4% según análisis de los datos oficiales.

Al analizar las causas de la inflación en Argentina se concluye que estas son de carácter estructural, multicausal y que es una expresión de puja distributiva, ya sea entre el capital y el trabajo y fracciones del capital; sin embargo, las políticas de ajuste, de desregulación de los precios y la colosal devaluación, incidieron en los altos niveles de inflación desde la asunción del Gobierno nacional. Pero el Presidente y sus ministros insisten en que la inflación es un fenómeno monetario que se combate reduciendo la emisión monetaria, en busca de un deliberado superávit fiscal. Para esto último, se redujo fuertemente el gasto público, aumentaron impuestos y alícuotas a fin de incrementar la recaudación, al mismo tiempo que se redujeron subsidios y transferencias. Entonces se verifica un marco de políticas fiscales contractivas que buscan reducir la demanda agregada, la cual está compuesta por el consumo, inversión productiva privada y gasto público (entre otras). En este sentido el ingreso personal disponible (es decir el monto que cuentan los residentes para destinar al consumo y al ahorro) se reduce debido, como se mencionó anteriormente, al aumento de los impuestos y a la reducción de las transferencias del Estado, además del deterioro del poder adquisitivo debido a los altos niveles de inflación.

La perspectiva fiscal ortodoxa explicada contiene inconsistencias ya que debido a que el ajuste fiscal afecta a la actividad económica, lo que reduce la recaudación fiscal, lo que hace que (para mantener el virtual superávit fiscal) el ajuste posterior debe ser aún mayor sobre los distintos sectores de la sociedad. Al mismo tiempo, se fortalece un régimen tributario regresivo en el cual no se respeta el principio de reciprocidad ya que aquellos sectores que son beneficiados por el modelo económico establecido pagan menos impuestos, recayendo estos fuertemente en los sectores populares.

Respecto a otras variables macroeconómicas, tampoco se considera la cantidad de ahorro es igual a inversión (si se la supone como cierta) debido al régimen monetario y financiero explicado el 28 de mayo por el ministerio de economía post cierre de la jornada bancaria (pasaje de pasivos remunerados del BCRA al tesoro). Además, ha habido expresiones de miembros del Gobierno nacional afirmando que se espera que las personas se desahorren para mantener los niveles de consumo. En este marco, el Gobierno tampoco consigue financiamiento a pesar de la aprobación del RIGI, el cual reproduce la dependencia hacia las divisas generadas vía agroexportaciones, cuyas cámaras exigen un tipo de cambio más alto. Esta última demanda también es reclamada por el FMI. De responder a estas demandas, se generaría un incremento en los ya altos niveles de inflación.

Con lo analizado hasta aquí no hay evidencia que demuestre que en un plazo considerable se generen las condiciones para una eventual recomposición salarial y de los ingresos en general en este marco de políticas económicas ya que la generación del valor y distribución de este se encuentran anuladas. Las distintas proyecciones publicadas establecen que el segundo semestre continuará la recesión económica (en algunos casos afirman que el segundo semestre será aún peor que el primero). Por otro lado, se verifica que una caída de la demanda agregada no se traduce necesariamente en una reducción y/o estabilización de los precios (según lo que establece la teórica economía convencional). Entonces la pregunta es ¿quién se equivoca? ¿La teoría que no sirve para entender a esta realidad o la realidad que no le hace caso a la teoría? Bueno, la realidad es la única verdad, afirman algunos; mientras que la teoría es lo que creamos los individuos para poder entender a la realidad. Y si la teoría que genera el diagnóstico sobra la realidad a intervenir está equivocada, seguramente las soluciones que se desprenden lógicamente de este también serán equivocadas.