Una propuesta como la que impulsa el candidato más votado en las PASO presenta grandes problemas, entre los cuales se destacan el brutal ajuste que implicaría dolarizar sin dólares y los terribles efectos que tendría, de llegar a hacerse, sobre el aparato productivo y el empleo. Para ello vale la pena repasar brevemente lo que sucedió con el experimento de la Convertibilidad durante los años noventa, similar en sus efectos a lo que sería una dolarización pero sin abandonar del todo la moneda nacional.

La Convertibilidad fue un régimen de tipo de cambio fijo por ley que estuvo vigente entre abril de 1991 y diciembre de 2001, en el cual la cantidad de pesos en circulación quedaba sujeta a la cantidad de divisas que tenía el Banco Central en sus reservas. Ello implicaba la imposibilidad para el Banco Central de emitir moneda sin su consecuente respaldo en dólares, lo que limitaba severamente la política monetaria, pero también la fiscal, ya que la única manera de financiar el déficit público era a través del endeudamiento con el sector privado o con organismos multilaterales de crédito que, paradójicamente, eran la principal causa del déficit debido al pago de intereses de la deuda.

UNA DOLARIZACIÓN SIN DÓLARES

A diferencia de la dolarización –propuesta realizada en su momento por varios de los ex funcionarios menemistas que hoy asesoran a Milei-, la Convertibilidad podía abandonarse si se cambiaba la ley, tal como sucedió el 6 de enero de 2002. Pero no es esta la única diferencia. El contexto de implementación de la Convertibilidad fue muy distinto al actual ya que ésta pudo ser llevada a cabo gracias a los dólares que ingresaron por las privatizaciones de las empresas públicas y, cuando el proceso se agotó, fue sostenida con endeudamiento externo, algo posible porque la Argentina había regularizado su situación con los acreedores a través del Plan Brady gracias a que las propias empresas públicas fueron entregadas en parte de pago de la deuda.

A diferencia de ese entonces, en la actualidad, el Estado argentino casi no cuenta con empresas para privatizar –de allí la insistencia en el discurso contra Aerolíneas Argentinas e YPF, dos de las pocas firmas recuperadas- y tampoco cuenta con acceso al crédito internacional, posibilidad obturada gracias al mega endeudamiento con el FMI en el que incurrió el gobierno de Macri.

El Banco Central cuenta con reservas internacionales netas negativas, con lo cual una dolarización sólo podría llevarse a cabo con una fuertísima devaluación previa, lo cual sería un durísimo golpe para los trabajadores, jubilados y demás perceptores de ingresos fijos. Si bien en principio, la mayoría de los bienes que consumimos mantendrían su valor en dólares, nuestros salarios caerían estrepitosamente medidos en esa moneda. De esta manera, por ejemplo, un salario que hoy en día permite adquirir los bienes y servicios que componen la canasta para no ser considerada una familia pobre (unos $ 250.000 a julio para una familia tipo de cuatro integrantes) pasaría a poder comprar la mitad, un tercio, o incluso menos de dicha canasta. Huelga decir que ello llevaría a niveles mucho más altos la pobreza e indigencia.

DESTRUCCIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO Y MAYOR DESEMPLEO

Suponiendo el caso –inverosímil- de que se consiguieran préstamos que proveyesen los dólares necesarios para hacer una dolarización “ordenada”, en el largo plazo un esquema semejante sólo podría tener éxito en contener la inflación y estabilizar la economía si cristaliza una distribución del ingreso sumamente regresiva. En este sentido, la dolarización en un país como la Argentina, dada su crónica escasez de divisas, solo puede ser sostenida bajando salarios y sometiendo a la mayor parte de su población a un proceso de deterioro y pauperización crónico o, caso contrario, se enfrentaría a una crisis de la balanza de pagos cuyo resultado  sería… Un deterioro y pauperización de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Ya sea el caso de que el gobierno dolarizador consiga un gigantesco préstamo para llevar adelante esta política o no, el resultado final sería el mismo, solo que en el primer caso sería una lenta agonía y en el segundo un abrupto shock. Es difícil pensar que la mayor parte de la población argentina, y especialmente los trabajadores organizados, aceptarán mansamente un recorte tan brutal en sus ingresos sin reclamar por aumentos salariales, de jubilaciones, etc. La primera respuesta será sin duda represiva, pero si se procura mantener un mínimo estado de derecho democrático, es probable que la resistencia social logre cierta recuperación de los ingresos. En dicho caso, la situación terminaría deviniendo en una nueva crisis del sector externo porque una medida como la dolarización no genera por sí misma cambios estructurales que mejoren la competitividad de la economía local más allá de la reducción del costo laboral. En dicho marco, una recuperación de los salarios sin mejoras en la productividad significativas haría menos competitiva la producción local que, sin posibilidad de apelar al mecanismo cambiario, se vería desplazada por las importaciones.

Se podría contra argumentar que la implementación de la Convertibilidad generó un incremento de la productividad importante. Si bien esto es parcialmente cierto, deben analizarse cuáles fueron las causas y consecuencias de este aumento de la productividad, ya que este no se debió a un mayor desarrollo tecnológico y/oa una mejora sustantiva en la organización de la producción sino a dos procesos concomitantes: por un lado, a una mayor explotación laboral que implicó aumentos en los tiempos y ritmos de trabajo sin compensación monetaria equivalente hacia los trabajadores y, por otro lado, la desaparición de miles de empresas, mayormente –aunque no exclusivamente- pequeñas y medianas, que no pudieron sostenerse frente a la apertura comercial y el abaratamiento de las importaciones que implicó el régimen de tipo de cambio fijo.

La Convertibilidad, al abaratar las importaciones y encarecer la producción manufacturera local, condujo a un déficit comercial crónico que solo pudo ser solventado temporalmente a través del endeudamiento externo, que a su vez agravó la situación de la cuenta corriente a través de la creciente carga de intereses. De allí que cuando se cortaron los flujos de financiamiento externo quedara en evidencia la insustentabilidad del esquema de Convertibilidad, con la proliferación de cuasimonedas provinciales y nacionales (Patacones, Lecop, Lecor, etc.), la confiscación de los depósitos de los ahorristas (“corralito bancario”) y el default de la deuda pública. El experimento de la Convertibilidad terminó con miles de desocupados organizados cortando calles y rutas, empresas abandonadas por sus dueños y recuperadas por sus trabajadores, el resurgimiento del trueque como forma de abastecerse de bienes esenciales, masivas movilizaciones espontáneas y cuatro presidentes en diez días.