La opinión pública es inimpugnable
Sobre el Juicio a Fernando Baez Sosa
En la apertura del alegato de la defensa, el único abogado de los rugbiers buscó impugnar a la opinión pública. La condena social que impuso la opinión pública fue, a su entender, desproporcionada en tanto sometió a sus defendidos a muchas situaciones de injusticia a la espera de justicia. En el alegato, el abogado condenó a la opinión pública por desmesurada, parcial, arbitraria, sesgada, etc. y pidió- ¿cómo pena para la opinión pública?- que no se la tuviera en cuenta en el debate final del tribunal. Apuntó a la espectacularización del caso, y con ello sostuvo que no solo los medios condicionaron a la opinión pública sino que además se “contaminó” la memoria de testigos y los juicios de los peritos. La opinión pública entonces fue introducida en el juicio como un elemento pretendidamente negativo y se solicitó que no sea parte de las consideraciones que contemple el tribunal. Introduciendo esta impugnación de la opinión de muchos se buscó favorecer, en alguna medida, la situación de los rugbiers.
Con argumentos escépticos el abogado intentó dar cuenta de que nada de lo que estaba en la acusación terminó por demostrarse y además, por otro lado, señaló que había habido incongruencias que invalidaban el procedimiento de la justicia. Sacando de lado la cuestión formal sobre el principio de congruencia que puede ser una vía razonable aunque discutible, me gustaría pronunciarme sobre un punto que sostenía con mucha fuerza la estrategia de la defensa en relación con la impugnación de la opinión pública. Allí se presuponía que es ciertamente erróneo que se tomen en cuenta descripciones fácticas teñidas de valoraciones pues estas tiñen la correcta interpretación del hecho. Y como la opinión pública hacía esto, debía desconocersela. Sostenía que la observación fría y neutral debía acreditar cuál fue la patada que mató a Fernando Baez Sosa y que esto debería darse sin hablar de la crueldad grupal ni de identidades que tenían a la violencia como factor constituyente de su masculinidad. Nada más falso.
Como una gota en el mar de la opinión pública, debo decir que aquí la opinión pública no puede ser apartada de la deliberación de los jueces. Las cámaras de los testigos de aquella noche nos han traído, a Usted lector y a mí lector, el macabro hecho que conjuga juventud, dehumanización, clasismo, masculinidades tóxicas y muerte en una noche de verano. ¿Diría Usted que fue influenciado por algún medio para sentir dolor por el sometimiento al que era expuesto un joven? La opinión pública puede ser influencia en muchos casos pero este no es el caso. No hay sutiles mecanismos para sentir una determinada y pensar en algo negativo a través de los videos que se dieron a conocer. Nos hace sentir mal y se condena el hecho sin que intervengan otros factores. Vemos y valoramos un hecho simple y concreto. ¿Se puede ver sin valorar como pretende el abogado? ¿Cómo sería ver sin valorar? ¿Quién puede hacerlo? ¿Puede alguna persona ver la golpiza de muchos contra uno solo tirado sin introducir un valor moral- en particular asco moral? Esa valoración instintiva, básica, difícil de negar y propia de nuestra condición humana ¿descredita que podamos pensar qué estamos viendo? Efectivamente, la respuesta es no.
Hasta el próximo 6 de Febrero no sabremos cuál es la sentencia y con el respeto que se merecen quienes conocen y estudiaron cada parte de la causa entiendo imprudente que nos pronunciemos al respecto, no somos jueces. Ahora bien, esa prudente distancia en relación al proceso en general no nos impide decir algunas cosas, la primera, que no puede haber justicia de espalda a la opinión pública; en segundo lugar, que no se puede cuestionar aquello que ve y siente la opinión pública cuando observa esa golpiza mortal que se eternizó en videos - solo se puede dudar de la opinión pública desde la absurda posición que sostiene que ese hecho debe ser procesado sin valoración-; y por último, que la opinión pública no “caducó”, no puede ni debe ser descartada en la búsqueda de la justicia cuando desde ella se trazan parámetros claros de la moralidad pública. Que sea justicia.