El lunes 22 de agosto, manifestantes a favor y en contra de la vicepresidenta de la Nación se movilizaron hacia su casa en el día en que la Fiscalía pidió que la condenen a 12 años de cárcel en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. De acuerdo con información periodística, la policía de la Ciudad de Buenos Aires armó un cordón de efectivos para mantener separados a ambos bandos. La manifestación se prolongó en forma pacífica a lo largo de varios días y, ante el número creciente de los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso vallas frente al domicilio de la Vicepresidenta en el barrio de Recoleta, donde estableció un operativo de seguridad con guardia de infantería y carros hidrantes. A partir de entonces se desencadenaron una serie de incidentes incluyendo forcejeos, corridas y el uso de gases lacrimógenos. En algunos medios apareció la palabra represión.

Las manifestaciones de apoyo a la Vicepresidenta por parte de pocos centenares de simpatizantes el lunes, para el sábado se había convertido en una situación de potencial beligerancia donde los militantes estuvieron cerca de escalar el enfrentamiento. La magnitud de los hechos llevó a la Vicepresidenta a comparar los sucesos en Recoleta con la crisis de 2001 que culminaron con docenas de muertos y la renuncia del Presidente De La Rúa.  Ahora bien, ¿qué es reprimir en el contexto de una manifestación? ¿Quién decide reprimir una manifestación pública?

La represión de las protestas puede alcanzar distintas formas y grados de severidad. Desde la presencia policial con vallas, carros hidrantes y otros despliegues de fuerza, pasando por detenciones a manifestantes hasta el uso de la fuerza física y armas de fuego. Desde la sociología política se entiende que la represión es una herramienta para estabilizar y mantener el orden; es una forma de prevenir y disminuir los desafíos al poder político (y otros poderes). El des-orden puede ser iniciado por manifestantes pero también por provocadores con intencionalidad política.

En nuestro país, desde el retorno a la democracia en 1983 y dadas las interacciones entre los manifestantes y la policía, hay ciertas características de las movilizaciones que se espera resulten en diferentes grados de represión, según: el nivel de violencia y disrupción, la intensidad del conflicto, la variedad de estrategias de protesta, el número de participantes y las características propias de quienes se movilizan y con qué objetivo. En varias ocasiones las represiones culminaron con heridos e incluso asesinatos de manifestantes en manos de las fuerzas de seguridad. En este sentido, cuanto más amenazante se percibe una movilización o una protesta, más probable es que (esa manifestación) constituya el blanco del control policial. Ahora bien, ¿por qué en algunas manifestaciones hay más represión que en otras?

La decisión respecto a cuánto, cómo, qué y dónde reprimir está atravesada por esa sensación de amenaza que presenta la manifestación y directivas que surgen del gobierno en interacción con funcionarios de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Es decir, qué hace la policía en una manifestación depende de decisiones que toman políticos, jueces y jefes policiales. La fuerza de seguridad puede tener mayor o menor discrecionalidad en un contexto determinado pero las decisiones sobre su accionar dependen de negociaciones, intereses propios y la evaluación de la situación contextual de la manifestación.

"Decidimos poner un vallado y reforzar la presencia policial en el barrio con tres objetivos: garantizar el orden público, la paz social y la convivencia entre los argentinos", explicó el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Desde su perspectiva, las vallas cumplirían el objetivo de evitar el desorden y mantener la seguridad del Estado, acorde a los reclamos de los ciudadanos de la zona. La Vicepresidenta, en cambio, expresó en una carta:”Las vallas colocadas por el Sr. Larreta son algo más que impedir la libre circulación… Quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial”. De este modo, Cristina Fernández de Kirchner vinculó el vallado a limitaciones a las manifestaciones y expresiones populares diferenciándose del gobierno de la Ciudad y también apelando a sus seguidores.

La decisión de reprimir una manifestación tiene costos y beneficios que varían según el contexto. No es lo mismo el vallado y despliegue policial frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner antes que después de las manifestaciones y convocatorias en su apoyo. De haberse instalado antes, quizás no eran noticia. Hoy, el vallado en Recoleta está atravesado por disputas políticas entre el ejecutivo de la Nación y la Ciudad, diferencias al interior del partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, responsabilidades entre fuerzas policiales locales y federales y emerge su potencial uso como proclama con fines electorales.   

Las diferencias políticas y tensiones entre quienes gobiernan la Ciudad de Buenos Aires y el Ejecutivo nacional resultan en quiebres que se materializan en la calle como los que vimos el sábado en Recoleta. En los próximos días seguirán las disputas por el espacio callejero, pero siempre el desenlace será resultado de las interacciones políticas.