En la década de los 80´ la ciencia política vivió un intenso debate respecto de los sistemas de gobierno. El académico español, Juan Linz, entendía que el presidencialismo tenía ciertas particularidades que lo hacían proclive a las quiebras democráticas. Principalmente, señaló dos problemas: el mandato fijo y la doble legitimidad popular del gobierno. Años después se dispusieron una serie de reformas institucionales con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema presidencial. Entre ellas, destacan el acortamiento de los mandatos, la posibilidad de reelección y el incremento de los poderes constitucionales en manos del Poder Ejecutivo. En este último grupo aparece el decreto como una herramienta que permite a los presidentes marcar agenda y sortear escenarios en los cuales cuentan con escaso apoyo legislativo.

El flamante gobierno de Javier Milei sin dudas se encuentra bajo este último tipo.  Por este motivo, tiene sentido que haya utilizado la vía del decreto para poder modificar la realidad y crear las condiciones para la implementación de su plan de gobierno. Cabe destacar que en la República Argentina y a diferencia de otros países, si el Congreso no ratifica o rechaza el decreto emitido por el Poder Ejecutivo, su validez se mantiene hasta que esto suceda. Esta peculiaridad habilita a que los presidentes minoritarios puedan mantener el rumbo del gobierno más allá de los posibles reveses legislativos evitando el quórum en las Cámaras.

Dejando de lado la cuestión más académica, emerge una pregunta clave ¿el DNU se estableció bajo un contexto de enfrentamiento con el Poder Legislativo? Claramente no; o al menos, no en forma directa y abierta tras el corto tiempo de su presentación. En este sentido, la jugada del presidente no fue con la intención de sortear el inmovilismo institucional. Entonces, ¿Por qué un DNU? Posiblemente la cuestión pase por el deseo de establecer agenda y marcar el rumbo al Poder Legislativo hacia donde orientar las acciones.

Bajo esta perspectiva, la iniciativa de Milei cobra peso político y también puede ser leída como una advertencia política. Una semana después del decreto 70/23, el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocida como “Ley Ómnibus”. El proyecto es un pilar para la implementación del Plan de Gobierno. De aquí, que el antecedente del decreto del 20 de diciembre puede interpretarse como una señal de avanzar con las reformas más allá del Congreso en caso de hostilidad. Una estrategia similar esbozó Carlos Menem luego de la derrota legislativa de 1997. El problema inherente a esta jugada son los límites constitucionales a los decretos presidenciales, en cuanto a las áreas y temáticas susceptibles de abarcar.

¿Qué sucedería si el Poder Legislativo rechaza el DNU o decide no acompañar in toto la ley ómnibus?  Considerando que la administración Milei lleva poco más de un mes de asumir y teniendo en cuenta su retórica, los obstáculos legislativos podrían presentarse frente a la población como un intento de “la casta” de mantener el status quo y no querer perder sus privilegios. Así, los argentinos de bien quedarían nuevamente defraudados por una clase dirigente desconectada de sus representados. Vale recordar que durante la extensa campaña presidencial, Javier Milei nunca ocultó cuáles serían sus medidas de gobierno en caso de ganar. En este sentido, varios de los que apoyaron al candidato de la Libertad Avanza en la segunda vuelta, están a favor con todas o algunas de las disposiciones contenidas en la ley ómnibus y el decreto.

La cercanía de ambas iniciativas también tiene otra forma de exponer al Legislativo frente a la ciudadanía. El llamado a Sesiones Extraordinarias para finales de enero obliga a los legisladores a estudiar las iniciativas, pensar alternativas viables o bien desarrollar una estrategia discursiva para sostener la negativa al proyecto. Este último punto es el más relevante aunque parezca trivial, dada la imagen positiva del gobierno y el hartazgo de los votantes.

En los años 60´ el sindicalista Augusto Vandor, desplegó una estrategia conocida como “pegar para negociar”. ¿En qué consistía? En resumidas cuentas, se tomaba una medida de fuerza (o la amenaza de la misma) en vistas de obligar a la contraparte a negociar. Bajo esta perspectiva, el abultado número de artículos tanto del decreto como del proyecto de ley, podrían interpretarse como un intento de negociación con la oposición de algunos artículos a cambio de sostener los pilares de las iniciativas. La intransigencia de los halcones libertarios potencia aún más esta posibilidad. Incluso, artículos que afectan las economías provinciales pueden haberse puesto a propósito con el fin de ceder algo a cambio del apoyo de los gobernadores y con ello, el aval legislativo. El problema estriba en la existencia misma de la vocación negociadora. Aquí se abre otro frente de análisis.

Dejando de lado los enfrentamientos entre poderes y la búsqueda de acuerdos entre el oficialismo y la oposición, la jugada de Javier Milei resalta sus rasgos populistas y delegativos. Una de las pocas características en las cuales los distintos cientistas sociales acuerdan respecto del populismo, es su oposición a la democracia liberal. La democracia liberal se caracteriza por la defensa de los derechos y libertades de todos los individuos, principalmente de las minorías. La retórica oficialista utiliza el 56% de votos obtenidos en el ballotage como plafón para imponer sus medidas. Empero, este argumento es sólo una ilusión puesto que en la primera vuelta los votos obtenidos por el candidato libertario alcanzaron el 30% y la cifra recién ascendió en la instancia de segunda vuelta, donde el electorado debía optar solamente entre dos alternativas. Al mismo tiempo, y aquí viene el elemento liberal, existe un 46% del electorado que no voto por este gobierno y al cual se le deben respetar sus derechos y voliciones.

La derogación de leyes por decreto implica una negación del dialogo con los otros y la búsqueda de consensos. Esto revela un carácter mayoritario típico de las democracias populistas. La confrontación con otros sectores puede ser una estrategia útil pero limitada. En general, los presidentes que han empleado este camino para superar sus diferencias frente al Poder Legislativo fracasaron y terminaron negociando o renunciando.

Una última reflexión. Es llamativo el silencio de varios sectores de la sociedad que otrora se denominaban guardianes de la república, frente al ímpetu mayoritario e intransigente que intenta el gobierno de Javier Milei. En este sentido cabe preguntar ¿Qué hubiese pasado si Sergio Massa hubiese derogado varias leyes por decreto y alterado el alcance de varios derechos consagrados? La respuesta iría acompañada de ruido a cacerola.