El gobierno de Javier Milei aspira a modificar las reglas electorales en un año electoral, quebrantando un principio tácito en la materia, respetado a lo largo de los años. Así, de modo arbitrario y unilateral, busca eliminar la normativa y los mecanismos institucionales que, paradójicamente, le posibilitaron llegar al poder.

En 2025 tendrán lugar los comicios legislativos de medio término, en los que se renovará la mitad de la Cámara de diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas), a nivel nacional, además del recambio parcial en las legislaturas provinciales de los 24 distritos argentinos. Este año electoral, que comienza de modo vertiginoso con abruptos movimientos en los distintos niveles del tablero político, aparece atravesado por un debate sobre la continuidad o alteración de las reglas de juego electoral vigentes.

Cabe señalar que las elecciones legislativas de medio término o de renovación parcial (excepcionales en el mundo) constituyen la ocasión en la que las seccionales provinciales de los partidos movilizan sus aparatos y ponen en juego sus recursos para ampliar sus bases electorales, con predominio de las agendas locales. Aunque también es cierto que, con frecuencia, los ejecutivos nacionales plantean estos comicios como un plebiscito a la gestión presidencial. Este es el caso del proceso eleccionario de 2025, que está cruzado por las perspectivas sobre la política económica nacional y por la propagación de la idea de que LLA va a consolidar su apoyo electoral y ampliar su presencia institucional, proyectándose con auspiciosas chances para -un aún muy lejano- 2027. No obstante, no hay que dejar pasar el hecho de que, en los últimos 15 años,ninguno de los comicios legislativos de medio término (2009; 2013; 2017; 2021) ha sido un eficaz predictor de las elecciones presidenciales subsiguientes.

En la antesala del proceso eleccionario de este año, el Gobierno nacional procura convocar a sesiones legislativas extraordinarias entre fines de enero y mediados de febrero (aunque aún no está definida la fecha exacta), con el objeto de aprobar ciertos proyectos, antes de la apertura de sesiones ordinarias. Entre ellos, se encuentra la eliminación del régimen de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), con todo lo que este contiene, como ser el esquema publicitario y el financiamiento extra para campañas electorales.

Antes de abordar la cuestión específica, resulta conveniente efectuar una breve referencia histórica: las PASO constituyen uno de los elementos centrales de la ley Nro. 26.571, sancionada en 2009, con la finalidad explícita de recuperar el rol central de la política, democratizar las estructuras partidarias y tornar más representativo el sistema institucional nacional.

Así, pese a que, para un importante sector de la literatura académica, esta normativa electoral había logrado algunos de sus propósitos, lo cierto es que su última implementación ha derivado en la consagración como presidente de un outsider con escaso apego democrático, una violenta retórica anti-política y rasgos autoritarios. Como corolario, hoy en día nos encontramos ante la paradójica situación de estar discutiendo un proyecto de reforma de las instituciones del Estado, propuesto por alguien que se autodenomina como un topo que quiere destruir al Estado desde adentro.

Volviendo al contenido de la iniciativa presentada, hay que decir que se trata del proyecto que anunció el vocero Manuel Adorni en noviembre pasado, cuyos ejes y objetivos trazados, sintéticamente serían: reducir los costos de la política, en consonancia con las medidas de austeridad fiscal implementadas por el gobierno, y terminar con los partidos flash, “sellos de goma” y “PYMEs políticas” alquilables al mejor postor.

Luego de un mes y medio de vaguedades y cuestionamientos respecto de la pertinencia de tratar un proyecto de reforma política en 2025 -algo que contradice el principio tácito de que las reglas electorales no se modifican durante un año electoral- se volvió a reflotar el tema.

En el interín, los ejecutivos provinciales han avanzado con jugadas políticas propias, desdoblando los comicios locales de los nacionales, con el objeto de primerear al Gobierno de Milei en aras de quedar inmunes de la aparentemente altísima aprobación presidencial. Resulta evidente que estas decisiones se sustentan en la creencia -carente de un sustrato sólido, hay que decir- de que el innatamente volátil humor de la opinión pública se mantendrá inalterado o que incluso, la popularidad del presidente se incrementará con el correr de los meses.

Así, en cinco distritos se anunció el desdoblamiento electoral: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Salta, San Luis y Santa Fe. En el primer caso, además de adelantar los comicios porteños al 6 de julio (un mes y medio después de las fechas estipuladas para establecer alianzas y para cerrar las listas que competirán en las PASO nacionales), el mandatario capitalino Jorge Macri resolvió mandar una ley a la Legislatura porteña para suspender las PASO en el distrito.

Esta jugada pareció abrir una ventana de oportunidad para que el Gobierno de Milei propusiera hacer lo propio a nivel nacional. Es decir, si el PRO aprobara la suspensión de las PASO locales, le sería difícil argumentar la negativa de replicar esa iniciativa a nivel nacional. A partir de allí, se barajó la posibilidad de que el oficialismo nacional comenzara tratativas con aliados “dialoguistas” (o también llamados colaboracionistas)-principalmente con los del PRO- y con el kirchnerismo/peronismo para avanzar en la suspensión de las PASO nacionales (de no ser posible su opción de máxima que era la derogación o eliminación de estas).

Sin embargo, al retomar la cuestión, el gobierno -a partir de la estratagema armada por Javier Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo- se mostró fiel a su estilo intransigente e impositivo, sosteniendo que no había chances de discutir la suspensión circunstancial de las PASO, sino que se apuntaba directamente a la eliminación total del régimen. Un leitmotiv conocido: es todo o es nada.

A la vez, desde el gobierno nacional se especula con la idea de que sin PASO este año (algo que se conseguiría de todos modos con su mera suspensión), el cierre de listas a competir en las elecciones legislativas nacionales tendría lugar después de los comicios porteños, una vez conocidos los guarismos y la distribución de apoyos resultantes. Se da por descontado que un fracaso del PRO en CABA-su cuna natal y bastión territorial-produciría un éxodo masivo de cuadros y dirigentes afines, lo cual le posibilitaría a LLA concentrar sin ambages el voto de derecha y centro derecha en las elecciones nacionales del 26 de octubre, al tiempo que le permitiría continuar con su estrategia inicial, prescindiendo de las alianzas y manteniendo la pureza en las nóminas, integradas por miembros exiliados del PRO y acogidos luego por el espacio oficialista.

Paradójicamente, se procura eliminar a las PASO para lograr tal menester, cuando ha sido la legislación existente la que facilitó la configuración de este esquema de acuerdos lábiles y apoyos tangenciales. A esto se agrega que las lecturas forzadas y excesivamente optimistas de los efectos de la regla han constituido uno de los múltiples factores que impidieron, a su turno, prever el triunfo de Milei.

En este punto es imprescindible recalcar que no sólo se ha realizado una caracterización errónea sobre los efectos concretos de las PASO, sino que también ha habido una identificación apresurada y desatinada respecto de los presuntos ganadores y perdedores –o beneficiarios y damnificados- de la implementación del instrumento.

En ese sentido, LLA como coalición, es producto de la legislación electoral vigente (que permitió el anexo de una multiplicidad de PyMEs electorales a lo largo y ancho del país), al tiempo que el presunto éxito y consolidación de esta fuerza política es la evidencia más palmaria del fracaso de aquella legislación. Esto es así, porque con la Ley 26.571 se buscaba la conformación de coaliciones consistentes y representativas y se procuraba promover la cohesión, forzando a los actores políticos a mantenerse dentro de las mismas estructuras partidarias/coalicionales durante todo el proceso eleccionario; aspirando como opción de máxima lograr la institucionalización de las alianzas y el establecimiento de confederaciones de partidos sólidas y duraderas.

Por el contrario, desde octubre de 2023, LLA ha forjado coaliciones de facto, primero en el plano electoral (con la adhesión explícita del macrismo de cara al balotaje) y luego en el ámbito gubernamental (con la incorporación de funcionarios del PRO y con la rúbrica de acuerdos legislativos espurios que le otorgaron estabilidad institucional a lo largo del año). En paralelo, se emprendió la construcción de un partido político creado desde el poder del Estado, liderado por la advenediza hermana presidencial, con el cual se aspira a galvanizar el núcleo duro propiamente libertario, nutriéndose del proceso de centrifugación y desmembramiento de las fuerzas políticas que habían brindado su apoyo a la coalición originaria.

A su vez, la interpretación errónea sobre los efectos de las PASO arriba mencionada también aplica a los sectores que pugnan por su mantenimiento, en el entendido de que estas “les sirven”. Efectivamente, otro de los mitos que se repiten hasta el hartazgo es que las PASO constituyen una herramienta de ordenamiento interno para las fuerzas que no están en el poder o que carecen de un liderazgo indiscutido; cuando tras la última elección, ha quedado diáfanamente expuesto que el ordenamiento preelectoral de nada sirve si prontamente deviene desordenamiento postelectoral.

A esto se agrega que, en la actualidad, también hay proyectos presentados por opositores “dialoguistas” para realizar ajustes, reemplazando a las PASO por las PAS (primarias abiertas simultáneas y no obligatorias). De todos modos, en ningún momento se desarrolló un debate serio sobre las consecuencias de la no obligatoriedad en primarias (sobre lo cual existe suficiente evidencia empírica a nivel regional), que ¡ojo! no necesariamente son más perjudiciales que las que produce la obligatoriedad, pero que no obstante deben ser consideradas en la discusión.

Con respecto a los fundamentos de índole presupuestario para la eliminación de las PASO, en realidad, la cuestión no residiría en los costos en abstracto, sino en la relación entre costos de la implementación de la regla y beneficios obtenidos con ella. En consecuencia, el problema radica en que los altos costos de las PASO claramente no han sido amortizados por la conformación de una matriz política más ordenada, más democrática ni más representativa, como se pretendía en sus orígenes.

Hasta ahora ha habido cierto consenso generalizado respecto de que la ley electoral de 2009 no había conseguido sus propósitos, en términos de democratización de las estructuras partidarias. No obstante, siguen alzándose voces profiriendo que, pese al déficit recién señalado, con esta regla se había conseguido ordenar y racionalizar el régimen de partidos, a raíz de la configuración de un esquema bicoalicional presuntamente estable y funcional. Sin embargo, lo cierto es que las PASO también han incumplido con este último cometido, lo cual queda ilustrado a partir de la naturalidad con la que la centroderecha se convirtió en derecha extrema y de la dilución absoluta de un centro/centroizquierda no peronista. Consiguientemente, la consolidación de la extrema derecha no es producto de su moderación (ni de su facilidad para la infiltración, como había presagiado Macri en aquel lejano octubre), sino, por el contrario, de la radicalización de la derecha mainstream y de su pulsión a la normalización política.

En suma, respecto a este punto, podemos concluir que la normativa que incluye a las PASO ha terminado por dar a luz -a partir de una lógica de acumulación política y construcción de apoyos caótica y forzada- a un presidente que descree en la democracia y que ama ser un destructivo topo dentro del Estado. En realidad, más que destruirlo, Milei está dispuesto a utilizar todos los resortes del Estado en aras de generar un andamiaje institucional funcional a sus aspiraciones de poder, orientadas a la construcción de una sociedad con una mayoría de argentinos pobres (muchos de los cuales todavía creen en la promesa de sacrificio presente e hipotético bienestar futuro) y una minoría de argentinos ricos (quienes gozan de un bienestar presente, usufructuando el sacrificio ajeno).

En síntesis, aquí hemos querido resaltar dos cuestiones clave: por un lado, por más que las PASO hayan generado más perjuicios que beneficios, su derogación no puede ser tratada en un año electoral. La discusión sobre las reglas electorales requiere tiempo de elaboración y confrontación de visiones alternativas, con base en la evidencia regional y planetaria y no puede ser abordada de un modo superficial en el marco de una coyuntura electoral en la que prima la búsqueda de obtención de réditos políticos inmediatos. Por otro lado, más allá de cómo concluya efectivamente la discusión sobre la normativa electoral a implementase en 2025, lo que se impone en este contexto es cortarle el PASO al topo libertario y a su avanzada de destrucción masiva. Y no solo en las urnas, sino también -y principalmente- en las calles.