Hace algunas pocas semanas, el Gobierno oficializó la creación del Programa “Puente al Empleo”, el cual busca transformar de forma gradual los planes sociales en empleo formal y que entrará en vigencia el próximo 1 de octubre en el marco de un conjunto de medidas que buscan el “fortalecimiento” del campo laboral.

En declaraciones radiales, el ministro Zabaleta había anunciado que van a “crear programas que amplían y dan fortaleza a una política que se viene profundizando desde el año pasado para generar puestos de trabajo”. Además, afirmó que van a “seguir acompañando las políticas para fortalecer la creación de empleo”. Más allá de la loable intencionalidad de reducir el desempleo y la acertada decisión de combatir la pobreza con trabajo, lo cierto es que las declaraciones de Zabaleta muestran un claro desconocimiento de los programas utilizados durante la gestión de Cambiemos (2015-2019).

Particularmente, a partir del 2017 se lanzó en la gestión anterior una política excesivamente similar (casi idéntica al “Puente al Empleo”), denominada en su momento “Programa de Inserción Laboral” (PIL), pero conocido popularmente como “Plan Empalme”. El objetivo de este programa se basaba en “promover la incorporación de trabajadores en empleos de calidad y/o mejora de sus condiciones de empleo, mediante la asignación de su salario por los empleadores (Resolución Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1308-E-2017).

Con respecto al funcionamiento de este programa, es muy similar (por no decir igual) a lo planteado por Massa y su flamante “Puente al Empleo”. El “Plan Empalme” consistía en lo siguiente: si el beneficiario del plan social de ese entonces (Hacemos Futuro) accedía a un empleo registrado, podía seguir percibiendo el monto correspondiente al programa como parte del salario durante un año. De esta forma, el Gobierno nacional pretendía “empalmar” en el mercado laboral a beneficiarios de programas focalizados del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo, generando un incentivo económico al empleador mediante el subsidio de una parte del salario por parte del Estado.

Ahora bien, lo que hay que destacar es la falta de éxito del programa. Según se detalla en el informe de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2015-2019), en el marco de una población estimada de 235 mil beneficiarios, hasta diciembre del 2019 se registraban unas 12.500 personas que lograron mantener su trabajo durante doce meses en el sector privado formal. Es decir, menos del 10% en dos años. Si bien es cierto que 2018 y 2019 son años en donde hubo estancamiento y recesión y la clave para que crezca el empleo es que haya crecimiento económico, también es cierto que durante 2018 y 2019 se implementó un “ajuste” del gasto público para reducir el déficit fiscal.

De esta manera, es fácil vislumbrar que la actual gestión del Frente de Todos pretende implementar una medida similar a la de Cambiemos, aunque con otra nomenclatura, en un contexto relativamente similar de ajuste del gasto público y reducción del déficit fiscal. Ahora bien, la pregunta que debe hacerse es ¿Por qué vamos a esperar resultados diferentes si la población es la misma, el contexto es similar y el diseño del programa y sus objetivos son casi idénticos? No conformes con este error de diseño, los funcionarios del Gobierno Nacional emiten errores discursivos, mostrando su desconocimiento y su falta de estudio sobre los programas precedentes. De haber tenido un conocimiento cabal sobre los programas de la gestión de Cambiemos, no saldrían a decir públicamente que esto es algo sobre lo cual “vienen trabajando hace un año”, sino que dirían que es algo que se realiza hace años en el Ministerio de Desarrollo Social. 
Es más, es necesario recordar que un programa similar al “Plan Empalme” o al “Puente al Empleo” ya había sido creado en el año 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner. En aquella oportunidad, se realizó un “Programa de Inclusión Laboral” (Resolución 45/2006) cuyo objetivo era “el fomento a la inserción laboral de los desocupados en empleos de calidad mediante el otorgamiento de incentivos de carácter monetario a los empleadores”. En esa época, se lo “vendió” como un “subsidio a la contratación de personal”, que es algo muy similar a lo que quiere hacer Massa actualmente. Ese programa tuvo un desempeño mediocre, a causa de sus variadas limitaciones, por lo cual tiempo después, de forma inesperada y sin ninguna explicación pertinente, la Presidenta Cristina Fernández decidió ponerle fin a esa política pública mediante la firma de la Resolución 753/2014.

En suma, retomando los planteos propuestos por el intelectual francés Pierre Rosanvallon, podemos coincidir con que “la inserción por el trabajo debe seguir siendo la piedra angular de toda lucha contra la exclusión”. No obstante, pareciera que quienes toman las decisiones y manejan los fondos dentro del Ministerio de Desarrollo Social les falta un conocimiento más holístico sobre la materia y el diseño de políticas sociales. Si esto no fuera así, no estarían intentando las mismas recetas (ya fracasadas) para solucionar los problemas de siempre que aquejan y afectan a las poblaciones más vulnerables.