Finalmente, en un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, Agricultura y Ganaderíay Presupuesto y Hacienda, el 10 de noviembre se emitieron dos dictámenes al Proyecto de Ley de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales. Uno de minoría -perteneciente al oficialismo- y uno de mayoría -de la oposición-.

Lo que no está asegurado, por ahora, es que pueda llegar a ser discutida en el recinto antes de que termine el año, pese a que hay varios diputados que impulsan su tratamiento. Caso contrario, nuevamente perdería estado parlamentario y volvería a foja cero. 

Varios de los diputados de Juntos por el Cambio se quejaron de lo que consideraban un tratamiento express de la ley, reclamando más discusiones en torno a la misma, o mayor participación de las autoridades provinciales. La verdad es que hay algunos proyectos que ya han sido más que discutidos. El debate para la sanción de esta ley lleva casi 10 años. El primer proyecto se presentó en 2013. Y tanto en 2015 como en 2018, dos proyectos consiguieron media sanción en el Senado. Pero en ninguna de esas oportunidades se lograron aprobar en la cámara de diputados. 

En todos estos años hubo acercamientos entre los proyectos presentados y se fueron haciendo modificaciones para mejorarlo. El proyecto oficial, presentado en esta oportunidad por Leonardo Grosso, tiene apoyos explícitos diversos; entre ellos el de 1872 académicos e investigadores y casi la totalidad de las organizaciones ambientales locales. 

MAYORÍAS, MINORÍAS Y LA DISPUTA ATRÁS DE ESTA LEY

Así como cuenta con varios apoyos, el proyecto oficialista también tiene sectores que se resisten a la iniciativa. Ricardo Buryaile, diputado nacional por Formosa y perteneciente al radicalismo, ha sido uno de los más férreos opositores junto a los llamados gobernadores del Norte Grande. Muchos de los argumentos que se esgrimieron por parte de estos, también hay que decirlo, fueron falaces. En especial sobre las posibles consecuencias de la aprobación de este proyecto en términos económicos y sociales. 

Lo cierto es que el proyecto no busca prohibir ninguna actividad económica, sino simplemente sentar las bases mínimas para la protección de los humedales por la importancia que tienen estos en la lucha contra el cambio climático. Una de las consecuencias más graves y evidentes de la crisis ambiental mundial, hacia la que nos encaminamos cada vez a mayor velocidad. 

Ahora, vale aclarar que las fuerzas políticas y sociales que se enfrentan al proyecto consensuado no sólo responden a la oposición. Diez diputados del FdT, la mayoría justamente del norte, no lo acompañaron, hecho por el cual terminó saliendo como dictamen de minoría. Todo esto, pese a que diputados de peso como Máximo Kirchner se presentaron durante la última discusión para mostrar su apoyo al proyecto. 

Lo que cuesta comprender es por qué un proyecto tan apoyado por las organizaciones ambientales y los sectores científicos, incluso como dicen algunos salteando la grieta, encuentra tanta resistencia política ¿Qué es realmente lo que está en disputa?

La disputa, en resumidas cuentas, tiene que ver con el modelo de desarrollo. Los que se oponen a este proyecto no son los sectores sociales más vulnerables, son actores económicos poderosos que tienen un lobby importante. Son las mineras, la Sociedad Rural, etc. Y lo que pretenden es que el estado nacional no ponga restricciones de ningún tipo al modelo extractivista actual que les permite obtener cuantiosas ganancias en dólares, sin importar las consecuencias medioambientales de tal explotación. 

El problema, pese a que el gobernador de Jujuy Gerardo Morales lo quiera negar, tiene que ver con el Litio. Porque este proyecto podría no prohibir, como dicen algunos, pero sí restringir la explotación de este mineral clave para el futuro, ya que es el componente fundamental para las baterías.  Lo cierto es que, en relación a Chile y Bolivia, los otros países integrantes del Triangulo del Litio, el nuestro es el que menos capta de la renta en términos tributarios. 

El problema no es, como afirma la Sociedad Rural, que el proyecto de ley de humedales quiere prohibir las economías regionales, ni que lo que hay que hacer en vez de seguir sacando leyes es hacer cumplir las que ya están. El problema es que el precio de la soja a nivel internacional corrió la frontera de explotación y muchos territorios que antes no eran explotados ahora son usados para la industria ganadera, como pasa en muchas tierras del delta.

La disputa atrás de la ley es cómo desde el estado se va a regular sobre ciertas zonas estratégicas para que el presente modelo de explotación no deje un tendal una vez que logre saciar el apetito del mercado mundial. Porque, en definitiva, es hacia donde se exportan ese tipo de recursos. 

AMBIENTE, POLÍTICA Y MODELO DE DESARROLLO

Pese a que dentro de la fuerza política gobernante ha existido un cierto acuerdo general acerca la necesidad de explotar los recursos naturales por su importancia en términos de obtención de reservas, hace tiempo vienen habiendo pequeños roces entre algunos sectores que reconocen los derechos ambientales como parte de los llamados derechos humanos de tercera generación (Justicia ambiental es Justicia Social) y otros que entienden que, solo cuando la situación económica se corrija, se podrá prestar atención a ese tipo de cuestiones. 

En medio de esta tensión está el modelo de desarrollo. En nuestra región, países como Bolivia o Ecuador han avanzado más en esta discusión, logrando desde los sectores populares avances fundamentales, como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. En Colombia, este tipo de discusiones están empezando a darse mas seguido, ya que tanto su presidente como su vicepresidenta tienen un interés marcado por esta cuestión. En la Argentina, en general son los sectores asociados a las organizaciones sociales los que más atención vienen poniendo a la cuestión ecológica, sobre todo por la vinculación con los cartoneros y el problema de los residuos. 

Incluso, hace pocos días atrás, el referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, afirmó que desde su espacio la búsqueda apunta hacia un sistema alternativo que no tiene nombre, pero está centrado no ya en el capital, sino en el ser humano y en la naturaleza. 

Lo cierto es que existen diferencias palpables en relación a ciertos reclamos ambientales, tanto en el arco político oficialista como en la sociedad en general. Seguramente, el avance de este proyecto de ley en los próximos días nos de una idea de la relevancia que tiene esta cuestión para las fuerzas políticas mayoritarias y si va a ocupar un lugar o no en la agenda política en los próximos años.