El exintendente de La Plata, Pablo Bruera, se presentó como "particular damnificado" en una causa en que investiga la presunta utilización de fondos públicos para obtener "información y almacenar datos" de personalidades políticas y figuras públicas ajenas a la fuerza de seguridad provincial.

El principal imputado es el extitular de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, Guillermo Berra, y su pareja, María Rosario Sardiña, quien era auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la fuerza. Ambos están acusados de haber espiado a jueces, políticos, empresas y hasta a la Suprema Corte provincial.

Guillermo Berra está acusado del delito de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado". Por su parte, el ex titular de Asuntos Internos señaló al ex ministro de Seguridad bonaerense y actual diputado nacional, Cristián Ritondo, como uno de los principales responsables del presunto espionaje.

En ese contexto, apareció el nombre del ex jefe comunal de La Plata, Pablo Bruera, como una de las personas espiadas. "Me presenté junto a varios dirigentes locales que habían sido perseguidos durante el gobierno de María Eugenia Vidal", dijo el anterior intendente a la agencia Télam.

El ex mandatario se refirió a las prácticas de espionaje y aseguró que “nos remite a la época más oscura de la provincia de Buenos Aires, a la época de Camps”.

Además, destacó la gravedad de los hechos investigados ya que "el denominador común" del supuesto espionaje era que las personas sobre las que se realizaban estas presuntas tareas de inteligencia eran miembros de la "oposición al gobierno de Vidal".

Junto con Bruera, también se presentaron como particulares damnificados Juan Eduardo Faroppa y Lorena Baum, quienes se desempeñaron como funcionarios públicos municipales durante la gestión anterior; Gabriel Céspedes, concejal del Frente para la Victoria hasta 2017; y Luis Enrique Lugones, presidente del PJ platense.