“El primer problema es que ni siquiera Tesorería puede darnos un número cerrado para este año”, se quejan en el entorno del candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof. La Provincia tiene, por ejemplo, vencimientos de servicios de la deuda en octubre próximo. Sin embargo, esos pagos estaban depositados en una Letra del Tesoro por el equivalente a 220 millones de dólares. Ese dinero fue suscripto por el entonces ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza, quien, convertido en ministro de Hacienda nacional, los defolteó y reestructuró a seis meses. “Si Nación no le ofrece una alternativa para fondear ese faltante, la Provincia va a tener problemas serios con los pagos en moneda extranjera”, dice Juan Cuattromo, coordinador del área fiscal del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).

Dadas las altas chances de que en la Provincia se repita en octubre el resultado de las PASO, los asesores de Kicillof intensificaron el análisis de los números de la provincia que deja María Eugenia Vidal. De acuerdo con el informe de Estado de Situación de la Tesorería bonaerense al 12 de septiembre último, “las necesidades de caja a la fecha y hasta enero de 2020 ascienden a unos 74.560 millones de pesos”.

Estos cálculos consideran un tipo de cambio de 58 pesos por dólar e incluyen los 1500 millones de Cláusula Gatillo en Sueldos Docentes y el costo fiscal de 1350 millones por gastos adicionales por concepto de Bonos (PREBA), SAE, Plan Más Vida, bono a empleados y jubilaciones anunciados la semana pasada por la gobernadora Vidal. “El 7 de noviembre hay faltante de 4500 millones de pesos para hacer frente a haberes de Escuelas. Se estima bajar esa necesidad con ralentización de pagos y eventualmente hacer frente con el Fondo Único de Cuentas Oficiales (FUCO)”, de acuerdo con Tesorería.

A estos problemas se suma el efecto del “reperfilamiento” de pasivos que llevó a cabo Lacunza y el cierre de la ventanilla de venta de divisas a provincias y empresas para que paguen vencimientos de deuda en moneda extranjera a inversores en el exterior.

La Provincia tiene Letes por 220 millones de dólares que vencen el 11 de octubre. Como al momento del vencimiento se paga apenas el 15 por ciento del total, se cobrará 33 millones de dólares. El resto, unos 187 millones de dólares, ingresarán a las arcas provinciales entre enero y abril de 2020. Dinámica similar experimentará con las dos colocaciones en Lecap por un total de 13.792 millones de pesos que vencían este año. Son dos títulos. La primera suma 3792 millones de pesos que antes del default vencían a fin de mes y otra por 10.000 millones de pesos que debía cobrarse en octubre.

En resumen, la Provincia recibirá este año 2100 millones de pesos mientras que enfrenta fuertes vencimientos de deuda en el corto y largo plazo. Según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda, desde 2015 hasta el primer trimestre de 2019 la deuda tomada por las provincias creció 363,8 por ciento. En el caso de Buenos Aires, la deuda pública de la trepó 447 por ciento. Sólo entre 2016 y 2018 la administración de Vidal pagó 100 mil millones de pesos en intereses.

En el caso de la deuda provincial no es posible su “reperfilamiento” por las condiciones de su emisión. En caso de reestructurar se consideraría un default cruzado. Entre las opciones que se barajan está el pago de un bono por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad el 15 de noviembre y colocarle más deuda en moneda extranjera al organismo. De hecho, el ministro Lacunza ya lo hizo con la Nación. El gobierno dispuso la emisión de Letras del Tesoro por 35.000 millones de pesos y 275 millones de dólares, a ser suscriptas por el FGS, de acuerdo con la Resolución Conjunta de la Secretaria de Hacienda y de Finanzas publicada en el Boletín Oficial.

Mientras se debate el cumplimiento de estos compromisos, la Provincia ya está demorada con los pagos no salariales y se elevó a consideración la colocación de Letras del Tesoro a Municipios en porcentaje a determinar (Municipios con saldos en cuentas a la vista en BAPRO hoy por unos 12.000 millones de pesos). También se elevó a consideración la utilización del artículo 9 inciso b de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia para hacer frente a necesidades de deuda.

La posibilidad de una provincia absolutamente quebrada en manos de la próxima administración es una situación cada vez más concreta. Sin mercados voluntarios de deuda abiertos la dependencia con el Estado nacional es insustituible, por lo que la Provincia debería recurrir a Aportes del Tesoro Nacional u otro tipo de asistencia para poder pagar los compromisos asumidos.

“Se están gestionando los consensos para la extensión temporal de las obligaciones financieras del gobierno nacional, de manera que el próximo período presidencial se inicie con los grados de libertad necesarios para la ejecución de sus políticas”, aseguró Lacunza al presentar el proyecto de Presupuesto 2020.

Luego de que se cerraron las puertas de los mercados voluntarios de deuda para el país, en todas sus administraciones, se recurrió a la ayuda directa de las provincias desde la Nación. Hasta fines de 2018 quedaron firmes los flujos de los fondos Fiduciario Federal (para obras de infraestructura) y el de Desarrollo Provincial, que sirve para asistir a las provincias en rojo. Sin embargo, esa ayuda se enfocó en provincias del mismo signo político que la gestión nacional.

Tras las PASO el oficialismo se quedó sin aliados y posiblemente también sin fondos para prestarle a sus amigos y la próxima administración bonaerense comenzará con un deuda heredada seis veces superior a la que recibió Vidal hace cuatro años.