Los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires más cercanos a la gobernadora, María Eugenia Vidal, hicieron una presentación conjunta ante el ministro de Economía, Hernán Lacunza, para exigirle la reapertura inmediata de la paritaria y amenazaron con medidas de fuerza. 

La Federación de Gremios Estatales y Particulares (FeGEPPBA), que lidera Julio Castro, y secunda, Miguel Zubieta; la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) de la seccional bonaerense, a cargo de Carlos Quintana; presentaron un escrito para que se abra "urgente" la mesa técnica salarial. 

Ambos gremios durante la gestión de Vidal siempre han sido los primeros, y en algunos casos los únicos, en cerrar la paritaria sin chistar aceptando la oferta del Ejecutivo. El primer año de gestión del Gobierno de Cambiemos se proyectó una inflación para el año siguiente del 15%. Con esos números y con la intención de reducir el déficit fiscal, en mente el presidente, Mauricio Macri, ordenó a los gobernadores a ofrecer paritarias que no superen esa cifra. La en ese entonces, mejor alumna del Jefe de Estado logró acordar con UPCN un 10% con cláusula gatillo. 

En noviembre del 2018, con una inflación proyectada que rondaba en el 50% (que terminó siendo de 47%), la Unión Del Personal Civil De La Nación aceptó el 32% de incremento que le ofertó Vidal.

Tan sólo casi 5 meses después, ese gremio junto con FeGEPPBA pidió "en forma urgente la reapertura de la paritaria general para los trabajadores comprendidos en el sector Ley 10.430", es decir estatales. Según detallan la finalidad de la reunión es "dar tratamiento a la problemática salarial que padecemos en razón del flagelo inflacionario".

Los gremios aluden a los informes del INDEC en torno a la pobreza y a la inflación y consideran que los mismos "exhiben la existencia de un retraso en las remuneraciones de los trabajadores en general". En ese sentido, le solicitan a la gestión de Vidal "recomponer los salarios ante el escenario inflacionario" y que de no hacerlo el Gobierno "incurrirá en una arbitrariedad injuriosa al derecho constitucional de los trabajadores".

Finalmente, el escrito firmado por Castro, Quintana y Zubieta establecen como "primordial" que el Ejecutivo cumpla con la obligación paritaria de "superar el actual estado de crisis en donde nos vemos comprometidos a tomar medidas de acción directa dirigidas a defender los derechos constitucionales a una retribución justa".