Por prevención, más de 6.300 presos de siete cárceles de la provincia de Buenos Aires resolvieron voluntariamente suspender las visitas en adhesión a la cuarentena dispuesta a nivel nacional ante la pandemia del Coronavirus y para evitar exponerse a posibles contagios, según informaron desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La primera Unidad Penal provincial que adhirió a la cuarentena propuesta por el gobierno nacional y provincial fue la 50 de Batán, en donde 95 mujeres firmaron ayer un acta donde notificaron su determinación de no tomar contacto con sus familiares o allegados hasta el 31 de marzo próximo.

Luego, se sumó la población carcelaria de las Unidades 4 Bahía Blanca, con 879 internos; 20 Trenque Lauquen, con 125 detenidos; la 30 General Alvear, con 2200 privados de libertad; y las tres unidades de San Martín, las Unidades 46, 47 y 48, que albergan a 3.000 internos.

Según destacó el SPB, son más de 6.300 los privados de la libertad que se comprometieron a no recibir visitas, algo muy esperado en contexto de encierro, priorizando la salud pública.

En todos los casos se siguió el modelo sugerido por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Julio Alak, que constó de mesas de diálogo entre las autoridades penitenciarias y los referentes de los pabellones de los penales mencionados.

En relación a la Unidad 50 Batán, la jefa del Complejo Penitenciario Este, Claudia Díaz, explicó que le "sorprendió la propuesta y fue recibida con agrado". "Se trata de una medida de protección para ellas y para sus madres, las que suelen venir todas las semanas y en muchos casos son integrantes de la tercera edad", agregó.

Durante los últimos días, los médicos de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria recorrieron pabellón por pabellón para brindar charlas informativas sobre cómo prevenir al virus originario de China, en tanto se informó que se flexibilizó el mecanismo de depósito de mercaderías.

Según se explicó, las autoridades de las Unidades les hacen firmar una declaración jurada a todos los visitantes (integrantes del poder judicial, consulados, docentes, etc.) donde se les pregunta si tienen los síntomas que provoca el COVID-19 o han estado con personas que viajaron a los países de riesgo: China, Japón, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos o naciones del continente europeo.

En este marco trascendió también que las internas de la Unidad 50 están prestas a confeccionar barbijos en el taller textil del penal como forma de colaborar para ponerle freno a la pandemia.