Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestaron su preocupación por las reiteradas resoluciones judiciales que otorgan prisión domiciliaria a represores de la última dictadura cívico- militar en la Argentina, y en la mayoría de los casos se argumenta que es debido a la elevada a edad o producto de un delicado estado de salud. En el comunicado que difundieron expresando su malestar aseguran que "ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar". 

"Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad", señalaron desde la CPM y aseguraron que "tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción". 

Además manifestaron que pudieron disfrutar de esos privilegios como "ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño a los damnificados" y resaltaron que "la gran mayoría de ellos no ha llegado a cumplir en prisión más de 10 años, muchos menos de los que gozaron ampliamente de su libertad". 

Luego muestran algunas cifras que refleja el estado de indignación del organismo conducido por el premio noble Adolfo Pérez Esquivel "de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario". 

También expresaron que "como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro hemos corroborado que la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención, lo cual es inadmisible" y "esto desmiente rotundamente las posiciones que sostienen que los genocidas no cuentan con todas la garantías propias del Estado de derecho y que sobre ellos pesa el mayor castigo", añadieron en el comunicado. 

"Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel. Los juicios por delitos de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad verdad, justicia y memoria", concluyeron.