Mientras corren las horas para el cumplirse el plazo definitivo de desalojo, el Gobierno bonaerense apuesta a que la toma de tierras en la zona de Guernica se concrete de manera pacífica. Desde la administración de Axel Kicillof ya anunciaron que el retiro de las familias involucradas ya comenzó a darse de manera paulatina y esperan que se logre aliviar la tensión generada en las últimas semanas.

Cabe señalar que Provincia anunció ayer un plan que contempla la creación de nuevos barrios, viviendas y acondicionamiento de lotes con servicios para la construcción, con una inversión de más de 190.000 millones de pesos en los próximos tres años. El objetivo, según se expresó, es resolver el problema habitacional en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, frente el caso particular de la toma en Guernica, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, expresó que una parte importante de los ocupantes del territorio “ya abandonaron” el predio que ahora se encuentra con custodia policial.

En declaraciones a AM750, Larroque señaló que “en las últimas 48 horas, 175 familias” ya abandonaron el predio y además sostuvo que “se pusieron a disposición de las soluciones que puede brindar el Estado”.

Ayer Larroque solicitó una “audiencia virtual” ante el titular del Juzgado de Garantías N° 8 con asiento en la ciudad de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, quien dio la orden desalojar los terrenos ocupados, para informarle los avances y situaciones suscitadas en torno a la "implementación del plan de contingencia" para desalojar el lugar.

Vale destacar que, en los últimos días, la toma de Guernica se convirtió en el eje de una disputa del gobierno de la Provincia con agrupaciones políticas y organizaciones sociales, que mantienen base territorial en la zona y que mantuvieron diálogos tensos frente a las propuestas del oficialismo para solucionar la problemática.

El problema tiene su origen en julio de esta año, cuando miles de familias ocuparon casi 200 hectáreas de un predio ubicado en la localidad de Guernica, lo que motivó que la justicia ordenara el desalojo en principio para el 8 de septiembre, tras una denuncia presentada por vecinos y una Sociedad Anómina, propietaria del lugar.