Este lunes, el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Bernardo Ferrari, denunció al Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, ante el magistrado Federico Villena por el presunto inicio irregular de causas para perseguir políticos, sindicalistas y funcionarios de la Justicia.

Según consta en la denuncia, el fiscal Sebastián Scalera y sus secretarios “habrían iniciado investigaciones con objeto de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, Magistrados y Funcionarios, (Doctrina de "Lawfare")”, a través de Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora.

A su vez, en estas maniobras habrían “participado Funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia de manera, cuanto menos irregular”, de acuerdo lo denunciado, incluso por diferentes jueces como Luis Carzoglio y Gabriel Vitale en oportunidades anteriores.

Ante reiteradas denuncias por irregularidades contra la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, y tras conocerse conexiones entre sus miembros con agentes de la AFI y el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri, dicha Unidad fue disuelta por la Resolución 4/20 y reemplazada por la actuación de fiscales naturales. 

La denuncia del fiscal general también nombra al ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, como uno de los agentes a los que el juez Luis Carzoglio acusó de un “apriete” para detener a Pablo Moyano.  Es que la presentación hecha por Ferrari, asegura que las maniobras dirigidas presuntamente por Conte Grand estaban diseñadas para presionar jueces para que detengan a dirigentes gremiales y políticos opositores a Cambiemos.

La denuncia señala que “Carzoglio relató públicamente que lo habían ido a ver el jefe de asuntos jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano y el de Finanzas Fernando Di Pasquale”. Fue en diciembre del año pasado, cuando Carzoglio reveló los nombres de los agentes que lo presionaron para que detuviera a Pablo Moyano. 

Finalmente, el fiscal general de Lomas de Zamora también expresó que en la Ciudad de La Plata , la fiscal Cecilia Corfield investiga una posible violación a la Ley de Inteligencia Nacional, en un expediente que se tramita el Juzgado de Garantías N°1 a cargo de Federico Atencio. Allí se investiga la presunta realización de tareas de espionaje e inteligencia por parte de Asuntos Internos bonaerenses, durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En ese sentido, Ferrari cree que la investigación podría servir para determinar el “modus operandi”, utilizado en las maniobras que denuncia.