Vecinos de Los Hornos piden la intervención de Provincia para desalojar la toma

El fallo del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla que determinó la “inexistencia de delito” en la causa por toma de tierras en 163 hectáreas de Los Hornos, localidad de La Plata, generó un fuerte rechazo entre vecinos que viven cerca del tierras ocupadas que ahora piden la intervención del gobierno provincial para que apele la decisión de la Justicia Federal. 

Además, llaman a "todos los vecinos de La Plata y de toda la provincia de Buenos Aires" a dejar de pagar el impuesto inmobiliario provincial "a modo de protesta".  También organizaron una movilización el próximo miércoles a los Juzgados Federales, en calle 8 entre 50 y 51, para pedir que la provincia de Buenos Aires apele el fallo de manera urgente. 

“Según el mismo juez se deslegitima la posesión de un bien, por lo que nadie es dueño de nada y todo puede ser usurpado en cualquier momento del día por cualquier persona”, sostuvieron como argumento para la "rebelión fiscal". 

Según argumentaron, lo resuelto por Ramos Padilla es “un fallo por demás repudiable y vergonzoso, que incita a la usurpación de cualquier bien, sea del Estado o de cualquier particular”.

Los vecinos aseguraron que la marcha será “de manera pacífica y sin banderas políticas y hacen extensiva la convocatoria "a toda la población”.

La toma de las tierras en el predio del ex Club de Planeadores de Los Hornos comprende más de 160 hectáreas y se estima que ya están viviendo alrededor de 700 familias en condiciones de suma precariedad. Se trata de la toma más grande de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Ramos Padilla criticó las interpretaciones que se hicieron de su fallo en los medios de comunicación y aseguró que no es cierto que determinó que no hubo delito "porque se hizo a la luz del día. El magistrado aclaró que la toma y la ocupación del predio se consumaron un año antes de que él se hiciera cargo de la causa “y los informes daban cuenta que allí residían más de 200 familias”.

“El Estado Nacional concedió el permiso de uso precario y gratuito de un sector del inmueble para el desarrollo de un plan habitacional. En ningún momento y a más de dos años de trámite de la causa, ningún representante del Ministerio Público Fiscal, único órgano constitucionalmente habilitado para acusar de la comisión de un delito, formuló imputación alguna ni señaló si los hechos investigados constituían delito”, remarcó. 

“La idea que se difundió en torno a que la ocupación del predio de Los Hornos sería legal porque se hizo ‘durante el día’ es falsa y no responde a lo sostenido en el fallo”, insistió y aclaró que para cuando asumió como titular del Juzgado Federal n°1 de La Plata, "las autoridades judiciales que me precedieron, tanto federales, como provinciales, no habían dispuesto el desalojo del lugar ni habían formulado ningún tipo de imputación ni adoptado ninguna decisión que implicara el avance del proceso penal en su faz sancionatoria".

En ese entonces, el Estado Nacional admitió que el inmueble ocupado "no tenía un destino útil, ni una afectación específica", aclaró. "Por esa misma razón, entre otras, el Estado Nacional concedió el permiso de uso precario y gratuito de un sector del inmueble de su propiedad a la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires para el desarrollo de un plan habitacional", añadió.

"La Subsecretaría de Hábitat provincial que ejerce los derechos sobre el inmueble –por la cesión otorgada– concluyó que las familias que tomaron el predio proceden –en su mayoría– de los barrios aledaños, donde viven en condiciones de hacinamiento como consecuencia de su crecimiento intrafamiliar y que dicho cuadro de situación “(...) los lleva a tomar la decisión de apropiarse de un lugar para vivir y desarrollar su vida cotidiana, considerando además las restricciones estructurales en el acceso a la vivienda, agravado por la crisis económica social”, agregó. 

En ese sentido, señaló que "la propia Subsecretaría de Hábitat provincial afirmó que, con el proyecto de urbanización –que deben llevar adelante las distintas autoridades administrativas– se podrá lograr la solución del conflicto que nos ocupa, de forma alternativa, superadora de la aplicación de la norma penal correspondiente”.

"El derecho penal o represivo es la última ratio en la resolución de conflictos y para intervenir se debe verificar la existencia de los requisitos típicos establecidos en alguna figura penal. Ello no impide que se pueda apelar a acciones administrativas y/o civiles para atender otras aristas vinculadas a la posesión del inmueble", indicó.