¿Por qué es importante invertir en ciencia? ¿Qué es la soberanía científica?

En filosofía nos gusta decir que “no hay ciencia sin conciencia” aun a riesgo de que pueda quedar asociado con la interioridad o con la individualidad subjetiva, porque en realidad a lo que se refiere es justamente a una concepción de la ciencia profundamente imbricada con la sociedad de la que es constituyente; y, por tanto, a un proceso de producción colectiva y situada de conocimientos al servicio de las mayorías.

Las decisiones respecto de cuántos fondos destinar para el desarrollo científico debe realizarse privilegiando las necesidades de la comunidad. Simultáneamente, lxs habitantes de esa comunidad serán un poco más libres en la medida que tengan pleno acceso al conocimiento -que les permita actuar “conscientemente-; y sus vidas serán un poco más dignas en la medida en que sus necesidades estén cubiertas, para lo cual la ciencia y la tecnología juegan un rol central. Ya que el desarrollo científico como política de Estado debe impactar positivamente en la salud pública, el desarrollo industrial, la generación de empleo calificado, la inclusión social, la disminución de importaciones, etc.

De allí, la importancia de un sistema científico y tecnológico nacional basado en la utilización del conocimiento al servicio del pueblo y no de minorías selectas, meritocráticas y articuladas a partir de intereses del mercado. Para ello es fundamental el despliegue de la soberanía científica, capaz de decidir qué tipo de investigaciones, tecnologías, conocimientos, innovaciones son pertinentes para impulsar y sostener el bienestar de su población, sin ser manipulada por intereses privados, sectoriales, por modelos impuestos desde el exterior por empresas trasnacionales.

La ciencia en nuestro país

Una parte importante de la investigación científica que se realiza en Argentina proviene de las universidades e institutos de formación superior, en especial, estatales. A ellos se le suman investigadores y becarixs de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) que trabajan en institutos de doble dependencia CONICET-Universidad. El CONICET es un organismo creado en 1958 a imagen y semejanza del CNRS francés, que se encarga de financiar los recursos humanos necesarios para la investigación científica (becarios e investigadores). Durante este período también se crearon organismos específicos para la investigación en tecnología agropecuaria (INTA), industrial (INTI), nuclear (CNEA), de defensa (CITIDEF) y espacial (CNIE, actual CONAE). Siendo el CONICET reconocido como la mejor institución en ciencia del país y la segunda mejor en toda la región.

En el año 2003 el país se propuso fortalecer el sistema científico argentino en general, para ello se triplicó la cantidad de becas doctorales; y en el 2015 el ingreso a carrera del investigador/a pasó de 500 a 2500 investigadores por año, con lo cual, la planta de investigadores- científicos del CONICET pasó de 3000 a 10000 miembros en doce años.

Sin embargo, en 2016 con la asunción del actual gobierno nacional ese proceso sostenido de crecimiento y fortalecimiento de la ciencia y la tecnología se detuvo, iniciándose una importante crisis en el sector, que tiene como efecto la pauperización de las condiciones en las que son llevadas a cabo dichas investigaciones. Por ello es que al hacerse una reflexión sobre la situación del sector se habla de cientificidio como efecto del creciente desfinanciamiento de recursos para investigaciones centradas en problemas fundamentales de nuestra sociedad, no vinculadas a “los mercados de prestigio”.

Este vaciamiento se puso en evidencia en el grotesco recorte de ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) 2018, que se dio a conocer públicamente el pasado 5 de abril, en el que el Directorio del CONICET resolvió seleccionar sólo 450 investigadores, expulsando del sistema científico a más de 2000 investigadores. A lo que se suma la devaluación de los salarios de lxs investigadores–al igual que lxs del resto de lxs trabajadores- hasta en un 20%, estando lxs del último escalafón por debajo de la línea de pobreza.

Mientras que de acuerdo con el plan Argentina Innovadora 2020 (AI 2020) del gobierno anterior, la planta de investigadores debía aumentar a un 10% anual y de continuar, se focalizaría en áreas prioritarias como la biotecnología, las energías y la biomedicina, en integración con las otras áreas, tan necesarias dentro del entramado complejo articulado que es el sistema científico- tecnológico.

Asimismo, hay que considerar que en septiembre del año pasado el gobierno de Cambiemos decidió desmantelar diez ministerios, entre ellos el de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y convertirlos en Secretarías. En este contexto cabe preguntar: ¿cuál es la estrategia de desarrollo científico del actual gobierno, si las investigaciones orientadas a resolver algunos de los problemas más acuciantes de nuestro pueblo, fueron dadas de baja? 

Frente a los resultados de ingresos a carrera de investigador, Alejandro Finocchiaro, actual ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología relativizó la gravedad de la situación de la ciencia y la tecnología en nuestro país, comparándola –paradójicamente- con la situación del sector en Francia. Ignorando que allí –como en los países que invierten fuertemente en la investigación- hay 14 o más investigadores por cada 1000 habitantes, mientras que en Argentina tenemos sólo 3. Por otra parte, Finocchiaro sostuvo que: “No hay un derecho adquirido por parte de un científico y un investigador a que el Estado le pague sus investigaciones. Lo que hay es un Estado que decide financiar de acuerdo con sus estrategias de desarrollo, determinadas líneas de investigaciones. Esto no puede ser una beca para que alguien piense lo que quiera pensar”. Lo cual hacer emerger un problema mayor: ¿qué es lo que hay que pensar para que un gobierno empresarial financie determinadas investigaciones?

En un contexto de vaciamiento de la ciencia y la tecnología, los responsables políticos de estas tomas de decisiones justifican el desmantelamiento mediante discursos que desacreditan las investigaciones no vinculadas directamente al mercado y al capital. Entre las cuales son “un blanco fácil” las que pertenecen a las áreas de ciencias sociales y humanas, entrampando el debate en la disyunción “ciencias duras” -investigaciones comprobables empíricamente- versus “ciencias blandas”- consideradas abstractas, ‘ideales’.

Cabe recordar en esta línea que, en una entrevista que le realizan a Lino Barañao en 2008 y que se publica en Página 12 el que era entonces ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva señaló que las ciencias sociales y humanas al no tener una verificación empírica, son mera teología. Éstas declaraciones no son aisladas, sino que se enmarcan en el ataque que recurrentemente sufren éstas áreas disciplinarias, invalidadas por su supuesta “inaplicabilidad”, obstaculizando dimensionar que el trabajo teórico que acompaña determinadas prácticas de descolonización, de inclusión y de emancipación es el que posibilitó avanzar concretamente en materia de derechos humanos, de identidad de género, en la no discriminación étnico y racial, en materia de derechos laborales, etc.

En el caso de los estudios de ‘género’ y feminismos, la estigmatización y el ataque se profundiza, incluso con discursos de odio, discriminatorios y ofensivos, como se ha manifestado estos últimos días con el ataque que Eduardo Feinmann –representante de sectores mediáticos hegemónicos- hizo en su programa de A24 contra nuestrx colega, el Dr. Facundo Saxe (CINIG-IdIHCS/ CONICET) de la Universidad de La Plata, desprestigiando sus investigaciones en el campo de las disidencias sexuales en base a su identidad de género. Desconociendo e ignorando que ha sido gracias a este tipo de investigaciones como las que realiza Saxe que se ha podido avanzar concretamente contra situaciones de vulnerabilidad y de desigualdad; y que ha sido gracias a estos estudios altamente calificados que se ha podido avanzar transdisciplinariamente en una demanda específica: la ley de identidad de género, en articulación con otras demandas como la del derecho a la implementación efectiva de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), la ley de interrupción del embarazo (ILE), entre muchxs otrxs.

¿Cómo sigue la historia?

Es necesario recuperar un proyecto de país en el que la ciencia sea reconocida y valorada como un elemento central para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de manera integral: salud, educación, trabajo, acceso al conocimiento, vivienda). Y no ejecutar los enormes recortes que debilitan al sector. En el contexto actual es fundamental defender la ciencia y la investigación pública, defender el derecho de acceder plenamente al conocimiento, a la educación. Porque como dijo Houssay “La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”. La ciencia y la tecnología nos hace a todxs un poco más libres y soberanxs.

*Profesora, Licenciada y Doctoranda en Filosofía. Investigadora en el IdIHCS- CONICET/ UNLP. Profesora en la Universidad Nacional de La Plata