A pesar de las consideraciones del Ministerio de Seguridad de evitar hablar de una "desaparición" en torno a Santiago Maldonado, la justicia cambió la caratula de la causa a "desaparición forzada".  El juez federal de Esquel, Guido Otranto, fue el encargado de producir el cambio en la causa que se investiga el paradero del joven que vivía en El Bolsón. 

Esta decisión fue confirmada por el diputado neuquino del Frente de Izquierda, Raúl Godoy, quien se encuentra en Esquel junto a una comitiva especial integrada por organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y referentes del Frente de Izquierda.

Godoy reveló a medios locales que esta mañana se reunieron con autoridades judiciales quienes le confirmaron a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos el cambio de carátula de la investigación a partir del pedido de la Fiscalía.

"Esto cambia radicalmente el curso de la investigación, ya que ante la negación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que habla vaguedades o desvía el foco de la información, esto pone las cosas en su lugar", indicó Godoy desde Chubut.

Además señaló que "esto pasa de ser una 'Averiguación de Delito' a una 'Desaparición Forzada'. Estamos en contacto permanente con Sergio Maldonado, hermano de Santiago, y en las próximas horas harán el anuncio oficial". 

La comitiva especial recorrerá esta tarde el lof en donde Maldonado fue visto por última vez y también visitará a Facundo Jones Huala.

Por último cabe señalar que la ONU define la desaparición forzada como la detención de una persona por parte de “agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto”, y que luego “se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad” negándoles así la protección de la ley. Este delito específico tiene en la Argentina, de acuerdo con el Código Penal (artículo 142 ter), una pena de entre 10 y 25 años.