El clima está caldeado en  Argentina. Durante las últimas manifestaciones hemos asistido a un lamentable festival represivo que dejó en evidencia el accionar de las fuerzas de seguridad frente a los reclamos populares. De la boca de funcionarios nacionales, especialmente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y desde los canales de los medios dominantes se han escuchado estigmatizaciones y provocaciones hacia movimientos sociales, organismos de derechos humanos y el nuevo objetivo, nacido tras la desaparición de Santiago Maldonado: los mapuches. Parece que uno de los trinomios de Mauricio Macri, que repitió hasta el hartazgo “unir a los argentinos” no está siendo cumplido, más bien los hechos indican que se trabaja para dividir las aguas cada vez más.

Bullrich es la cabeza de un Ministerio cuestionado por la oposición. Sus amenazas hacia piqueteros no hacen más que fomentar la división social, que con posiciones tan antagónicas, parece inevitable. Al asegurar que las dispersiones podrían generar “consecuencias”, y al tratar de “otro” a los manifestantes, con continuas declaraciones que intentan marcar diferencias, la Ministra colabora en ampliar la tristemente célebre “grieta entre los argentinos”.

Desde las organizaciones sociales las críticas van in crescendo. Al unísono sostienen que la Ministra debería "preocuparse más en cómo resolver los problemas" que padece la población antes de pensar en cómo desalojar.

Que el Estado en manos de Cambiemos reprime la protesta social no quedan dudas. Quedó demostrado desde el avance de carros hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos contra trabajadores de Cresta Roja en la Autopista Riccheri a pocos días de asumir al Gobierno en diciembre de 2015, hasta la reciente marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Aquí es necesario un pequeño paréntesis, ya que tras los disturbios provocados por un puñado de manifestantes, y luego de la detención de personas inocentes, adulteración de actas con horarios y ubicaciones falsas- según denunció la defensa de los detenidos- apareció una vez más el poder mediático a correr el eje de discusión y posó las cámaras sobre los violentos y reemplazó el masivo reclamo por Maldonado por los disturbios en las tapas de sus periódicos.

Que el caso de Santiago Maldonado se haya convertido en un reclamo nacional preocupa al Ejecutivo, que inmediatamente activó el plan para estigmatizar a los mapuches.  Los términos “terroristas” y “anarquistas” volvieron a aparecer en el léxico de los medios de comunicación. En la reciente editorial del periodista de TN Alfredo Leuco- a quien muchos señalan como el máximo operador mediático del Gobierno- se afirmó que existen “grupos que quieren sembrar el caos” y con palabras que rememoran épocas oscuras de nuestra historia, aseguró que “nos han declarado la guerra”. Las peligrosas palabras del comunicador, influyente en una gran porción de la sociedad, apuntaron a ampliar la polarización, y siguiendo la línea del Gobierno le habló a “la gente” y lanzó con tono amenazante: “usted elije, las urnas o las bombas molotov”.

Control de medios, estigmatización y represión de la protesta social es un combo peligroso en manos estatales. El camino deberá revertirse para evitar una mayor radicalización y un creciente clima de violencia. Todo parece radicar en el rumbo que eligió el Gobierno a través de sus decisiones, en manos de él está la solución.