En el marco de las discusiones en torno a la baja de edad de imputabilidad que introdujo el Gobierno nacional, con los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano como principales impulsores a que se debata, distintos actores sociales salieron a fijar posición, entre ellos, la Iglesia que remarcó que no les parece "razonable" la medida para "dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática".

La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) apuntó contra las intenciones del Gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad de 16, a 14 años, y remarcó que el Estado no puede perder de vista que la mayoría de los jóvenes que delinquen son pobres, varones en su mayoría, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización y que provienen de familias desintegradas y de baja calificación laboral .  

Por lo que, desde la Comisión consideraron que no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática y le pidió a la comunidad que no se convierta a los chicos infractores a la ley penal en enemigos sociales .

En ese marco, desde el Episcopado remarcaron incongruencias por parte del Ejecutivo ya que "no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones 'Ni un pibe menos por la droga' que hicieron en noviembre pasado y que fue asumido por el Gobierno nacional por decreto en diciembre", por lo que consideraron que se trata de una propuesta en el marco de un año electoral.

A la vez, afirmaron que cualquier medida de estas características es insuficiente si no se garantiza "el cumplimiento del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales".

Más tarde, afirmaron que "no podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil convirtiendo a los chicos infractores de la ley penal en casi 'enemigos sociales'" y tampoco "podemos mirar solamente la 'fotografía' del hecho que han cometido sino que debemos mirar la 'película de su vida' para atrás y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares, que también habrá que considerar y hacer cumplir", afirmaba el texto.         

"Cada chico marginado, abandonado, con deficiente acceso a la educación y la salud, y que puede encontrarse involucrado también en una cuestión penal, es la expresión cabal no sólo de una injusticia sino de un fracaso institucional que incluye tanto a la familia como también a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones", continúa el comunicado. 

Y finalmente, confirmaron, tal como lo señaló el Papa Francisco que según la experiencia de la Iglesia en esos intentos, "los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados".