Mucho se habló estos días de la baja de la edad de no punibilidad de los menores para que pase de 16 a 14 años y esto significa que un menor de 14 años, un niño, podría ser condenado.

En primer término, cabe destacar que nuestro sistema actual de minoridad argentino es antiguo y obsoleto pero por sobre todo, ineficiente. Es cierto, hay que modificarlo, pero hace falta en primer término, presupuesto, una ideal amplia que se respalde en un marco que de soporte a todo ello. Nunca podríamos hablar de modificar una ley sin planificar un presupuesto.

En segundo término, hay que ser coherente con el resto de nuestra legislación, recordando que nuestro país adhirió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño que tiene una legislación especial para sus derechos en Argentina y que además, nuestro Código Penal se ha modificado beneficiando a los niños y estableciendo en el artículo 119 que ningún niño puede prestar consentimiento en una relación sexual si tiene menos de 13 años, entre muchos otros puntos de suma importancia.

El tercer tema que hay que tener en cuenta, que es notorio por su trascendencia periodística, es que los ilícitos cometidos por menores no hacen a una estadística formal, sino a casos aislados que toman resonancia por lo crudo del hecho en sí. La realidad es que en la actualidad, son muy pocos esos hechos que cumplen los menores. No es real esa estadística. Criminalizar al menor es tratar de exculpar a nosotros como padres y después a nuestro gobierno que no realiza todo lo que debería realizar con respecto a la inseguridad.

Estoy en contra de modificar una Ley que no beneficiaría a nadie y sí perjudicaría a los niños más pobres que no cuentan con el dinero para poner peritos psiquiátricos y psicólogos que analicen en qué estado cometieron el hecho. Y sí, tendrán que conformarse con un Estado que no da respuestas, tanto a la víctima como a los menores que delinquen. Con los niños no se pueden cerrar las puertas como lo hacen en las unidades penitenciarias y así terminar con el problema. Tenemos que tener dónde asistirlos, volver a educarlos y hacer de ellos personas dignas de restablecer en la sociedad.

La solución aquí y ahora sería hacer un régimen penal juvenil y para ello hay que contar con un equipo interdisciplinario y un equipo que se encargue de establecer un presupuesto para ese régimen. Es cierto que un menor no puede volver a su hogar luego de cometer un homicidio, pero tampoco puede ser que se lo condene y no haya un lugar a dónde enviarlo. La urgencia de la situación nos obliga a ponernos a trabajar ya como sociedad, porque el tema es realmente preocupante.