Celebramos que el gobierno finalmente haya realizado la Audiencia Pública,  insistente reclamo de la sociedad civil en especial de las asociaciones de consumidores que desde hace varios meses vienen bregando por ello. Lástima que no lo hace por convicción sino porque se lo ordenó la  Corte Suprema de Justicia. Prueba de ello es que  aún no las ha convocado para debatir el aumento de tarifas de los demás servicios públicos sino que ha realizado las subas de los mismos prescindiendo de ellas. Estamos hablando de la electricidad, aguas y saneamiento, y transporte.

La delicada situación energética requería, sin dudas, un replanteo por parte del actual gobierno.

Pero la sucesión de medidas desacertadas y las permanentes marchas y contramarchas no hicieron más que añadir complicaciones a un escenario ya de por sí complicado devaluación, desempleo e inflación. Los aumentos descontrolados de precios en todos los bienes, productos y servicios de uso cotidiano (alimentos, nafta, colegios, prepagas, expensas, monotributo, transporte, telefonía& ) fueron atizados con un descomunal e inesperado tarifazo.

Tarifazo que, impactando severamente en comercios y Pymes, sacudió otra vez los precios y profundizó sus efectos en la economía doméstica.

Y seguimos sin saber. Nos pidieron un esfuerzo enorme pero todavía no se nos explica cuál es el plan, o si acaso lo hay. No se nos comunica cómo se calcularon los aumentos, de dónde surgen esos porcentajes, qué se va a hacer con lo que se recaude, si existe un programa para recomponer el sistema ni cuánto tiempo demandará, qué resultados se esperan y en qué plazos.

¿Están pensando, por ejemplo, en revalorizar el servicio a través de obras de infraestructura? ¿Se están planteando metas para mejorar la calidad? ¿Definieron alguna estrategia para que cada vez sea verano o invierno - haya menos usuarios afectados por cortes masivos?

Como gerentes, habrá estado bien gastar lo menos posible; como funcionarios, lo deseable será que inviertan todo lo presupuestado.

También se debe minimizar el costo social. Que el precio de la tarifa del gas que se fije no les impida seguir comiendo y vistiéndose para poder pagar el servicio; ni que las PYMES tengan que despedir un trabajador para pagar las facturas o cerrar sus puertas. Porque de eso es de lo que estamos hablando. Ya no se trata de ajustarse el cinturón restringiendo salidas recreativas o gastos superfluos. El salario mínimo, vital y móvil sigue siendo de $6810 y según cifras del mismísimo INDEC, en la Ciudad de Buenos Aires - la más rica del país - el ingreso medio principal de los hogares es de $12.000 en el caso de los varones y de $9.500 para las mujeres. Con facturas de 2000 o 3000 pesos y una canasta básica solo de alimentos de $6000. No hay cuenta que cierre.

Tampoco hay números que cierren en el Estado. Que las tarifas de los servicios públicos estaban retrasadas es algo que nadie se atrevería a negar. Ahora bien, no queremos olvidar que las empresas prestadoras de estos servicios, recibieron por años miles de millones de dólares en concepto de subsidios.

¿Sirvieron para pagar sueldos? ¿Gastos corrientes? ¿A dónde fueron a parar?

Hoy vemos a las empresas cerrando sus libros contables. Exigimos que sean transparentes. Es otra de las obligaciones que fijó el Fallo de la Corte Suprema de Justicia.