El sistema de justicia de la República Argentina está compuesto por el Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial de cada una de las provincias. Además, son también parte, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura.

La organización jurisdiccional responde al carácter federal que tutela la Constitución Nacional. De este modo, existe por un lado una justicia con competencia en todo el país y por otra parte, cada una de las provincias argentinas cuenta con una justicia propia, también denominada justicia ordinaria, con sus propios órganos judiciales y legislación procesal.

En esta misma línea se encuentra la justicia nacional del Trabajo, creada por Juan Domingo Perón y regulada por los engendros decreto/ ley Nº 18345/1969 de tiempos del dictador Juan Carlos Onganía y su decreto menemista N° 106/98. Actualmente, los fueros civil, penal, comercial y laboral están en el tapete de discusión desde mediados del año pasado. Tras la reforma constitucional de 1994, la ciudad de Buenos Aires quien además oficia de distrito federal de la República pos revolución de Mayo de 1810 y profundizada luego de una guerra fratricida entre porteños y bonaerenses en 1880 que parió la ley de Federalización dispone de cierta autonomía.

Así, conviven junto a la Nación dos instancias judiciales los fueros creados en el ámbito porteño en 1996 y los nacionales ordinarios. Luego de la transferencia de la Policía Federal, el Gobierno nacional y su par porteño, ambos del color del Pro, trabajan en un proyecto de paulatino traspaso de esos fueros a la Ciudad. El primer paso fue realizado a comienzo de este año con la cesión de la justicia penal. Los trabajadores del fuero laboral vienen resistiendo con medidas de fuerza el traspaso a la esfera de la ciudad capitalina, sujeto a discusión parlamentaria en el Poder Legislativo, inmerso y paralizado en estos tiempos electorales, previa sanción de los convenios de transferencia en la Legislatura de la Capital. El motín es tentador para el Poder Ejecutivo nacional. Se trata de traspasar los 80 Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo y las 10 Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que desde hace años realizan una noble tarea resolviendo miles de causas de trabajadores, teniendo en cuenta las precarias condiciones para actuar que van desde falencias edilicias a falta de personal. 

La primera estocada real en el camino de traspaso del fuero del trabajo y persecución a los jueces que lo integran, provino del propio del presidente de la Nación, Mauricio Macri al ordenar el 20 de enero pasado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº54/2017 a contramano de las facultades que le otorga al primer magistrado la Constitución Nacional en su artículo 93, inciso 3 referente a las atribuciones del Poder Ejecutivo, modificando la ley de Riegos de Trabajo Nº24557.

Cabe recordar que el uso de los DNU sólo se justifica en casos excepcionales extremos. 
El ataque está dirigido a la falsa construcción cultural denominada la industria del juicio y la supuesta litigiosidad que involucra. Un concepto ya instalado en el imaginario popular, por sucesivos sectores políticos y con apoyo manifiesto de sectores de la doctrina jurídica, y de importantes medios de comunicación, que terminan generando un intencionado y falso prejuicio contra la justicia laboral y también contra los abogados laboristas que representan a los trabajadores.

El juez subrogante del Juzgado Nacional del Trabajo N° 41, Alejandro Segura, fue el primer magistrado en dictar la inconstitucionalidad del DNU Nº 54/2017 que promueve, con carácter obligatorio y excluyente, a los trabajadores que sufran un accidente de trabajo iniciar un procedimiento administrativo ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, antes de impulsar una demanda judicial. El juez Segura sintió el rigor persecutorio a instancias de los escribas del gobierno macrista desde las páginas de diversos diarios de alcance nacional, que fueron reduciendo el ataque con el pasar de los días. El fallo de este magistrado si bien sienta jurisprudencia, no es una demanda colectiva, sino que se trata de una demanda individual de una trabajadora contra una aseguradora. 

Quizá, el ataque más notorio y siempre en la línea de desguace de la justicia laboral tuvo lugar en febrero pasado y nació de parte del pedido del ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, en promover la apertura de un juicio político a los jueces que fallaron a favor de la Asociación Bancaria a contramano de los acuerdos que superen la pauta del 18% del sector. 

El Ejecutivo nacional no tuvo otra opción que retrotraerse en su intento de anular por la vía de la no homologación el acuerdo salarial del sector bancario, que sumaba un 23,5% desde noviembre del año pasado, apenas la organización sindical que conduce el radical Sergio Palazzo convocó a un paro de 72 horas, que se preanunciaba masivo. 

La división de poderes pareciera no respetarse en la Argentina. Tras la decisión a favor de los trabajadores bancarios, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación realizó el sorteo de las denuncias presentadas por la cartera laboral contra jueces integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, para luego avanzar con la investigación y solicitar el juicio político o pedir su desestimación.

Ambas denuncias fueron impulsadas por el Ministerio, al sostener que los jueces incurrieron en "mal desempeño de sus funciones, falta de idoneidad, negligencia grave en el ejercicio del cargo, arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución". También acusó a los vocales de presunto "desconocimiento inexcusable del derecho, violación a la garantía constitucional de división de poderes y al principio de congruencia, arbitrariedad y falta de imparcialidad".

Asimismo, se produjo un ataque a los jueces de la Sala V de la Cámara laboral, que han fijado jurisprudencia a favor de la reinstalación de delegados y activistas despedidos y que embargaron las cuentas de AGR-Clarín para obligar a la patronal del CEO Héctor Magnetto a pagar las quincenas adeudadas a los obreros que ocuparon los talleres gráficos. 

La paritaria nacional docente también fue motivo de persecución a los magistrados. Su nula realización y el incremento del conflicto, fueron la base de los argumentos principales de la jueza Dora Eva Temis, a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo N° 58, para declarar admisible una medida cautelar presentada por la Unión Docentes Argentinos, motivo por el cual ordenó al Ministerio de Trabajo de la Nación a convocar en un plazo inmediato a la paritaria. La magistrada Temis también fue perseguida con amenazas de juicio político. 

El ataque a los jueces laborales va más allá de cualquier paritaria y forma parte de una arremetida a los derechos laborales y gremiales de los trabajadores en todo el país. El gobierno apunta a la destrucción de los convenios colectivos y a una reforma laboral que pretende convertirse en una verdadera contrarrevolución en el ámbito del derecho del trabajo, volviendo a formas de explotación similares a épocas de antaño. Despojar de la órbita judicial de la Nación y traspasar su competencia al ámbito del estado porteño está en esa política de desmontaje del fuero laboral y persecución de sus magistrados, los jueces de los trabajadores.