Con vistas a la audiencia pública del próximo 16, el gobierno ha anunciado un ´sendero´ de aumentos tarifarios en el gas natural.  Los funcionarios han presentado a estos aumentos como parte de un giro ´gradualista´, impuesto por el fallo de la Corte que suspendió los aumentos en el gas residencial.

En verdad, lo que el gobierno ha anunciado es un gradual aumento del gas& en dólares, a razón de un 21% cada seis meses.  La decisión de establecer este cronograma en moneda dura adelanta una cuestión estratégica la dolarización de las tarifas, recuperando el criterio que rigió en los años de las privatizaciones menemistas.  El ´sendero´ de aumentos anunciado por Aranguren asegura a las petroleras una retribución por el gas natural que será crecientemente superior al de sus valores internacionales.  Para que se tenga una idea, el valor de arranque -3,4 U$S el MM de BTU- es un 50% mayor al valor del fluido en  la Costa del Golfo.  Al final del camino, en 2019, el gas costaría 6,7 U$S; o sea, el equivalente al actual costo de importarlo.

La arbitrariedad de esta decisión es completa en efecto,  el gobierno aumenta los precios del gas con el argumento de incentivar la producción local y, por esa vía, reducir o eliminar las importaciones.  Pero si así fuera,  de acá a tres años el precio del gas nunca podría ser el equivalente de importarlo, sino que debería bajar.  Es evidente que el supuesto gradualismo constituye un régimen de beneficios extraordinarios en favor de  los mismos grupos petroleros que dejaron al país exhausto de reservas gasíferas.

A estos aumentos en el gas en boca de pozo, se irán sumando los incrementos para el  transporte y distribución del fluido. 

Mientras se hacían estos anuncios, la Corte descartaba cualquier intervención en relación a los tarifazos eléctricos, al tiempo que desestimaba los recursos presentados por otros grupos de consumidores de gas.  La protección judicial al tarifazo se torna evidente.

Junto con ello, también es clara la determinación de vaciar a la próxima audiencia pública, al privarla de los datos decisivos para debatir la cuestión de las tarifas- a saber, los verdaderos costos de extracción de gas natural y de energía,  los cuales continúan siendo un secreto celosamente guardado entre el Estado y las petroleras.  El macrismo ha refrendado el silencio sobre los contratos petroleros que han regido a partir del acuerdo entre Chevron y Kicillof-Galluccio.

Los voceros y parlamentarios del Partido Obrero en el Frente de Izquierda concurriremos a la audiencia del 16 a reclamar la apertura de los libros y costos del conjunto de la industria energética, a partir de una auditoría a manos de trabajadores y técnicos.  Con seguridad, ello pondrá de manifiesto el vaciamiento perpetrado durante más de dos décadas por los privatizadores.

La actividad energética, aún en manos de concesionarios privados, se encuentra bajo una estatización peculiar  los fondos públicos le aseguran a esos concesionarios beneficios extraordinarios, sea bajo la forma de subsidios o ahora- bajo la imposición de tarifas confiscatorias.  En oposición a ese régimen parasitario, propugnamos una nacionalización de los recursos energéticos,  para que la renta gasífera y petrolera sea reapropiada socialmente y colocada como palanca de una reindustrialización del país.