Cartelización, sobreprecios y desvío de fondos en el servicio de alimentación en escuelas de Larreta

Uno de los reclamos principales de los estudiantes que mantienen las tomas en las escuelas secundarias porteñas —este miércoles eran unas 15, más otras diez en “pernocte”— pasa por la “pésima calidad” de las viandas escolares. El servicio de alimentación en las escuelas fue nuevamente denunciado por la comunidad educativa de la Ciudad por su bajo valor nutricional, incluso constataron varios casos de intoxicación. Pero también hay sospechas de sobreprecios y cartelización, en torno a un negocio millonario: el Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta le renovó recientemente la concesión del servicio por otros cuatro años a un puñado de empresas, algunas de las cuales figuran como aportantes a la campaña del Pro, por unos $12 mil millones de pesos por año.

El monto total de contrato firmado por el Gobierno porteño a principios de agosto para el servicio de alimentación escolar parte de los 50 mil millones de pesos hasta 2025, unos 12 mil millones por año, a los que hay que sumarle las actualizaciones por inflación. Un negocio que suena jugoso, atractivo para cualquier emprendimiento vinculado a esa actividad, pero por el que sospechosamente sólo concursaron 18 empresas, las mismas que lo vienen haciendo desde la década de los 90.

Organizaciones como “El Movimiento”, junto a padres y madres, presentaron un recurso de amparo para frenar la licitación, pero la justicia porteña falló a favor del Ejecutivo. La legisladora Ofelia Fernández, por su parte, lanzó una campaña en el mismo sentido, en base a un proyecto de ley para mejorar la calidad de las viandas, que tampoco prosperó en la legislatura porteña, donde Juntos tiene mayoría automática. Ahora, con las tomas, los cuestionamientos al servicio volvieron a cobrar fuerza.

INTOXICACIÓN Y SOBREPRECIOS

“Todes les que estudiamos en la Ciudad de Buenos Aires sabemos de al menos un caso de intoxicación por el mal estado de la comida que entregan en los colegios. Incluso algunos casos de hospitalización”, denunció ni bien comenzaron las tomas esta semana Federico Lavagnino, presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola”. “Todos los días traen solamente un sandwich de paleta y queso, que habitualmente llega congelado, y frutas, que casi siempre se encuentran en mal estado. Es por eso que proponemos discutir seriamente un proyecto de alimentación escolar”, agregó.

Los casos por intoxicación vienen siendo denunciados desde hace años. Durante la primera semana del ciclo lectivo de 2020, se intoxicaron unos 42 alumnos de la escuela primaria Ernesto Padilla de Caballito (N°14 D.E.7º), hecho que fue oportunamente denunciado públicamente por los padres de la institución. La empresa encargada de proveer las viandas para esa escuela era Lamerich SRL, a la que el Gobierno porteño volvió pesa a todo a renovarle la concesión millonaria.

Un mes antes de esa intoxicación masiva, “El Movimiento” había lanzado una primera denuncia por “sobreprecios de hasta el 100 por ciento”, algo que también refrendaron legisladores porteños como Alejandra Barry (FIT) y Santiago Roberto (Frente de Todos). El costo total del “combo” que entregaban las firmas estaba fijado en 1.575 pesos, sin embargo en el supermercado no pasaba los 700 pesos. “Fui al supermercado de cercanía al que voy habitualmente, y por los mismos alimentos que trae el bolsón –incluso algunos de primeras marcas que claramente esos bolsones no tienen– pagué 653 pesos. Hay un 115 por ciento de sobreprecio”, denunció Roberto en aquel entonces.

Tampoco el Ejecutivo porteño ejerce un control efectivo sobre la calidad de las viandas: según un informe de la Auditoría General de la Ciudad, “el pliego de bases y condiciones particulares no implementa un mecanismo de control suficiente” dado que “el análisis bromatológico de alimentos recae solo sobre el concesionario, lo que no resulta suficiente para garantizar y asegurar alimentos aptos para el consumo”.

Tanto Roberto como las organizaciones sociales propusieron entonces transferir el monto del supuesto costo de las viandas directamente a las familias, pero la iniciativa tampoco pasó el filtro de la escribanía porteña del Pro.

CARTELIZACIÓN Y APORTES A LA CAMPAÑA

Pero la sorpresa más grande llegó al abrir los sobres de la última licitación, convocada a principios de este año: como en todas la licitaciones anteriores, las empresas, para participar, debían pagar por adelantado unos 750 mil pesos, un requisito inventado que forma parte de la ley marco de contratos con el Estado de la Ciudad. Ese filtro, sumado a los “puntajes” por antigüedad, hizo que las mismas empresas de siempre sean las únicas oferentes, quedándose con un negocio jugoso.

Con un detalle más: todas ofertaron el mismo mínimo de valor por cada ítem: $35,57 por el desayuno, $302,95 por el almuerzo y $105,17 por cada “refrigerio”, según consta en la propia licitación.

¿Cartelización? “Todas las empresas concesionarias ofertaron lo mismo, lo que para nosotros configura dos hechos gravísimos: hubo un acuerdo previo con el Gobierno que se formaliza más tarde en la licitación, y ese precio mínimo ofertado garantiza una ganancia extraordinaria de las empresas, en detrimento del Estado”, puntualizó en diálogo con Diagonales Jonatan Baldiviezo, referente de “El Movimiento” y del Observatorio por el Derecho a la Ciudad.

“La cantidad de dinero que se le transfiere a las empresas, además, debería redundar en un mejor servicio, que no se constata en la realidad. Está muy lejos lo que podrían darle a los chicos con esos montos y lo que realmente le dan. Si a eso le sumamos que la licitación está hecha para que se presenten las mismas empresas de siempre, estamos claramente ante un negociado”, agregó Baldiviezo, y adelantó que su organización está preparando una denuncia penal contra las autoridades porteñas.

Al menos dos de las empresas ganadoras del servicio, Friends Food y Bagala SA, figuran como aportantes de las campañas del Pro de 2015 y 2017 en la Ciudad, y ambas, además, lograron contratos similares durante el paso de María Eugenia Vidal por la gobernación bonaerense.

El caso de Bagala es más que gráfico: forma parte como subsidiaria del Grupo L, a nombre del empresario Víctor Lusardi, fuertemente vinculado a Vidal, que usufructuó contratos para brindar alimentos en hospitales y el servicio penitenciario de la Provincia gracias a su vínculo con la ex gobernadora.

Con semejantes negociados, curiosamente, las empresas no alcanzan a darle de comer a todos los pibes y pibas. En el colegio secundario Mariano Acosta, por caso, pese a tener una matrícula de 800 estudiantes, sólo reciben 180 refrigerios, “que se componen de un pebete con una feta de paleta y una de queso, y una fruta o barra de cereal de tercera marca”, denunció este miércoles María Eva Koutosovitis, de “El Movimiento”.

“Es inadmisible que hace 20 años, 19 empresas sistemáticamente denunciadas y sancionadas por el propio gobierno, se repartan este negocio multimillonario por el que sólo este año le van a recibir más de 12 mil millones de pesos”, dijo Koutosovitis. “Estamos frente a un modelo de gestión no democrático. Nuestra Constitución establece que deben existir ámbitos dónde discutir con el conjunto de la comunidad educativa sus políticas. En su carrera a Jefa de Gobierno de la Ciudad, Acuña adopta el modelo Bullrich y lleva adelante un sistemático ataque a la democracia educativa y a la educación pública”, concluyó.