Denuncian que Larreta nombró a un aportante PRO para auditar el voto electrónico en CABA
La diputada nacional Myriam Bregman realizó una presentación judicial en la que denuncia irregularidades y pide suspender la auditoría
En las últimas horas, la diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman, presentó un amparo judicial por presuntas irregularidades en el sistema informático de la Boleta Única Electrónica (BUE) que se utilizará en las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires.
Este martes comienza la auditoría del sistema y la legisladora sostuvo que Horacio Rodríguez Larreta “puso a auditar el voto electrónico a un aportante del PRO”. Bregman se refirió particularmente a Jorge Ariel González, a cargo de la Gerencia Operativa de Información y Tecnología, a quien acusa de haber sido aportante de Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas.
Por ese motivo, en la presentación judicial se solicita "suspender el procedimiento de pruebas y auditorias para la incorporación de tecnologías al proceso electoral establecido por Resolución 18/IGE/23 en virtud de lo dispuesto en el art. 130 del Código Electoral de CABA hasta tanto se garantice la imparcialidad del Instituto General Electoral de CABA".
Bregman sostuvo que Larreta “no solo dividió y digitó las elecciones porteñas al servicio de su interna en Juntos por el Cambio sino que puso por decreto al presidente del Instituto de Gestión Electoral (IGE) y, además, la persona encargada de la aprobación del sistema electrónico es un aportante del PRO".
La denuncia también fue acompañada por la legisladora porteña Alejandrina Barry y el exlegislador Patricio del Corro. Por su parte, Barry señaló además que en "la licitación del sistema informático se presentó una sola empresa, MSA S.A, la misma de las elecciones pasadas que reconoció que su sistema había sido hackeado y que había sido denunciada por el mismo (Martín) Lousteau en esa ocasión".
Del Corro, en tanto, remarcó que el Instituto de Gestión Electoral "está a cargo de la elección y por ley debe ser un órgano imparcial" pero que "su director es nombrado por decreto desde el 2018, mientras el PRO frena su nombramiento en la Legislatura".