“Donde no hay Ciudad, hay que hacerla”, dijo el secretario de Desarrollo Urbano porteño, el arquitecto Álvaro García Resta, en una entrevista esta semana con el ElDiarioAr respecto de la polémica por la privatización de Costa Salguero y Punta Carrasco. Ambos predios, emblemáticos de la zona costera de la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron concesionados durante 30 años, y los contratos están a punto de vencerse. El Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta planea aprovechar la oportunidad para directamente venderlos, pero afronta varios escollos. Primero, un fallo de cámara del fuero administrativo declaró inconstitucional la ley que habilita su remate. Más tarde, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) planteó en un dictamen que los edificios de 29 metros de altura que se proyectan construir allí, a pocos metros de Aeroparque, "atentan contra la seguridad aeronáutica”. Y más de dos mil vecinos y vecinas, en una serie de audiencias públicas con récord de participantes inauguradas en noviembre pasado, rechazaron todo el proceso y reclamaron recuperar los terrenos para un parque público con vista al río, convirtiendo el debate en un asunto político.

Según distintos relevamientos realizados por organizaciones civiles, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, durante los dos períodos de Macri como Jefe de Gobierno y los cinco años de Larreta como su sucesor, ya se remataron más de 500 hectáreas públicas antes propiedad de los estados nacional y porteño. El equivalente a 236 veces la Plaza de Mayo. Los compradores fueron casi siempre empresarios poderosos con fuertes vínculos con el poder de turno y muy ávidos de hacerse de terrenos de inmejorable ubicación –como en la zona del puerto, frente al Río de la Plata o en la adyacencias del flamante Paseo del Bajo– para levantar edificios y torres de lujo, de oficinas y departamentos, todas direccionadas al sector “ABC1”, de mayores ingresos.

Esa idea de “hacer Ciudad” está en el origen mismo de las gestiones del Pro, pero no fue hasta que Larreta decidió rematar definitivamente Costa Salguero que toda esa historia de ventas y concesiones de tierras públicas para el negocio inmobiliario saltó a la palestra. A tal punto que varios funcionarios y aliados electorales como el radical Martín Lousteau, que suelen elegir el silencio ante este tipo de discusiones, tuvieron que salir a explicar por qué votaban lo que votaban. Lo que en la jerga se dice “costo político”. La oposición, encabezada por el Frente de Todos, jugó fuerte en esa dirección y logró que el tema rompiera el cerco de los pasillos de la legislatura y llegara, por lo menos tímidamente, a formar parte de la agenda pública. Gozaban de viento a favor: simbólicamente, los terrenos en cuestión tienen una relevancia muy fuerte entre los porteños, que sufren de la escasez de espacios verdes y añoran recuperar su relación con el río, como lo hicieron otras ciudades portuarias, como Rosario.

Álvaro García Resta es además el funcionario que está detrás de todos los detalles de una megaobra de infraestructura para la zona costera. Se trata de un caño maestro de más de 20km que atravesará la Ciudad de punta a punta, bordeando el río. De acuerdo a la letra chica del convenio que la Ciudad firmó con Aysa para avanzar en su construcción, servirá para el desagote de cloacas de 13 proyectos inmobiliarios que Larreta tiene en carpeta desarrollar en el entorno ribereño.

Entre los emprendimientos inmobiliarios a los que el caño dará infraestructura están las torres que levantará el empresario “M” Eduardo Constantini, CEO de Consultatio, que se hizo con las tierras públicas de “Catalinas Norte 2”, ubicado a medio camino entre Retiro y el Puerto. También están los edificios que espera construir Gerardo Werthein, ex titular del Comité Olímpico, y su familia de empresarios y lobbystas, en Tiro Federal. Otro que espera con los colmillos afilados hace años es Eduardo Elzstain, quien le compró al club Boca Juniors los terrenos donde pensaba levantar el primer barrio privado de la Ciudad. Nicky Caputo, además, compró terrenos en la zona que tenían como único destino la construcción de oficinas del Estado, pero un cambio en la normativa impulsado por Larreta le permitió habilitarlo a privados y así vendió, obviamente, más caro. El caño que tiene proyecto Larreta le dará infraestructura a todos ellos. Hagan sus apuestas: ¿quién se quedará con Costa Salguero?

El proceso es siempre el mismo y raya la corrupción: la Ciudad pone en venta terrenos públicos con infraestructura precaria (donde “no hay ciudad”, según García Resta) a un precio módico en dólares; paso siguiente, la propia Ciudad, con sus propios recursos, urbaniza el terreno vendido, lo dota de servicios y mejora el entorno. El desarrollador inmobiliario hace un doble negocio: compra barato un terreno que a los pocos años tiene un valor mucho más alto, y allí construye y vende en función de ese nuevo valor. El negocio termina financiado con recursos públicos. Y entre los ganadores están, habitualmente, los apellidos mencionados.

En el caso del caño costero, Larreta planea invertir unos 160 millones de dólares (4.100 millones de pesos) sólo para contratar a la consultora que se encargará de llevar adelante el proceso de la obra, y en el estudio de impacto ambiental. Los fondos salen de un préstamo de 2016 dirigido a prevenir inundaciones. En este caso el perjuicio para el porteño es doble: la deuda pública de la Ciudad se usa para emprendimientos que nunca va a habitar y, además, pierde una obra que originalmente le servía.

Según consta en el convenio, la Ciudad tiene apuro en terminar el caño, que no estaba en las prioridades de Aysa. ¿Tendrán el mismo apuro para llevar agua potable a las villas porteñas?