Vigilar y castigar: la Policía de Larreta y su historial de video-espionaje

La madrugada del 17 de agosto de 2018, Cristina Kirchner volvió a su casa luego de una larga sesión en el Senado y se encontró con “dos personas sin identificación alguna que intentaron colocar 3 cámaras y un domo”, según denunció al día siguiente vía Twitter. En un largo hilo, la vice contó que al preguntarles quiénes eran y qué hacían en la esquina de Juncal y Uruguay, le contestaron que “eran empleados de la empresa Danaide SA y que trabajaban para el Gobierno porteño”. “Raro, ¿no?”, ironizó. Enseguida, sus abogados presentaron una denuncia que recayó en el juzgado de Claudio Bonadío, quien la desestimó. 

Cinco meses más tarde, en abril de 2019, la misma empresa, Danaide SA, obtuvo un premio gordo del Ejecutivo porteño: ganó la licitación por 94 millones de pesos para brindar el servicio de software al Ministerio de Seguridad para el sistema de “Reconocimiento facial de prófugos”, el mismo que este año suscitó una denuncia de organizaciones de Derechos Humanos y la apertura de una investigación judicial por el supuesto uso de la plataforma para el espionaje ilegal de 9 millones de personas, incluidas la propia vicepresidenta. 

El contrato se rubricó en tiempo récord: la licitación se abrió y a los seis minutos reloj Danaide ya la había ganado. Para las organizaciones que emprendieron la demanda por presunto espionaje, se trató de un indicio claro de que el proceso estaba amañado desde mucho antes. Y no es el único punto oscuro de la licitación: ¿el hecho de que Cristina ya hubiese denunciado a la firma luego de captarla “in fraganti” colocando cámaras frente a su domicilio no debió haber sido suficiente para no entregarle semejante responsabilidad? 

Según consta en la causa que llevó adelante el juez Andrés Gallardo, el Gobierno porteño le solicitó al Renaper los datos biométricos de unas 9 millones de personas, un número enorme, ampliamente superior a los aproximadamente 40 mil prófugos de la justicia que en principio eran de su interés y para lo cual había contratado a Danaide. En el listado aparecen jueces de la Corte, empresarios del círculo rojo, periodistas, políticos de todo tipo y color. 

El Gobierno porteño nunca se presentó a declarar ante el juez, pese a las sucesivas citaciones. Pero quien sí lo hizo fue un empleado de la firma, Emiliano Carlos Schmidt, encargado de desarrollar el código para el reconocimiento facial. Schmidt reconoció que la empresa trabajaba a partir de “listas negras” de personas que le entregaba el Ejecutivo de la Ciudad, y que, contrario a lo que dice el contrato de la licitación, la Policía tenía acceso a la base del sistema a través de Mariano Córdoba, jefe del área de Investigación y Desarrollo de la Policía de la Ciudad. Córdoba fue jefe de Informática del departamento de Personal de la Armada Argentina entre 2001 y 2008.

No conforme con eso, la administración de Rodríguez Larreta volvió a confiar en Danaide y le compró, en junio de este año, unas 7 “Cámaras de video con Protocolo IP”, por $591.660 cada una, que se suman a unas más de 50 desde 2017 en el marco de una licitación para servicios de “Transmisión de audio y video”. En parte, las cámaras que se vieron el sábado en Recoleta podrían haber sido tranquilamente provistas por la empresa.   

En total, Danaide tiene contratos con la Policía de la Ciudad por más de 700 millones de pesos, por servicios de ciberseguridad y videovigilancia, tal como reveló este medio en su momento. La empresa se convirtió, de alguna manera, en el Gran Hermano porteño. Pone buena parte de las cámaras (el Ejecutivo que conduce Rodríguez Larreta anunció este año que ya llegará a cubrir el 75 por ciento de las esquinas), aporta el software para la detención de prófugos (y varios otros) y hasta aporta tecnología para patrulleros y protege a las computadoras de ataques y jaqueos. 

El uso de cámaras por parte de la Policía porteña volvió a ser cuestionado esta semana cuando el diputado Leopoldo Moreau denunció al ministro de Seguridad, Marcelo D`Alessandro, y al propio Rodríguez Larreta por violar la ley de inteligencia, a partir de las fotos que daban cuenta de efectivos que filmaban a los manifestantes desde los edificios linderos del departamento de CFK.

“Ciudadanos que expresaban su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner fueron captados por los equipos de vigilancia policiales y registrados en su imagen personal, como así también, en su accionar democrático en el marco de una manifestación política sin incidentes de ninguna característica”, dice la denuncia.

“Esta violación manifiesta a la ley vigente fue registrada también por los presentes respecto de efectivos que se encontraban apostados con cámaras en determinados balcones de viviendas de vecinos de los edificios aledaños. Así, vemos como personal policial de civil también hace tareas de espionaje frente a la morada particular de la ex presidenta de la Nación, alertando respecto de la existencia de posibles maniobras de inteligencia ilegal contra quién, como está acreditado judicialmente, ya padeció este flagelo durante la administración de los servicios de inteligencia del gobierno de Cambiemos”, agrega. 

No sería la primera vez que la Policía de la Ciudad se vería implicada en tareas de espionaje. Como consta en el informe de la Bicameral de Inteligencia del Congreso (de la que Moreau forma parte), uno de los hombres clave para esa tarea de la “AFI Macrista” fue un ex agente de esa fuerza, Alan Ruiz. Otro agente, Jonathan Ezequiel Nievas, apodado “Jonny”, surge en los testimonios recogidos por esa investigación como quien colocó el cableado de los micrófonos en las celdas de Ezeiza donde se escuchaba a buena parte de los ex funcionarios kirchneristas con preventiva durante el gobierno anterior. 

Ya los primeros jefes de la policía -Osvaldo Chamorro y Jorge Alberto “Fino” Palacios- cayeron y fueron procesados por ese motivo. Lástima que semejante vigilancia no alcanzó para dar con el paradero de Arshak Karhanyan, el agente porteño sospechosamente desaparecido desde hace más de dos años.