En estos días se aprobará (o no) en el Congreso de la Nación un nuevo acuerdo con el FMI. El trazo grueso del mismo se conoce hace más de un mes: es un acuerdo de facilidades extendidas, que incluye nuevos préstamos por aproximadamente dos años y medio para cancelar el préstamo contraído por la administración de Mauricio Macri, y estipula un cronograma de vencimientos para el nuevo préstamo de alrededor de 10 años más.

Se habló mucho sobre lo complejo de elegir entre un posible default (agitando fantasmas sin demasiadas precisiones), que no tendría antecedentes en la historia de la economía mundial (por la magnitud del préstamo otorgado) y un acuerdo que vuelve a instalar la tutela del organismo sobre las decisiones de política económica doméstica. En este breve artículo queremos detenernos en el memorando enviado por el Ejecutivo al Congreso y en la “letra chica” del acuerdo que se estaría firmando.

Lo primero que debemos decir es que muy pocos esperan que se cumpla lo que se está acordando. Sólo a modo de ejemplo, en el documento se prevé un escenario donde la inflación interanual pasará del 50,9% de 2021 a entre un 38 y un 48%. Hay que hacer un esfuerzo imaginativo grande para suponer que, en el actual contexto bélico, con aumento en los precios de los combustibles, alimentos, restricciones de oferta y, en el ámbito local, con fuertes aumentos de tarifas (también estipulados por el Fondo), los precios minoristas de argentina descenderán en 2022 con respecto a 2021. De esto surgen preguntas clave. ¿Se está especulando inducir una fuerte recesión económica para frenar el alza de precios? ¿El ancla inflacionaria será el salario, fuertemente golpeado por cuatro años de macrismo y dos de pandemia?

Vinculado a lo anterior, no está claro cómo va a suceder qué, si los subsidios a la energía se reducen en menor medida que los salarios, el peso de los mismos en el gasto público se va a reducir, en un contexto de aumento en el precio de la energía. Y, con todos estos problemas, es aún más difícil saber qué va a pasar con el nivel de actividad si todos los supuestos que se hacen en relación al gasto público son, como no podría ser de otra manera, muy frágiles (por decir lo menos).

En resumidas cuentas, las contradicciones están a la vista de todos y nadie espera que esas proyecciones se cumplan. ¿Qué se discute entonces? A nuestro modo de ver, se discuten justamente los límites dentro de los cuales es posible discutir. Con el asunto de las tarifas el asunto es claro: hay muchos y muchas que estamos de acuerdo con que algo hay que hacer con los servicios públicos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que difícilmente se pueda sostener un incremento sistemático del gasto público destinado a subsidiar las tarifas; ahora bien, ¿por qué tenemos que aceptar que el AMBA tenga un esquema privatizado de distribución de energía que es raro no sólo en relación a la experiencia de los estados de bienestar europeos, sino que es una rareza en relación a toda la distribución de energía en el interior del país, controlada en otras provincias por el Estado? Si hay que a aumentar las tarifas, ¿por qué no discutir también un negocio que, a todas luces, ha sido un fracaso desde el punto de vista del conjunto de la sociedad?

Sobre el gran problema de la inestabilidad cambiaria, lo único que parece señalar el acuerdo es que la fortaleza en las reservas internacionales vendría sobre todo de la posibilidad de que el nuevo préstamo con el FMI exceda en el corto plazo el cronograma de vencimientos. Otra vez sopa. Nada se señala de lo que el propio ministro de economía Martín Guzmán reconoció en su reunión con los gobernadores de enero de 2022 cuando señaló que "los pagos al exterior por deudas financieras en moneda extranjera del sector privado han sido, en estos dos años, el principal factor que explica que el superávit comercial no se tradujera plenamente en aumento de reservas internacionales". ¿Cómo es posible que, en este contexto de fragilidad cambiaria sigamos estatizando las “deudas” privadas o, lisa y llanamente, financiando la compra de dólares baratos para unos pocos? ¿Cómo es posible que, además, vayamos a seguir financiando esto con más deuda con el Fondo?

¿Estatizar deuda privada? ¿No es mucho? No. Hace dos años que toda empresa que declara una deuda externa accede a un dólar “oficial” más barato que cualquier otro dólar. No importa si esta deuda es con una casa matriz o con otra empresa del mismo grupo. De hecho, el mismo ministro reconoce que llama la atención la magnitud con la creció el stock de deuda externa privada durante el macrismo; el cual alcanza hoy la friolera de casi 80 mil millones de dólares (42% de las cuales son “deudas” intra-grupo o, en castellano, autopréstamos). Aún hoy, con un dólar ilegal o paralelo que supera los 200 pesos, y un BCRA agotado, algunas empresas privilegiadas sacan dólares del sistema financiero argentino a menos de 115 pesos. Algunos señalan que mucha de esta deuda fue tomada a pedido del Gobierno para que los pagos no redujeran las reservas en el transcurso de estos años. Más allá de la similitud con el argumento utilizado por Cavallo para la estatización de la deuda privada del ´82 (vía seguros de cambio), lo cierto es que se ha hecho muy poco (o nada) para saber cuánto de esa deuda responde efectivamente a necesidades comerciales y/o financieras “reales”, y cuánto a movimientos especulativos con el tipo de cambio.

En resumidas cuentas, lo que este acuerdo viene a iniciar es la tutela del FMI sobre las decisiones de política económica y la delimitación de lo que el Gobierno puede hacer y lo que no. Hoy la discusión ha empezado por las tarifas y parece haberse eliminado la posibilidad de discutir una de las principales causas de la inestabilidad cambiaria argentina.El Ministro del Interior Eduardo de Pedro ha dicho recientemente que “El acuerdo con el FMI evita la catástrofe económica en Argentina”. A nuestro modo de ver habría que decir, para ser más precisos, que la posterga. Con el costo de que, al ser incumplibles estos términos, cada tres meses el Gobierno Nacional deberá volver a sentarse a negociar, desde una posición cada vez más débil y esta postergación podría redundar en una catástrofe futura peor. Los que dicen que este acuerdo no tiene las duras exigencias de los tradicionales acuerdos de facilidades extendidas están parcialmente en lo cierto, pero ¿cómo sabemos que, siendo que este acuerdo es incumplible, estás no puedan aparecer en breve? Para peor, el acuerdo tiene como ejes centrales la restricción monetaria y el “equilibrio” fiscal. ¿Los inevitables incumplimientos resultarán en fuertes ajustes? ¿Cuáles serán las alternativas?

Es imprescindible que la política del Gobierno no se reduzca solo a señalar que “esto es lo único posible”, o que “es esto o la catástrofe”, porque nadie quiere una catástrofe, y por eso mismo este argumento puede servir para legitimar cualquier ajuste. Es imprescindible que el Gobierno, sabiendo las dificultades del caso, no renuncie a discutir los problemas estructurales de la Argentina, entre los cuales el de la privatización menemista de algunos servicios públicos es clave y el del control de la cuenta capital también. Una visión pragmática de la realidad indica que, postergar el conflicto, sin rumbo, y a costa de una mayor debilidad futura, no es una buena estrategia.

*En co-autoría con Alan Cibils. Investigadores docentes del Área de Economía Política, Instituto de Industria, Universidad Nacional General Sarmiento. Twitter: @germanpinazo | @EconomiaPolUngs