El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, cerraron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que en las próximas horas será presentado ante la Cámara de Diputados en formato de proyecto de ley para su tratamiento. La presentación incluirá varios anexos con la totalidad de los documentos que conforman el entendimiento: el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico. 

Desde el Ministerio se informó este jueves que el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de aproximadamente USD 45.000 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio (JxC) ya estaba cerrado. Momentos después, el organismo internacional confirmó el acuerdo a través de una publicación en su página web.

El Palacio de Haciendo sostuvo que el programa de refinanciación busca generar condiciones de estabilidad “necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”.

El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos comenzarán a abonarse a partir de 2026 y hasta 2034. Para el Gobierno, se trata de un programa “acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica”.

Nación coincidió con el FMI que coincidieron con el FMI en que la inflación es "uno de los principales desafíos de la política macroeconómica que debe ser abordado desde un enfoque integral”.

“La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas”, señalaron desde la cartera que conduce Guzmán.

A su vez, remarcaron que a partir de este acuerdo “se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos”.

En relación a las jubilaciones, el Gobierno afirmó que el acuerdo con el FMI “no prevé ninguna reforma previsional” y estipula “continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609". 

Respecto al valor de los servicios, se informó que el Estado Nacional “está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales”.

Para ello, el Poder Ejecutivo impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, “las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago”.