Por tercer año en consecutivo, el gobierno de María Eugenia Vidal buscará mañana que los legisladores bonaerenses aprueben la prórroga de la emergencia administrativa y de infraestructura. La medida busca evitar pasos burocráticos en trámites oficiales y de licitación, tanto para la obra pública como para la contratación de bienes y servicios. Además, de aprobarse la ley, se extenderá el “nuevo” régimen de contratación en la administración pública.

La letra de la emergencia administrativa establece que el régimen de contratación del Estado provincial sea de servicios y se autoriza a ministros y titulares de órganos descentralizados a contratar a una “sin sujeción a un resultado concreto”, siempre que responda a una necesidad de carácter transitorio.

De este modo, los funcionarios con jerarquía de ministros realizan contrataciones, en su mayoría bajo la forma de monotributo, evitando así ampliar la planta transitoria del Estado que garantiza por ley mayores derechos laborales como el aguinaldo, vacaciones pagas, indemnizaciones, etc.

Durante la sesión, el oficialismo buscará aprobar además –con apoyo del Frente Renovador- modificaciones a la Ley 13.661, de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires. El proyecto de ley que introducirá cambios en los procedimientos de jurys generará polémica en el recinto ya que ni siquiera se discutió en comisión.

La Provincia avanzará también con otro punto de la reforma judicial en la que viene trabajando el ministro Gustavo Ferrari, y se creará la comisión permanente del mapa judicial de la provincia de Buenos Aires.