Escoltado por una movilización que reunió a un centenar de personas, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de La Plata, Luis Arias, llegó este mediodía a la Legislatura bonaerense donde se presentará en una audiencia en la que se definirá si será sometido a juicio político.

La moción de jury contra el magistrado que es reconocido por sus fallos en contra del tarifazo y a favor de los docentes en la lucha por las paritarias con la Provincia,  fue promovida por el Procurador y ex funcionario de María Eugenia Vidal, Julio Conte Grand.

El jurado que determinará la validez de los argumentos del jury está integrado por cinco legisladores designados por sorteo los senadores Roberto Costa (Cambiemos), Jorge D’Onofrio (Frente Renovador) y Héctor Vitale (Bloque Peronista) y los diputados Pablo Garate (Frente Renovador) y Marcelo Feliú (Cumplir); cinco abogados de la matrícula, y la presidenta que es la jueza Hilda Kogan.

Basta que seis estén presentes y que cuatro voten en el mismo sentido para tener una resolución. En caso de hacer lugar comenzará formalmente el juicio y Arias quedará suspendido.

Las acusaciones contra Arias

Una de las acusaciones contra el magistrado por supuesto “mal desempeño”, “incompetencia o negligencia” e “incumplimiento de sus deberes” se remonta a 2013, año de la gran inundación que azotó La Plata. En ese entonces, el gobernador Daniel Scioli quiso evitar que se difundiera el número real de víctimas, que el gobierno provincial sostuvo en 51.  Para la investigación en la Justicia, el gobierno del entonces intendente Pablo Bruera pretendía que interviniera el Juzgado penal, pero Arias sostuvo que la competencia era suya (luego la Corte le dio la razón).

A diferencia del Scioli y Bruera, el juez Arias puntualizó que las víctimas fueron 89, y detalló una serie de irregularidades: casos de personas que murieron en la vía pública y se consignaron como fallecidas por causas naturales y otros en que hubo personas enterradas con un mismo nombre, entre otras.

Aun así, el magistrado fue denunciado por haberle indicado al fiscal penal Jorge Paolini que no podía ser él quien estableciera el cómputo de las víctimas. Un primer jury impulsado por eso fue archivado. Pero la cuestión fue reflotada ahora.

Otro tramo de las imputaciones consideran una irregularidad que Arias ordenara la atención de un preso en un hospital, ya que tenía una infección generalizada después de haber sufrido la amputación de una pierna y no recibía tratamiento adecuado en la cárcel. También se le imputó que, en causas donde estaba en juego el derecho a la vivienda, falló por frenar desalojos masivos, tal como sucedió en la localidad platense de Abasto.