Tras la exitosa sanción de la Ley de Presupuesto y Pacto Fiscal, el Ejecutivo vuelve a apostar a las negociaciones con opositores en la Legislatura para lograr la aprobación en el Senado –tras dos intentos frustrados por el peronismo- de la adhesión de Buenos Aires a la cuestionada ley nacional de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Además María Eugenia Vidal enviará un nuevo proyecto de reforma ministerial que apunta a achicar el gasto político en la gestión bonaerense y otra norma que busca terminar con las “jubilaciones de privilegio”.

Sobre el proyecto de reforma a la ley de jubilaciones y pensiones -que se aprobaría recién el año próximo-, el Ejecutivo busca eliminar el privilegio que alcanza hoy a los cargos de gobernador, vicegobernador, funcionarios de los organismos descentralizados, legisladores y magistrados, quienes pueden jubilarse con 55 años de edad y 30 de servicio, mientras que la mayoría de los 600.000 empleados públicos deben reunir un mínimo de 60 años y 35 de servicio para que el Instituto de Previsión Social (IPS) los reconozca como jubilados.

 Las “jubilaciones de privilegio” permiten obtener un haber previsional del 82% del sueldo del trabajador en actividad. En tanto, el porcentaje para el resto de los estatales oscila entre el 70% y el 80% del haber del trabajador en actividad, disparidad que ahora se busca equilibrar con el proyecto oficial. Además la norma vigente permite que los legisladores con al menos dos años de mandato puedan acumular años de servicio de cualquier caja nacional, provincial, municipal o privada.  

 El gobierno de Vidal busca también reformar la Ley de Ministerios para lograr una  reducción del gasto político estimada en $500 millones, a partir de la fusión y eliminación de direcciones, secretarías y subsecretarías que no tiene una “función concreta”. Según trascendió, se eliminarían unos 150 cargos de las actuales 80 subsecretarías, 277 direcciones provinciales y 633 direcciones de línea.

Finalmente, Vidal buscará además que la Legislatura apruebe la adhesión a la ley nacional de ART. Si bien la adhesión fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en mayo, el Gobierno aún no logró destrabarla en el Senado, donde es resistida por el massismo, el peronismo y el kirchnerismo, cuyos bloques se negaron a tratarla en reiteradas oportunidades en las comisiones de Trabajo y Presupuesto. Por eso, se prevé que el Senado podría sancionar la adhesión a la ley nacional de ART en sesiones extraordinarias.