Minutos antes del mediodía comenzó la sesión especial en el Senado bonaerense para tratar la adhesión de Buenos Aires a la cuestionada ley nacional de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), que fue aprobada en mayo por la Cámara Baja. El proyecto estuvo trabado en su tratamiento en comisiones por la oposición del bloque peronista, el FPV y el massismo. En la sesión especial de hoy se consiguió el dictamen y se convirtió en Ley. 

Desde Unidad Ciudadana exigieron la votación nominal (cada senador a su turno expresó su voto). En general del proyecto que consiguió “29 votos positivos y 19 negativos”.

Previo a la votación, la jefa del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, Teresa García,  afirmó que la norma a nivel nacional es “inconstitucional” y que en el tratamiento de la norma tuvo “irregularidades” y afirmó: “Queremos dejar claro que se ha votado violando el reglamento” y contó que ayudarán con esa sesión a la litigiosidad de los trabajadores “cuando vayan a la Justicia por esta Ley”.

Además García había exigido la aprobación por 2/3 de la Cámara y explicó: “Antes de someter a votación el dictamen que acaba de salir en segundos de la Cámara puesta en comisión, que se vota con mayoría simple, quiero remarcar que la convocatoria a sesión especial no tenía objeto, es decir, este es un proyecto que no figura como asunto entrado porque no tiene dictamen”.

Y continuó: “Esto no ha tenido el normal procedimiento de construcción de la ley, no lo hace objeto de asuntos entrados. Si ustedes lo quieren votar hoy, lo que se necesita son los 2/3 de los presentes porque tienen que hacer un pedido de sobre tablas, salvo que quieran utilizar el otro mecanismo que es la convocatoria a una próxima sesión donde se le dé oportunidad al normal procedimiento de construcción de leyes, y esté como asuntos entrados”.

La nueva normativa implementada a nivel nacional a través del Decreto 54/2017 tiene como objetivo principal "reducir la litigiosidad por accidentes laborales" y establece como "obligatorio y excluyente" la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales como "instancia administrativa previa" a la presentación del trabajador ante la Justicia en reclamo de una indemnización por enfermedad o incapacidad. Este es uno de los puntos más controversiales de la norma.