Este jueves, la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto que prevé la expropiación de seis terrenos e inmuebles en las localidades de Moreno, Quilmes, Merlo y La Matanza donde se construirán cárceles y alcaidías departamentales en un plazo de diez años.

La iniciativa ya contaba con media sanción -luego de su tratamiento en Diputados-, por lo que hoy se convirtió en ley. El proyecto había sido impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular es Julio Alak, con el objetivo de disminuir la superpoblación de las unidades penitenciarias y calabozos de las comisarías de la Provincia.

Mientras que el Frente de Todos tiene mayoría en la Cámara Baja, el tratamiento en el Senado prometía ser más complicado pues necesitaba de los votos de la oposición para que la iniciativa fuera aprobada. Por esa razón, ayer y hoy el propio Alak mantuvo reuniones con los legisladores para alcanzar los acuerdos necesarios.

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“La ley va a permitir garantizar derechos y garantizar condiciones dignas a los hombres y mujeres que están privados de la libertad. Y es virtuoso que se de en los lugares donde objetivamente provienen la mayor cantidad de detenidos hoy en el sistema, porque los acerca a sus familias«, expresó el senador de Merlo, Gustavo Soos, durante la votación de esta tarde.

Por parte de la oposición, Roberto Costa, presidente del bloque Juntos por el Cambio, expresó el acompañamiento de su fuerza política. “La Matanza tiene 4 mil detenidos y solo tiene lugar para 400. Es decir que hay 3.600 matanceros que están en otros lados, que generan visitas largas, prolongadas y a las que no pueden acceder personas de bajos recursos”, expresó.

Finalmente, el proyecto se aprobó y el gobierno de la Provincia podrá encarar la construcción de dos unidades penitenciarias con capacidad de mil plazas cada una y diez alcaidías para 300 reclusos en cada dependencia, en un plan de diez años.

A partir de la aprobación de la iniciativa que forma parte del “Plan de Infraestructura Penitenciaria” de la cartera que conduce Alak, los terrenos expropiados pasan a ser propiedad del Estado Provincial, quien los asignará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.