Un ex intendente bonaerense fue procesado y embragado por 100 millones de pesos en el marco de una causa por presunta “malversación de fondos” durante la era de gobierno de Cambiemos. La justicia Federal inició las acciones ante la investigación por irregularidades en la utilización de fondos de Nación para obras municipales.

Se trata del ex mandatario de Pilar, Nicolás Ducoté, quien ahora enfrenta un embargo y la prohibición para salir del país, a raíz de la causa que lo acusa de irregularidades en una serie de convenios firmados en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri. La medida judicial fue dictaminada por el juez Federal de Campana, Adrián González Charvay.

En ese sentido, Ducoté –quien fue jefe Comunal durante 2015 y 2019- y varios ex funcionarios de la municipalidad de Pilar quedaron procesados por el delito de defraudación contra la administración pública.

La causa se inició en el año 2019, a raíz de una denuncia impulsada por una concejal del Frente Pilarense, quien acusó a Ducoté de irregularidades en la administración de fondos. Se trata de montos que estaban destinados a la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el barrio Peruzzotti.

Por su parte, se dictó también la falta de mérito a los ex funcionarios nacionales que dependían del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo en su momento de Rogelio Frigerio. Los mismos son: Iván Kerr, ex secretario de Vivienda y Mariana Klemensiewicz, ex secretaria de Infraestructura Urbana.

Asimismo, quienes sí quedaron ahora bajo la mira de la Justicia, fueron el conjunto de funcionarios que sí serían considerados partícipes de la maniobra. Entre ellos se ubican: Nicolás José Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede.

“Actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”, sostuvo el juez González Charvay.