De todas las puntas del programa económico instrumentado por el Gobierno Nacional de Javier Milei, uno de los reclamos que más se repite entre los intendentes es el de la obra pública frenada: proyectos clave, en muchos casos ya licitados y en marcha, que no verán la luz del día a menos que los municipios pongan de la suya para cubrir los costos – una verdadera misión imposible. Por eso la presión ya se siente en el conurbano, donde un jefe comunal anunció que irá a la Justicia para que la Casa Rosada continúe las obras inconclusas.

Cloacas, agua potable, jardines de infantes y de maternal y edificios universitarios municipales forman parte de la extensa lista de proyectos desfinanciados por el Gobierno libertario que empujaron a Pablo Descalzo, intendente de Ituzaingó, a buscar soluciones en la Justicia. El jefe comunal presentará un amparo colectivo para que el ministerio de Economía de la Nación continúe con las obras interrumpidas y “acompañe el progreso y el desarrollo” del distrito, afirmó el dirigente en declaraciones a Primer Plano.

Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. Son obras que están vinculadas con educación, con Derechos Humanos, y queremos hacerlas valer. Se empiezan a caer obras educativas, cloacas, agua corriente, todo suspendido. El Centro Regional Universitario estaba licitado para comenzar la obra de la sede central y ampliar para poder oferta académica, y el Gobierno Nacional se negó a afrontar la obra”, apuntó el jefe comunal, integrante de Unión por la Patria (UP).

El reclamo es el mismo que surge en otros puntos de la Provincia, tanto en el peronismo como en otras fuerzas del arco político opositor. Para los intendentes, que le ponen el cuerpo en la gestión diaria a la crisis económica y al ajuste, el presidente “se desliga constantemente de sus responsabilidades”. Descalzo ejemplificó: “Hay muchos vecinos de Ituzaingó y del conurbano que dejaron de acceder a medicamentos que eran fundamentales y se acompañaban desde el Gobierno Nacional”.