“Escuchar a todos”: Arrancó en Diputados el debate por la ley de alquileres
La presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, pidió “escuchar a todos los sectores”. Ya se vive la tensión entre las Cámaras Inmobiliarias, que buscan recuperar rentabilidad, y las agrupaciones de inquilinos.
“Escuchar a todos”. Con la idea de que sea un “debate participativo”, la presidenta de la comisión de Legislación General de Diputados, Cecilia Moreau, puso en marcha el tratamiento de un nuevo proyecto que reemplace la ley de alquileres vigente, una idea que fue consensuada en la previa por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y los titulares de bloques de la UCR, Mario Negri, y del Pro, Cristian Ritondo.
La primera jornada del debate, que está previsto dure unos 30 días hábiles, comenzará la próxima semana. Las reuniones “informativas”, de las que participarán en principio las cámaras inmobiliarias de todo el país y las asociaciones de inquilinos, serán todos los martes a las 17 horas. Se espera que el dictamen, favorable dado el acuerdo político sellado la semana pasada entre un sector del oficialismo y la oposición, esté listo a principios de junio, para ser votado en el recinto.
“Es un tema que está presente en la sociedad, y es un conflicto en el mercado inmobiliario que afecta principalmente a los inquilinos”, dijo Graciela Camaño, de Consenso Federal, la única diputada de la Comisión que no pertenece ni a Juntos por el Cambio, que aportó 16 legisladores y legisladoras, ni al Frente de Todos, que cuenta con 18.
Hasta ahora son tres los proyectos presentados formalmente en la Comisión, aunque se especula que hay en danza al menos siete. Uno lleva la firma del sanjuanino José Luis Gioja y otros 16 diputados del Frente de Todos, y propone gravar un impuesto a la vivienda ociosa, fijar topes concretos a los aumentos y elaborar un plan de vivienda social para alquiler, entre otras medidas que tienden a profundizar la norma vigente. Y otros dos proyectos de la oposición: uno de Alberto Assef y otros seis legisladores del Pro, que agiliza los desalojos y propone beneficios para las Cámaras Inmobiliarias; y el restante del riojano Felipe Alvarez y otros cinco diputados, entre ellos Rogelio Frigerio, que propone directamente derogar la ley actual.
Dos textos similares presentó este mismo martes el diputado Federico Angelini, pero la idea misma de que la Comisión de Legislación General se haya constituido para consensuar un sólo texto tuvo que ver con la intención del propio Massa de evitar un vacío legal entre una ley y otra, tal como había amagado en principio la oposición. El presidente de la Cámara intentó no ceder la iniciativa a Juntos por el Cambio y acordó debatir sobre ese mismo de piso de modificar los artículos más progresivos de la ley, pero en un ámbito institucional dentro de la propia comisión.
Así las cosas, el consenso entre el massismo y la oposición pasa por tres puntos fundamentales, tal como adelantó Diagonales: reducir de dos a tres años la duración de los contratos, retrotraer el plazo de actualización de un año a seis meses y reemplazar la fórmula actual que fija los aumentos por uno nuevo. Con esas premisas había empezado a trabajar en un nuevo texto la diputada massista Marcela Passo, que finalmente no formará parte de la comisión.
Esas ideas fuerzas son apoyadas por las cámaras inmobiliarias, pero rechazada por las asociaciones de inquilinos. “Lo que está en disputa es quién gana y quién pierde y desde hace mucho perdemos los inquilinos, hay que politizar la discusión porque siempre que se habla mucho de acuerdos, de que todas las partes estén conformes, por lo general, pierden los más débiles”, denunció Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos. Para Muñoz, “no hay posibilidad de favorecer a ambos sectores”, tal como circula en el espíritu del debate.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, dijo por su parte que "hay que aumentar la oferta" de alquileres, para lo que hay que "retrotraer a dos años el contrato de alquiler, tener índices alternativos a elección de partes y una actualización cada seis meses". Respecto de la idea de gravar el impuesto a la vivienda ociosa, aseguró que "no lo vemos factible".
Habrá que ver qué sucede con algunos legisladores oficialistas que forman parte de la comisión y están más referenciados con el progresismo, como Mara Brawer, Daniel Arroyo, Federico Fagioli o Paula Penacca, respecto de los puntos de la nueva norma que fueron denunciados como “regresivos” por las organizaciones sociales.
El único punto de acuerdo, hasta ahora, surgió en relación al Índice de Contratos de Locación (ICL), que fija los aumentos, aunque por razones distintas. Mientras que para las Cámaras representa una pérdida de rentabilidad (los aumentos los fija el Banco Central y además, según dicen, retrae la oferta) para los inquilinos viene dando aumentos imposibles de pagar. Hasta ahora, el índice se compone de un promedio entre la inflación mensual del INDEC y el aumento de los salarios en blanco que mide el Ministerio de Trabajo. Habrá que ver por qué mecanismo se reemplaza, uno de los debates más calientes que se verán en los próximos 30 días hábiles.