A los brotes

 “La rebelión consiste en mirar una rosa

 hasta pulverizarse los ojos”.

Alejandra Pizarnik

Aguinaldo y San Perón

La eficacia y la sensibilidad del Gobierno en la pandemia son fiscalizadas por los distintos actores sociales, con paciencia menguante y ansiedad creciente. La Casa Rosada subordina las decisiones a la magnitud de los desafíos, licuando su propia densidad ideológica para que la irritación opositora o la susceptibilidad de propios y ajenos la exima de entorpecimientos y trabas de cualquier gestión. 

En tal contexto, el lobby empresario no tiene techo y el sindicalismo adolece de una proyección estratégica que lo confina bajo los tres palos del arco, atajando los penales de la clase dominante. El pataleo del establishment para que el Estado asista a los grandes holding en el pago del aguinaldo mediante el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) exigió esta semana la respuesta del presidente Alberto Fernández, quien dijo durante la conferencia de prensa posterior al anuncio de la extensión del ASPO que esa medida fue pensada para “cubrir sueldos” y “no para otra cosa”.

Un día antes, el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, había expresado que “la CGT no puede renunciar al hecho de que el aguinaldo es un derecho ya constituido”. En declaraciones a FM La Patriada, advirtió que cada gremio trataría de “llegar a un acuerdo” con las patronales que estén funcionando y tengan espalda, y agregó que “no hay que pedírselo al Estado” porque el sector público “está haciendo un gran esfuerzo”. “Si seguimos dándole a la maquinita, eso trae inflación, y la inflación la pagan los trabajadores”, argumentó.

Su postura traduce la mirada de la conducción de la central obrera, en manos de los cosecretarios Héctor Daer y Carlos Acuña. El problema es que las cámaras que nuclean a los dueños de los emporios comerciales siguen fatigando todos los canales de comunicación y pressing ante cada atisbo de resarcimiento gubernamental a los postergados o cada esbozo de proyectos redistributivos, como el gravamen a las principales fortunas del país y la eventual reforma tributaria. 

Los popes del capital vernáculo que se reunieron con el primer mandatario el miércoles pasado abandonaron la Residencia de Olivos con una sonrisa de oreja a oreja. A la mesa, se sentaron Luis Pagani (Arcor); Sergio Kaufman (Accenture); Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza); Daniel Herrero (Toyota); Luis Pérez Companc (Molinos Río de la Plata); Marcos Bulgheroni (Panamerican Energy); Javier Madanes Quintanilla (Aluar); Mariano Bosch (Adecoagro); y Martín Migoya (Globant). 

La tenida se produjo luego del almuerzo que Fernández mantuviera con Roberto Lavagna, ex ministro de Economía y hombre cuya filiación computan los operadores políticos a la corporación Techint. No es casual que el capo de la multinacional ítalo-argentina, Paolo Rocca, no participara del mitín posterior. Fuentes sindicales se quejaron ante este medio bajo la sospecha de que el emisario de la T le está imponiendo un itinerario al Presidente o trata de mitigar los daños que le prodigue la hoja de ruta que empieza a trazar el Poder Ejecutivo en la pandemia.

Diagonales tentó con una conversación a Lavagna, pero el otrora funcionario estelar que acompañó a Eduardo Duhalde durante su interinato desde 2002 y se quedó en el gabinete de Néstor Kirchner hasta el 28 de noviembre de 2005 prefirió el silencio. Es curiosa la circularidad de la historia: mientras que el actual Jefe de Estado fue quien anunció, como ministro coordinador, la salida del economista esa tarde y su reemplazo por Felisa Miceli, ahora es el propio ex candidato presidencial que reunía expectativas y vanidades mustias quien declina los ofrecimientos para hacerse cargo del fantaseado Consejo Económico y Social. Tal vez su biografía política permanezca encapsulada en ese mediodía que ingresó al despacho de Kirchner por última vez, con una carpeta bajo el brazo. “Néstor, te traje esto del Fondo”, dijo el todavía ministro, y el patagónico lo interrumpió: “Pará, pará, Roberto, antes tengo que decirte algo”. Luego, cada cual la contó como quiso… o como pudo.  

Lo que parece claro es que pasan los gobiernos pero quedan las empresas. Eso explicaría la recurrencia de los actores en el reparto de papeles. Con palabras crudas lo explicó el prestigioso investigador Eduardo Basualdo en un reportaje concedido a Letra P, cuando caracterizó la experiencia de la coalición en ejercicio del mandato en curso como “un frente nacional” que incluye “una parte importante de la clase trabajadora y los sectores populares pero también a los grupos económicos”.

Ese tipo de apreciaciones ponen en alerta a los sectores más combativos de la alianza electoral triunfante en 2019 y cuya cohesión está a prueba casi cotidianamente. Así, la última victoria peronista en las urnas escamotea una derrota cultural tal vez más dura que la pesada herencia financiera que legó el macrismo. La supuesta superación de antagonismos inconducentes habría dado por resultado la naturalización de una lengua yerma, que se pavonea con un pluralismo sin alteridad y normaliza la renuncia de antemano a ciertas discusiones bajo excusas algorítmicas sobre una insondable y desmovilizadora apelación a la deficitaria relación de fuerzas.

Una extensa reunión de mesa chica en la CTA de los Trabajadores con el diputado Carlos Heller dejó por saldo este viernes la sensación de que el proyecto de “aporte extraordinario” de los 12 mil habitantes más ricos para hacer frente a la pandemia acredita como única garantía la voluntad de avance de la vicepresidenta Cristina Fernández. En la Cámara baja, aguardarían el mejor momento para tratarlo, como si hubiera una ventana de tiempo ideal, y la excusa que escucharon los dirigentes gremiales es la dificultad para juntar 129 legisladores en sus bancas para lograr la aprobación. Si ese guarismo no se alcanza en el oficialismo no es sólo porque cuenta con 119 escaños y queda a 10 del número mágico sino porque la propuesta no termina de cuajar o coincidir con la táctica de Fernández.

Desde fines de mayo, sin embargo, los testimonios recogidos por este cronista abonan la hipótesis de que el líder del Frente de Todos se muestra decidido a aprovechar “la oportunidad”, tal como le gusta decir, para construir un país más justo. “Falta que se convenzan los albertistas”, chucea un funcionario con asiento en La Plata.

Confesiones de invierno

“Fue un negoción sacar los dólares del país”, descerrajó el industrial textil Teddy Karagozián con una mezcla de resignada comodidad y desembarazada distancia de la clase a la que pertenece. Sus declaraciones fueron publicadas inicialmente por la agencia Noticias Argentinas y rebotaron enseguida en los portales especializados en materia económica pero, además, tuvieron inmediata repercusión en “Nuestra Voz”, el grupo de WhatsApp compuesto por los empresarios que apostaban a la reelección de Mauricio Macri y, bajo el imperio del Covid19, se conforman con la buena predisposición del Presidente para considerarlos esenciales al final de la cuarentena.

Tras la infidencia, Karagozián se escabulló del ágora mediática y, sin pronunciarse sobre el rinde de la formación de activos externos, otros peso completo de la economía se animaron a hacerle un rulo a esa fugaz intervención. Tal fue el caso del cafetero Martín Cabrales, que accedió a una charla telefónica con la emisora radial emplazada en el barrio de La Paternal y nombrada anteriormente para retrucar que pretende una “reforma productiva”, ante la pregunta por la transformación del sistema tributario. “Usted sabe que la gente puede irse, puede considerar más atractivos otros lugares o domicilios fiscales”, deslizó en rechazo a la pinza recaudatoria del impuesto que ideó el centro CIFRA-CTA y los cambios en materia impositiva para mayor progresividad.

Resbalosos y supervivientes, los hombres de negocios no van a rendirse a los buenos modales del Estado más robusto del continente a la hora de asistir a los sectores vulnerables e instrumentar mecanismos que aseguren los derechos de los trabajadores en medio del derrumbe planetario. Insuficientes y finitas, sus estructuras -vetustas en algunas áreas y lánguidas en otras- se mueven al compás de la inventiva y los reflejos de los cuadros técnicos en funciones y los dirigentes políticos que los conducen, lo mismo que al paso de sus defecciones cuando las hay.

En ese sentido, el informe publicado por el centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la UNSAM (CETyD) grafica el alcance de la malla de contención socioeconómica diseñada desde la cascoteada y nunca tan bien ponderada estatalidad. “Las políticas implementadas a partir de la pandemia (salario complementario, IFE y créditos a tasa cero) permiten garantizar ingresos básicos a casi 11 millones de personas. Si a ese colectivo se le suman los 3,2 millones de trabajadores que se desempeñan en el sector público, los 6,9 millones de jubilados y pensionados y los 120 mil que perciben el seguro de desempleo, se concluye que el Estado está sosteniendo ingresos a casi 21 millones de personas”, reza el documento. 

Y a su vez, reconoce que “la correcta calibración de estas políticas de ingresos es un desafío formidable”. “Se trata de garantizar que el apoyo le llegue en tiempo y forma a los sectores que más lo precisan y, en simultáneo, de evitar que lo usufructúen quienes tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades sin valerse de los (limitados) recursos públicos”, afirma.

Pese a las taras de pago chico, el contraste con los países de la región es notorio. Un artículo firmado por la socióloga Cecilia Anigstein y la politóloga Natalia Carrau para La Nación Trabajadora reseña los estragos de la emergencia sanitaria en el entramado laboral de Latinoamérica:

• La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) le presentó a la presidenta de facto, Jeanine Añez, un pliego que menta el congelamiento del salario mínimo. En esa mesa de diálogo, no hay representación de los sindicatos, según las autoras.
• En Perú, los trabajadores despedidos tras el decreto que autorizó la “suspensión perfecta de labores” cobran indemnizaciones de un fondo ideado para la “compensación por tiempo de servicio”, un recurso al que se acude para lo que se conoce como “días de paro”.
• El inefable Jair Bolsonaro sacó en Brasil la Medida Provisoria 936, que habilitó la reducción del salario a cambio de la estabilidad del empleo. Por mucho menos, las bases de las regionales de la CGT en Argentina se levantan contra sus propios dirigentes cuando acuerdan con la UIA.  
• Al otro lado de la Cordillera de los Andes, Sebastián Piñera impulsó una ley que habilitó a las empresas a suspender el pago del salario a trabajadores durante el periodo de crisis. “Empresas transnacionales del sector alimentario de gran renombre, como Starbucks o Burger King, se acogieron a esa normativa y ‘protegieron’ a sus trabajadorxs”, escribieron Anigstein y Carrau, y consignaron que esas gigantes pusieron en pausa el contrato de aproximadamente 4 mil empleados.

El recuerdo estival del ascenso rimbombante de Nayib Bukele en El Salvador sugiere más algarabía que el préstamo aprobado por el FMI bajo el formato de “Instrumento de Financiamiento Rápido” por 389 millones de dólares. El organismo multilateral de crédito exige ahora una reforma del Estado salvadoreño.

Estas glosas de la recopilación que hicieran las académicas citadas inyectan algo de tolerancia pero no constituyen solaz alguno. Aunque países como Guatemala y Paraguay establecieran el Covid 19 como causa justa de despido y cualquier argentino con mediana humanidad se horrorice, por estas pampas la Superintendencia de Riesgos de Salud fue sorprendida al inicio de la cuarentena con un titubeo relámpago que demoró un par de días el mote de “enfermedad laboral” para el virus en expansión. Si es verdad que los peronistas tienen compañeros en todos lados, como acuñara la ex Presidenta durante un acto en Tecnópolis en la primavera de 2013, no es menos cierto que las empresas también cuentan con agentes curtidos en pasillos y oficinas de la administración pública, con firma y sello guardado en los cajones de sus escritorios. Una capa geológica no se le niega a ninguna aventura política.

Cinismo de bobos

Como las reglas del ASPO mantienen a gran parte de la población puertas adentro, resulta lógico que los índices de delitos registrados y la percepción de inseguridad caigan tanto o más que el PBI. Sin embargo, la pulsión represiva de las fuerzas policiales sigue rigiendo. 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) informó que acompañó a las víctimas de los casos más resonantes en las últimas semanas y este medio pudo saber que su personal trabaja  en la sistematización de casos de violencia institucional, que proliferaron de manera preocupante desde la entrada en vigencia del decreto 297/2020. Según la CORREPI, la ferocidad de los uniformados dejó 12 crímenes en comisarías en 81 días. En 48 boletines, la organización recogió casos espeluznantes, desde el que sufriera la familia Qom en Chaco o el asesinato de Luis Armando Espinoza en Tucumán hasta el adolescente acribillado de 18 balazos por un agente de la Policía Metropolitana en los pasillos de la Isla Maciel el pasado 1 de junio. 

Muy lejos de la coherencia talló la gacetilla de prensa de Juntos x el Cambio promoviendo la citación del secretario de DDHH, Horacio Pietragalla, para que brinde explicaciones en el Congreso. “No sólo es oportunista sino cínica”, respondió el investigador de la UNLP Esteban Rodríguez Alzueta ante una consulta de Diagonales, y añadió: “gran parte de lo que está sucediendo tiene que ver con lo que ellos no sólo nunca hicieron, sino que además abonaron a la violencia policial cuando aplaudieron a Chocobar”. 

A su criterio, ese rapto de presunto compromiso cívico entre los cambiemitas obedece a su  “incapacidad para hacer política”. “Cuando no se te cae ni una idea, cuando no podés hacer política a través de la economía (porque generaste desocupación, inflación, marginación), cuando no podés hacer política a través de la salud (porque cerraste el Ministerio de Salud), uno de los pocos lugares que tenés para presentarte como merecedor de atención en el espacio público es haciendo extractivismo en el dolor de la víctima, es decir, haciendo política a través de la desgracia ajena, manipulando el dolor de la víctima”, concluyó. 

Con todo, al kirchnerismo le reportó cierto alivio, y eso dice demasiado sobre los cabildeos intestinos del oficialismo, el tuit de Fernández condenando las aberraciones de los policías chaqueños. Si la palabra pública de las autoridades tiene una dimensión performativa, al Frente de Todos le falta espesor en la sustancia semántica para que se esclarezca un orden o una línea en la fuerza política aún en ciernes. Máxime, si se concede que será carísimo enfrentarse a cuestiones peliagudas por venir que no se enuncien con anticipación: ningún pacto social puede celebrarse sobre la opacidad o la negación de reticencias entre los convidados.

No es casualidad que la pandemia saque a flote impulsos que regurgitaban subterráneamente. Lo que las protestas por el estrangulamiento de George Floyd en Estados Unidos materializaron en la superficie trasciende el racismo enquistado al norte del Río Bravo y encuentra sus fundamentaciones más hondas en la desigualdad. Para peor, no hay jurisdicciones exentas de ninguno de esos dos flagelos: “las vulnerabilidades arrastradas desde antes de la crisis actual se traducen en consecuencias particularmente graves de la COVID-19 para 55 millones de mujeres y hombres indígenas que viven en América Latina y el Caribe”, estimó un reciente informe de la OIT a través del cual llamó a reducir lo que considera “una marginación centenaria”.

El riesgo para los gobiernos que porfíen con la desatención a esos síntomas podrá vestirse en adelante de “precariado”, como en Francia y Chile, o con las pecheras de los trabajadores excluidos, hasta aquí contenidos en la pobreza estructural con lazos comunitarios en constante fortalecimiento. Paradójicamente, el establishment finge demencia ante ese diagnóstico que vislumbra brotes de ira que escapen a las representaciones más o menos instituidas y reclama licencias para la adquisición de dólares o desestima los ATP. Otro excursus de petulancia argentina.

Un ex ministro de los albores de la posconvertibilidad que conoció y trató con cercanía al ahora primer mandatario soltó off the record que apostaba seguro a que su compañero no se entregará a las fauces de los grupos económicos y los jerarcas de esos emporios tampoco podrán evadirse de los bíceps de la AFIP cuando se despeje el panorama. No obstante, admitió que los poderosos difícilmente se banquen una reedición de los mejores capítulos kirchneristas… aunque la pelea está abierta.