La crisis laboral que desató el Gobierno nacional con el paquete de ajustazo parece no tener fin y la obra pública es una de las principales dañadas por la motosierra y la recesión. Los sondeos nacionales dan cuenta de esto, reflejando que la preocupación principal que la ciudadanía tenía por la inflación pasó a ser destronada por el miedo a perder el empleo.

En medio de la recesión, miles de personas siguen cayendo en la desocupación, a pesar de mostrar buenos resultados en su desempeño. Esto ocurrió con las y los trabajadores tercerizados de AySA, que forman parte de las cooperativas de trabajo de los programas Agua más Trabajo (A+T), Cloacas más Trabajo (C+T) y Conectar T.

La empresa estatal, encargada de proveer los servicios de agua, cloacas y saneamiento para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, quedó en la primera plana de las entidades públicas que el gobierno nacional busca privatizar, de la mano de la Ley Bases.

Había sido estatizada en 2006 por la administración de Néstor Kirchner, con la quita al grupo francés Suez de la concesión de la empresa Aguas Argentinas S.A., que se la había quedado durante el menemismo tras el desguace de Obras Sanitarias.

Según la Secretaria de Hacienda nacional, AySA ocupa el cuarto puesto entre las empresas con peor déficit operativo. Con un rojo operativo equivale a 1,6 billones de pesos, sólo fue superado en 2023 por ENARSA (empresa importadora de energía), la operadora ferroviaria estatal SOFSE y Aerolíneas Argentinas. A diferencia de lo que sucede en el resto del país, donde la administración del agua es de los gobiernos provinciales, el servicio de prestación operada por AySA depende de la jurisdicción nacional.

Pero fueron los trabajadores los que pagaron los platos rotos. Además de contabilizarse 200 despidos en la planta permanente de la empresa y el pase a retiro voluntario de más de 750 personas, que suman un 15 por ciento de la masa salarial, hay despidos totales en las cuadrillas de las cooperativas de trabajo tercerizadas. Son 2000 familias más sin ningún tipo de sustento, arrojados a la intemperie.

A mí también me echó Milei (V): “No hay posibilidad de más despidos, quedamos todos en la calle”

Los programas A+T, C+T y Conectar T funcionan desde el 2004 y su financiamiento se reparte entre los fondos del Tesoro nacional y los de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su trabajo principal se aboca al tendido de las redes secundarias de cloacas y agua y de vinculaciones cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense.

Además de la función de las cooperativas, que son acompañados en el proceso de inscripción y conformación de cada grupo, y capacitándose en los aspectos legales y administrativos por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), la articulación para las obras tienen otros tres actores:

1) AySA se encarga de administrar y financiar las obras, interviene en aspectos técnicos y sociales de la obra, y capacita a cooperativistas a través del Instituto de Formación Profesional Leopoldo Marechal.

2) La Agencia de Planificación (APLA) realiza el seguimiento de los Planes, estado de avance de las obras y nivel de inversión.

3) Los municipios funcionan como entes ejecutores de las obras, presentan las áreas a expandir, administran los recursos transferidos por AySA y contratan a las cooperativas de trabajo.

Los trabajadores pauperizados plantean que los números de las dos décadas de trabajo de estos planes son exitosos. “En estos 20 años más de 80 cooperativas en 22 distritos han realizado 1.100 obras de redes secundarias de agua y cloaca, 3.568 km de redes secundarias de agua cloaca instaladas, 369.323 conexiones ejecutadas, 1.825.915 personas beneficiadas. A su vez, en cuanto a las vinculaciones domiciliarias para que la gente se conecte a la red de cloacas, 22.134 usuarios se adhirieron al programa, 13.585 hogares se vincularon tanto a la cloaca como al agua potable y se cegaron 4.661 pozos negros”, afirman en un comunicado. Estas cifras fueron repetidas durante la última manifestación que realizaron en las puertas del Ministerio de Economía.

Quien tuvo una intervención que capturó las miradas del público y se hizo viral en las redes sociales por su enérgica defensa de los puestos de trabajo en ese reclamo fue Damián Ripetta, que trabaja en una cooperativa tercerizada de AySA, desde 2016, en Almirante Brown.

Desde esa base, él y sus compañeros del programa A+T se mueven por todo el distrito realizando sus tareas en otras localidades, como Longchamps, San José y Burzaco. Cobran sus salarios de acuerdo al avance mensual de las obras.

¿Cómo fue la conformación del programa donde trabajaban vos y tus compañeros?

-El programa A+T es uno de los tantos planes donde se contrató mano de obra precarizada, fue creado en el 2004 como consecuencia de las privatizaciones de los años `90. Esto no solamente no fue revertido sino que por ejemplo en este caso, Obras Sanitarias que había sido desguazada y transformada en Aguas Argentinas y después en AySA, comenzó a contratar mano de obra pauperizada vía cooperativas. 

“ANTES DE PASAR A LA ACUCIANTE SITUACIÓN ACTUAL, HABÍAN LOGRADO ALGUNOS RECONOCIMIENTOS IMPORTANTES POR SUS DERECHOS LABORALES”.

El programa implicaba la tercerización de las obras secundarias de módulos de agua o cloacas en los barrios. No se incluían las obras troncales o primarias que salen de los caños maestros. Antes de pasar a la acuciante situación actual, habían logrado algunos reconocimientos importantes por sus derechos laborales…

“POR ESTAR MÁS ORGANIZADOS PUDIMOS EVITAR EL CIERRE DE COOPERATIVAS EN ESTA ZONA”. 

Desde nuestro sector en Almirante Brown empezamos a dar algunas peleas para indexar los salarios y obtener algunas otras conquistas sindicales como por ejemplo el cupo femenino. Por estar más organizados pudimos evitar el cierre de cooperativas en esta zona. Cuando fue la cuarentena nos quisieron mantener como trabajadores esenciales volviendo a trabajar casi inmediatamente y nosotros le pedimos que se respetara el protocolo. Ese protocolo fue bastante caótico, hicimos una huelga y tuvieron que tirarlo para atrás. Con más organización pudimos lograr que los salarios se indexaran a la inflación. Esto ya se había conseguido cuando gobernaba (Mauricio) Macri. Con el gobierno del Frente de Todos en vez de negociar anualmente se había llegado a un acuerdo de cláusula gatillo automática por la inflación mensual cuando superaba el 10 por ciento.

¿Cómo cambió la situación con la llegada del nuevo gobierno?

Nos aseguraban que el programa duraría todo el 2024 por tener el crédito externo para que se lleve adelante. Buena parte de los fondos para estos programas provienen en buena parte de créditos de bancos internacionales que por supuesto no se están rindiendo. Cuando cambió el gobierno, se cayó todo. Dejaron de pagarnos todos los sueldos y de repente dijeron ‘paramos todas las obras, no nos importa más el programa’, mientras desfinancian toda la obra pública.

¿Cómo se dio el proceso de despidos?

Todos los trabajadores cooperativistas de los distintos programas quedamos en la calle sin ningún aviso de nada. No hay ningún interlocutor desde AySA. De hecho el propio sindicato nos dijo que no tienen pensado gestionar, sino que van a privatizar la empresa. Desde diciembre en la mayoría de los casos no cobramos los sueldos, en algunos casos desde enero, y no tenemos ninguna novedad. Si alguna cooperativa está trabajando en estos momentos es por un acuerdo con su municipio y nada más.

¿Cómo les afecta la vida a los beneficiarios directos de las obras que ustedes realizaban?

Nosotros garantizamos la instalación de agua y cloacas en todos los barrios del conurbano. Estábamos en 14 distritos. El total de las obras de agua benefició a 1.800.000 de personas y las de cloacas a cientos de miles. Todo esto le mejora la vida casi inmediatamente a la gente. Se pudo acceder a agua potable en barrios donde las conexiones son clandestinas, muy mal construidas, y peor en el caso de las cloacas, con pozos ciegos nefastos.

¿Creen que esta situación puede profundizarse?

-No hay posibilidad de más despidos, quedamos todos en la calle. En el medio están echando gente de AySA que está en la planta permanente, sabemos que van más de 200 y que a muchos les proponen retiros voluntarios. Otros 500 dependen de nuestro trabajo, porque tienen tareas de inspección, entre otras funciones. A eso se suma que hay trabajadores municipales de seguridad e higiene, de sectores de obra, que también dependen de nuestro trabajo. Somos muchos más que estas 2000 personas afectadas.