Luego que Argentina aprobara en el Congreso la implementación de un “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, horas atrás el Gobierno Nacional de Bolivia –que recientemente posee como presidente a Luis Arce- promulgó una ley que establece un impuesto similar, llamado “Impuesto a las Grandes Fortunas”. ¿Qué es este impuesto? ¿Para qué se propone? y ¿Por qué genera polémica?

¿Qué es este impuesto?

El impuesto será anual y permanente,  a diferencia del caso argentino, donde el impuesto es extraordinario. Aplicará a residentes en Bolivia (incluso extranjeros) con bienes, depósitos y valores que tengan en el país y en el exterior, superiores a los 30 millones de bolivianos (equivalente a  4,3 millones de dólares aproximadamente) al 31 de diciembre del 2020.

Según estima el Gobierno, el impuesto alcanzará a 152 personas y, según el Ministerio de Economía, se recaudarán alrededor de 110 millones de bolivianos, (equivalente a más de 14,5 millones de dólares aproximadamente). Desde el Ejecutivo prometen que dichos fondos serán reinvertidos en pos de miles de familias bolivianas que vieron vulnerada su situación económica.

Así lo aseguró el presidente Luis Arce en su cuenta de Twitter: "Para la redistribución de la riqueza en #Bolivia promulgamos la Ley 1357 de Impuesto a las Grandes Fortunas, que se aplicará a quienes poseen un patrimonio superior a Bs30 millones. El impuesto alcanzará a apenas 152 personas. El beneficio llegará a miles de familias bolivianas".

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¿Argentina y Bolivia son la regla o la excepción?

Argentina y Bolivia son la excepción, sino más bien la regla. Esto debido a que otros cuantos países (de la región y del mundo) debaten o debatieron en el Congreso iniciativas similares, como Brasil, Chile y Perú, todos casos donde hubo presentación de uno o más proyectos de ley que proponían la creación de un impuesto de ese tipo. Del mismo modo se dio el debate en distintos países de Europa, donde también existen propuestas que apuntan a recaudar más de parte de quienes más poseen, como sucedió en España y en Rusia.

Los gobiernos de cada país, con diferencias particulares entre sí, explican el motivo que los lleva a proponer este impuesto: los Estados necesitan equilibrar las cuentas fiscales luego de un 2020 donde los ingresos cayeron y el gasto público - para contener a la sociedad frente al Covid-19- creció. Cabe mencionar que este debate no responde a una ocurrencia del sector político en cada país, sino que se enmarca en una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe del 6 de abril de este año.

¿Por qué genera críticas el pedido de solidaridad en América Latina?

Estos proyectos de ley enumerados hasta acá están construidos sobre un mensaje principal de los gobiernos hacia los ciudadanos, y es el que tiene que ver con la necesidad de que los que más tienen se ajusten a los tiempos que corren, y, en efecto, sean solidarios. Y acá es donde se abre la disputa.

Justamente, el motivo de enojo de quienes rechazan este impuesto responde a la visión de que la política exige mucho pero se compromete poco. Esta situación no es casualidad, y se corresponde con un desgaste entre la ciudadanía y los políticos que se viene forjando desde hace años en la región fruto de constantes decepciones que generaron los sucesivos gobiernos en cada país.