Desde marzo el conflicto entre las universidades nacionales y el gobierno neofascita de corte liberal se basó en dos reclamos centrales: la actualización presupuestaria de acuerdo a la devaluación del 120% y la inflación profundizada producto de ese salto devaluatorio demandaban una actualización presupuestaria para pagar electricidad, gas, agua y lo relacionado con el mantenimiento de las casas de estudio (inflación mileista de más 100%); por otro lado, la recomposición salarial de docentes/investigadores (70% gana menos de 200 mil pesos por cargo) y no docentes; sin embargo, el gobierno  y sus aliados políticos/parlamentarios macristas concentraron sus energías en deslegitimar y demonizar a las universidades nacionales recurriendo a tergiversaciones y mentiras.

Diversos agentes del gobierno nacional y aliados han sostenido que: “La tasa de graduación en Argentina hoy es más baja que en Chile que tiene universidad privada, más baja que la de Brasil. Entonces, todos los argentinos entre ellos lo más pobres, que una vez se enojaron conmigo porque dije que los pobres no llegan a la universidad. Bueno en el decil más bajo, uno de cada diez chicos pobres llega a la universidad. Entonces digo el pobre el que paga el IVA en la leche te está financiando la universidad…”. (entrevista de Romina Manguel a María Eugenia Vidal). Por su parte el diputado Espert sostuvo: “Solo 31 estudiantes por cada 10 mil logran graduarse en Argentina, en Chile 55, en Brasil 61, entonces... hablemos de todo, no sean caraduras” (Infobae, 01/2024). También referido en la intervención del diputado Iglesias en sesión legislativa sobre la ratificación o no del veto presidencial (9/10/2024). En esa misma línea el presidente libertario sostuvo: "La verdad incómoda de la educación argentina es que la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta" (Infobae, 13/10/2024). La frase presidencial manifiesta una renegación de la realidad al mismo tiempo que una fantasía por concretarla.

El objetivo de demonizarlas busca debilitar el sólido apoyo social que tienen las universidades públicas, como lo muestra un estudio reciente de la consultora Zuban&Córdoba y Asociados, y así poder destruirlas con menor resistencia, el plan es arancelarlas (se inició con los extranjeros no residentes) y potenciar una migración hacia las privadas. Esto implica grandes negocios económicos para recaudadores (Estado y universidades privadas) y prestamistas para aquellos que puedan endeudarse para acceder a una universidad pública arancelada o pagar las cuotas de las privadas (Bancos).

Las universidades nacionales luchan contra su privatización y elitismo

Me interesa detenerme en una de las falsedades que difunden; sostienen que las universidades públicas argentinas tienen muchos ingresantes y una tasa baja de graduación respecto de las chilenas y las brasileras. Esta idea y los números que arrojan provienen de un informe (12) del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano a fines de 2023 (período 2013-2021), dirigido por Alieto Guadani, un ex funcionario del Banco Mundial, de la última dictadura militar, del menemismo, del gobierno de Duhalde y del macrismo. Para mostrar lo interesado y superficial del informe, y de sus replicadores, expondré algunas características y efectos socioeconómicos y culturales de los sistemas vecinos, y para ello me baso en estudios sobre sus sistemas universitarios, así como en mi experiencia de casi 20 años en la docencia universitaria en diversas sedes del CBC-UBA y la carrera de Sociología-UBA.

SISTEMAS PRIVATIZADOS Y ELITISTAS

Miremos algunos datos. En la meca del neoliberalismo mundial, el 85% de los estudiantes que ingresaron a un conjunto importantes de universidades chilenas provenían de colegios privados, entre ellas la Católica de Chile (privada que recibe aportes públicos), Universidad de Chile, pública; universidades privadas como la Universidad de los Andes (sedes metropolitanas), la  Universidad  Adolfo  Ibáñez  y  Universidad  del  Desarrollo; las universidades privadas regionales con aportes públicos, la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de Valparaíso. Entre las trabas para que los sectores sociales más vulnerables puedan acceder a las universidades están los aranceles, los mecanismos de selección como SUA, exámenes estandarizados (PSU-y desde el 2020- el PTU), y con el rendimiento en N.E.M. El sistema chileno se encuentra entre los de mayor participación privada en su financiamiento y con uno de los mayores costos de aranceles promedio en todo el mundo según la OECD (2019).En 2019 la composición socioeconómica de las universidades del país seguía siendo mayoritariamente del decil 6 al 10, es decir, medios y altos. Por ejemplo, la Universidad de Chile y la Católica, los estudiantes del decil 1 al 5 (los más pobres) no llegaban al 15%; el 46% provenía de colegios privados, y sólo un 20 % de escuelas públicas. En las universidades privadas de mayor “prestigio” los estudiantes pobres no llegaban al 2% mientras que cerca del 85% eran de colegios privados.

Por su parte, en Brasil existen dos exámenes de ingreso (Vestibular-ENEM); en este sistema los estudiantes de colegios privados, en general, son los que están mejor preparados para aprobarlos y conseguir vacantes limitadas en universidades públicas, y los que han estudiado en colegios públicos, salvo excepciones, ingresan a universidades privadas siempre que puedan pagar aranceles, en las privadas las pruebas son más accesibles porque el fin es buscar estudiantes que paguen aranceles, para ganar dinero. Un caso paradigmático es la carrera de medicina donde las pruebas de ingresos son muy difíciles de aprobar en la universidad pública y difíciles de pagar en las privadas con cuotas cercanas a los dos mil dólares mensuales. Un informe del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas (INEP-Gobierno Brasileño) mostró que en 2019 sólo el 20% de las personas entre 25 y 34 años tenían títulos universitarios en el país, y que la mayoría de los estudiantes que ingresaron al sistema universitario pertenecían al 20% más rico de la sociedad, sólo el 5% de ingresantes procedían del 20 % más pobre. También reveló que hubo alrededor de 6 millones de vacantes universitarias ofrecidas por 108 universidad públicas (federales, provinciales, municipales) y 90 universidad privadas.

MASIVA Y GRATUITA

El informe en el que se basan esos discursos demonizadores de la universidad pública argentina son una serie de datos que correlacionan dos variables, cantidad de ingresantes universitarios con cantidad de graduados. La correlación no es un reflejo calcado de lo que sucede en la realidad sino un capricho de unir dos variables y postular que una determina a la otra. Una hipótesis lineal y superficial para intentar dar sustento a sus objetivos de fondo. Dicen que en Argentina habría muchos ingresantes a las universidades (en relación a Brasil y Chile) pero menos cantidad de graduados, por ende, sistema ineficiente. Su conclusión es que la eficacia en mayores tasas de graduación radica en que son “mejores” los sistemas universitarios con exámenes de ingreso y donde está arancelada. Un estudio riguroso debería tener en cuenta otras variables para abordar su complejidad, ya que, como se sabe, todo objeto/sujeto social está multideterminado.

De este modo, debería señalarse la proporción de universidades privadas y públicas en cada sistema para observar de dónde provienen las graduaciones, el tipo de escuelas secundarias de las cuales proceden, de qué sectores socioeconómicos, si trabajan o no, y en el primer caso en qué tipos de trabajo, cuántas horas diarias dedican al estudio, y por último el porcentaje de mujeres que son madres en los años de cursada, dado que ellas necesitan estar con tareas del cuidado durante los primeros meses o años de vida de sus hijos; es decir, una serie de situaciones y condiciones sociales, económicas y culturales que nos encontramos las mayoría de los docentes en las universidades públicas desde hace muchos años, complicando sus trayectorias educativas o inclusive bloqueándolas. Tener en cuenta esas variables nos daría un mapa más aproximado sobre las razones de quiénes son y que características tienen los estudiantes que pueden ingresar aprobando un examen riguroso y graduarse en el tiempo estipulado.

Introducir la cuña, cómo lo hacen los agentes del gobierno, en relación a que las fracciones más pobres de los sectores populares no podrán acceder nunca a la universidad, pero sin embargo la financian con sus impuestos para otros, es utilizado para que se enfrenten entre ellos y para justificar la eliminación de dicho sistema a los grupos medios y bajos que todavía acceden a la universidad pública. Su intención no es habilitar a las fracciones más pobres en trayectorias universitarias sino usar su frustración para de modo engañoso conseguir apoyo en la quita de derechos que llevaron décadas de luchas poder conquistar.

Pero, entonces, ¿qué les propone el gobierno nacional y sus aliados a los jóvenes de todo el país? ¿Sistemas universitarios como el de Chile y el Brasil? Como vimos, ambos son muy desiguales, concentrándose en los sectores medios y altos de la sociedad que pueden prepararse durante años para rendir exámenes eliminatorios, que pueden pagar aranceles o endeudarse para poder obtener un lugar y graduarse en el tiempo estipulado en mayor porcentaje que las universidades argentinas. Las “dificultades” que revelan algunos porcentuales más bajos en las tasas de graduación, respecto del elitismo de Chile y Brasil, en nuestro país remiten a la importantes índices de participación del pueblo trabajador en nuestras universidades públicas.

En una sociedad donde políticas antipopulares han generado casi 16 millones de pobres y 5,5 millones de indigentes, entre los cuales el 60,7 son jóvenes entre 15 y 30 años, arreciada en un 20% por el desempleo y un 60% de informalidad, proponer la destrucción de la universidad pública desfinanciándola y buscar privatizarla es un ataque frontal a esos millones de estudiantes pobres que hoy concurren o que desean concurrir a las aulas en busca de nuevos conocimientos, una formación profesional, y un futuro mejor. En este contexto toman vigencia más que nunca las tradiciones de la reforma del ´18 y la larga historia de luchas y movilizaciones que han construido nuestras universidades públicas, de acceso masivo, gratuitas, reconocidas por su calidad tanto en la región como en el mundo.