En una nueva provocación a múltiples sectores de la sociedad, el presidente Javier Milei defendió su veto a la Ley de Financiamiento Universitario y, en un desconocimiento (real o fingido) del funcionamiento de las Universidades públicas, reclamó que se hicieran auditorías de gastos en las casas de altos estudios.

“Aprobar la Ley sería ceder a la vieja política”, exclamó el jefe de Estado poco antes de que comience la sesión de Diputados que debatirá el veto presidencial. 

En la apertura de la XXXV Asamblea Plenaria de la Consejo Empresarial de América Latina, Milei aseguró que la aprobación de la normativa que pretende aumentar el presupuesto universitario llevaría el Producto Bruto Interno (PBI) de US$600 mil millones a uno de US$400 mil millones. “Estaríamos perdiendo un tercio del PBI”, cuestionó.

Sin embargo, los números que usó el mandatario fueron -al menos- dudosos. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo de la Ley es de $738.595 millones en lo que resta del 2024, es decir un equivalente a apenas el 0,14% del PBI. 

Pero la precisión de los números nunca fue importante para Milei así que el Presidente continuó: “Aprobar gastos sin contemplar recursos viola la Ley de Administración Financiera. Además hubo violación el estatuto del Senado. Aprobar esa Ley sería ceder a la vieja política, volver a las andadas y a niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”.

Entre diciembre y agosto de 2024, el Gobierno recortó en un 30% las transferencias a universidades nacionales y planea un presupuesto aún menor para 2025. Esto se tradujo en un fuerte atraso salarial de todos los trabajadores universitarios, recorte de investigaciones, proyectos de extensión y funcionamiento. 

Sin embargo, Milei aseguró que hablar de Financiamiento Universitario "es un eufemismo para defender delincuentes”. 

“¿De qué estamos hablando? Eso es si el reclamo fuera genuino, si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender a tres, cuatro delincuentes que usan una causa noble para ganar dinero a costa de robárselo a alumnos, profesores, edificios y demás. Me parece que no hay mucho mas que discutir”, lanzó. 

Y completó: “Vinimos a terminar con los curros, ¿cuál es el problema de que los auditen?”.

Sin embargo, las Universidades públicas lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de Nación y cuentan con auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, además de evaluaciones de gestión internas y de la CONEAU. A su vez, entregan información de personal y presupuesto al Ministerio de Capital Humano.