Antecedentes de la "tolerancia cero" del macrismo con los jueces "rebeldes"

“Creo en una justicia independiente a la que se la deje trabajar en plenitud”, Mauricio Macri, días antes de ganar el balotaje de 2015

En su avanzada sobre el juez federal Alejo Ramos Padilla, a quien busca destituir en el Consejo de la Magistratura, el macrismo volvió a exponer la política de “tolerancia cero” que históricamente aplica a los magistrados con los que entra en conflicto. Ya en su origen como fuerza vecinal, el PRO se mostró implacable con aquellos integrantes del Poder Judicial que obstaculizan sus decisiones o llevan adelante investigaciones comprometedoras para alguno de sus miembros.

El silencio que es regla en los tribunales de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires da cuenta de la eficacia del partido amarillo a la hora de pacificar juzgados y fiscalías, donde poco y nada se dice sobre la actividad de los gobiernos que encabezan Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Para quienes rompan esta armonía, son bien conocidas las consecuencias: un expediente que acaba naufragando y un futuro profesional que se torna incierto.

Esa misma lógica es la que Macri replica en el ámbito nacional y el caso de Ramos Padilla se suma a una larga lista, con antecedentes tan dispares como los de Carlos Rozanski y Alejandra Gils Carbó, Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros o la fiscal Gabriela Boquín. Más allá de las razones esgrimidas y los perfiles más o menos polémicos de cada magistrado, siempre el detonante para el desplazamiento o el embate fue haber confrontado con la Casa Rosada y sus deseos políticos.

La escuela porteña

Luego de que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, elevara el pedido de juicio político a Ramos Padilla por "mal desempeño", el diputado macrista y consejero Pablo Tonelli salió sorteado para instruir el jury. El oficialismo no toleró que el titular del juzgado federal de Dolores expusiera en la Cámara de Diputados los pormenores del escándalo que involucra al fiscal Carlos Stornelli y al falso abogado y extorsionador Marcelo D’Alessio, junto a periodistas encumbrados y legisladores de la alianza de gobierno.

En cuanto a Tonelli, no será la primera vez que se encargue de los supuestos excesos de un magistrado. Ya en enero de 2008, cuando Macri apenas llevaba un mes como jefe de gobierno de la Ciudad, Tonelli, designado procurador, cuestionó y apartó de un expediente a Elena Liberatori, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, quien había frenado el despido de 2.300 empleados municipales que el PRO quería cesantear. Para quitar a la jueza Liberatori del medio, Tonelli apeló a una batería de argumentos que se volvería un clásico del macrismo: le atribuyó abuso de poder, exceso en sus funciones e intencionalidad política.

En septiembre de ese año, Tonelli ejecutó una maniobra inédita: de un solo golpe, recusó –es decir, apartó– en más de 760 expedientes a un mismo juez, Roberto Andrés Gallardo, del Contencioso Nº 2. El magistrado había allanado varias dependencias de la Ciudad luego de que Macri faltara a una audiencia donde debía explicar otro incumplimiento: el de un fallo que ordenaba brindar asistencia médica a familias alojadas precariamente en el Parque Roca, tras la muerte de un bebé. A los pocos días, la Cámara de Apelaciones desestimó la recusación masiva, evitando así que el juzgado Nº 2 quedara literalmente desierto.

Como a Luis Arias en la provincia de Buenos Aires, el PRO declaró a Gallardo su principal contrincante judicial en el ámbito porteño. En febrero pasado, lo sacó de otro expediente incómodo: el de las escaleras mecánicas y ascensores que no funcionan en el subte, donde el juez había ordenado a Metrovías no cobrar pasajes hasta resolver este desperfecto crónico.

El conflicto más grave con Gallardo –y a la vez, el más silenciado– ocurrió en 12 de junio de 2013, cuando le quitaron la investigación de una serie de irregularidades en las morgues porteñas, donde el juez había denunciado el faltante de más de 200 cadáveres, la mayoría de ellos, de bebés. A pesar del tenor de los hechos ventilados, el expediente casi no tuvo actividad, fruto del bloqueo del gobierno y las demoras en la Cámara de Apelaciones. El caso ingresó en un limbo del que nunca salió.

En diciembre de 2013, el gobierno logró que la Legislatura facilitara las condiciones para el juicio político de un magistrado: el quórum, que era de 7 de los 9 miembros de la Magistratura local, bajó a 6; y los 6 votos (dos terceras partes del cuerpo) exigidos para efectuar la acusación, pasaron a 5.

Habían transcurrido 8 años de macrismo en la Ciudad y el Poder Judicial se adecuaba al estilo PRO, con cámaras de apelaciones y un Tribunal Superior de Justicia que no desentonaban.

Continuidades bonaerenses

En agosto de 2018, María Eugenia Vidal se quitó una piedra del zapato: logró destituir al juez Luis Arias, del juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, con el argumento de “abuso de autoridad e intromisión en causas ajenas”. El encargado de impulsar el jury fue el procurador bonaerense Julio Conte Grand, quien, al igual que Tonelli, antes ocupó ese rol en la Ciudad, con idéntica facilidad para la recusación.

En el pasado, Arias también había tenido conflictos con el sciolismo, al que cuestionó duramente por su accionar en las inundaciones de 2013 en La Plata, y acumulaba una veintena de acusaciones. Pero el fin de su carrera llegó con dos temas muy sensibles para Vidal y las empresas de electricidad, al frenar la suba de tarifas y fallar en favor de los docentes en la disputa salarial con el gobierno, disponiendo que no debían recuperar los días de paro.

Para Arias –hoy precandidato a intendente de La Plata por el Frente Patria Grande– Cambiemos no tuvo que disciplinar a la justicia de la provincia, sino seguir con la lógica prexistente. “El tema no es la persecución, sino la protección del esquema de impunidad que viene desde hace tiempo, que vincula a jueces, fiscales, la policía, ciertos sectores políticos y algunos medios de comunicación”, consideró el exjuez ante Diagonales.

En ese sentido, señaló que Vidal mantuvo a los fiscales cuestionados por los familiares de víctimas de la inundación, como Jorge Paolini, y recordó que si bien la polémica María del Carmen Falbo acabó por renunciar a su cargo de procuradora, fue repatriada por el ministro de Justicia Germán Garavano, que la llevó como asesora al Consejo Consultivo del Programa Nacional de Criminalística.

Con Vidal en el poder ocurrieron el desplazamiento de César Melazo, camarista vinculado a una banda de policías, y del fiscal Fernando Cartasegna, que renunció tras ser acusado de inventar expedientes. Arias celebró estos hechos, pero remarcó que “se mantiene la protección para quienes forman parte del acuerdo corporativo de poder” y que “quien se alza contra este esquema, padece las consecuencias”.

Un caso más reciente es el de Luis Carzoglio, juez de garantías de Avellaneda, a quien el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense comenzó por suspender 90 días en diciembre de 2018, luego de que Conte Grand lo acusara por mal desempeño en sus funciones. Esa primera sanción coincidió con la decisión de Carzoglio de rechazar la prisión preventiva contra Pablo Moyano, en una causa por presunta asociación ilícita en el Club Atlético Independiente, donde el líder sindical de los Camioneros ocupa la vicepresidencia. En febrero último, la suspensión se renovó y la Bicameral de Enjuiciamiento dio curso al jury contra Carzoglio por su actuación en varios expedientes. El magistrado denunció presiones políticas y mediáticas, así como haber recibido amenazas en su familia, además de acusar a la Procuración por la filtración de datos personales.

Semamas atrás, durante la apertura de las sesiones ordinarias, Vidal destacó los logros de su gestión en materia judicial. “Tenemos una nueva Ley de Enjuiciamiento de Magistrados. Funcionarios judiciales, fiscales y 14 jueces corruptos dejaron su cargo”, enumeró la gobernadora.

Cuando Arias fue apartado para enfrentar el juicio político, lo subrogó el juez y comisario inspector retirado Francisco Terrier, cuestionado por organismos de derechos humanos de La Plata a raíz de su pasó por la Bonaerense en tiempos de Ramón Camps, cuando revistió en la División de Asuntos Jurídicos de la fuerza.

Al menos por ahora, estos ruidos del pasado tampoco impidieron a Fabián Uriel Fernández Garello conservar su cargo como fiscal general de Mar del Plata, a pesar de que en 2017 la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reveló su desempeño durante la dictadura en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la temible Dipba. El jury de enjuiciamiento ni siquiera le dio curso al pedido de CPM y una jueza dictó la falta de mérito en favor del fiscal general en una causa que se le sigue por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, en diciembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ordenó profundizar las pesquisas.